Las Zonas Francas pagan un canon anual a rentas generales. En el caso de este proyecto de Ley, con media sanción en la Cámara de Senadores, se logró que el canon de la Zona Franca Audiovisual se destine a promover la producción audiovisual nacional.
La nueva Ley incorpora un capítulo sobre Zonas Temáticas de Servicios donde, entre otras, se define la promoción de una Zona Franca Audiovisual. La viabilidad de esta Zona fue discutida por los distintos actores del sector audiovisual y, a pesar de contar con simpatizantes y detractores, las asociaciones de productores audiovisuales (ASOPROD y CADU), luego de sus discusiones, decidieron no poner reparos al impulso de este proyecto. Por su parte, un polo audiovisual emergente en Maldonado, que entre otros actores cuenta con la escuela de cine de Piriápolis y el bachillerato Audiovisual de Los Arrayanes, además de un conjunto de productores audiovisuales de la región, impulsa con gran ímpetu la concreción de este proyecto.
Justamente, esta inversión se va a realizar en un predio de 30 hectáreas del Parque El Jagüel (Maldonado), donde está previsto realizar una inversión por etapas que llegaría, en el mediano plazo, a los 150 millones de dólares. El objetivo sería dotar al Uruguay de una infraestructura que todavía no existe en el país, la que permitiría atraer a grandes productores internacionales como HBO, Netflix, etc. A partir del éxito de este emprendimiento, Uruguay mejoraría su infraestructura, aumentaría el empleo en el sector audiovisual, adquiriría experiencia para grandes producciones, aumentaría el trabajo para productoras audiovisuales, y mejoraría en las capacidades país en este sector. También es cierto que entre sus detractores, empresas grandes y pequeñas, alegan, entre otros argumentos, que se trata de un negocio exclusivamente inmobiliario que poco aportará al sector audiovisual; o que, por ejemplo, empresas extranjeras grandes que se instalen en la Zona contarán con mayores ventajas para producciones uruguayas que las empresas nacionales.
En lo que los productores audiovisuales sí se pusieron de acuerdo fue que, en caso de que se aprobara la nueva Ley de Zonas Francas, y con ella el proyecto específico de Zona Franca Audiovisual, el canon que pagará todos los años el inversor no se pierda en Rentas Generales y por el contrario se invierta en el fortalecimiento del sector.
En este sentido fue importante el trabajo parlamentario para incorporar dicha reivindicación por parte del senador Rafael Paternain, de Casa Grande, lo que se tradujo en un inciso en el artículo correspondiente que dice: “El producido por las prestaciones pecuniarias obtenidas por el Estado por los servicios audiovisuales será destinado a las líneas de producción de contenidos audiovisuales nacionales del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual creado por Ley 18.284 de 16 de mayo del 2008”.
Y si bien esta contribución no será lo suficientemente importante, la incorporación de este inciso en la Ley, así como otras leyes ya aprobadas como la Ley de Cine, sigue un camino legislativo que lentamente ha ido fortaleciendo el sector audiovisual en Uruguay. En este sentido, no se puede dejar de mencionar las trabas que hasta el día de hoy sigue sufriendo la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 187 de dicha Ley prevé el pago de una tasa por parte de los operadores de televisión para abonados que se destinará a la conformación del Fondo de Promoción del Sector Audiovisual, el cual se estima ascenderá a 1,7 millones de dólares por año.
Es lamentable que dicha Ley siga sin implementarse, máxime cuando ha sorteado los fallos de la Suprema Corte de Justicia en la enorme mayoría de su articulado. Todavía hoy siguen sin cumplirse las obligaciones más elementales como el pago de la tasa y la conformación de dicho Fondo.
No es que el sector tenga el respaldo económico suficiente del Estado, pero con la implementación de estas leyes contará con una estructura de recursos económicos bastante más sólida que la que existe actualmente.
Por Gustavo Buquet