El siglo XXI ha tenido períodos de fuerte presencia progresista en la mayoría de los países de América del Sur. Hubo etapas donde 7 de los 10 países componentes de la región mostraban rasgos progresistas. Ellos eran Brasil, bajo los gobiernos del partido de los Trabajadores con las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rouseff, Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chavez, Ecuador bajo el gobierno de Correa, Bolivia con el gobierno de Evo Morales, Argentina con los gobiernos de los Kirchner, los de Chile de la Concertación y el Frente Amplio de Uruguay. En dichos gobiernos hubo avances significativos de crecimiento económico y de distribución del mismo.
En agosto de 2017 tenemos cambios muy relevantes en la región, con un pasaje de gobiernos progresistas a gobiernos de derecha donde se pierden muchos logros del pasado. En Brasil hay un verdadero golpe parlamentario con un sistema político donde imperan problemas serios de corrupción. El nuevo gobierno de Temer ha tomado dos medidas que demuestran los avances de la derecha. Una reforma laboral que debilita notablemente los derechos de los trabajadores y sus conquistas en los gobiernos del partido de los Trabajadores y una ley, que congela el gasto público por 20 años, lo que afectará el gasto social y sus efectos sobre la distribución del ingreso. A ello debe agregarse los cambios en la política internacional con avances hacia el alineamiento a la política de los EE UU. La situación de Brasil es un referente central para la situación del conjunto de la región.
Argentina, aunque no compartimos muchas actitudes políticas del kirchnerismo, sufre el triunfo de Macri y el retroceso económico y social sin crecimiento, mayor desempleo y retrocesos en la distribución del ingreso. La Venezuela de Maduro sufre una profunda crisis económica, social y política que ha afectado los avances de los períodos anteriores. Ecuador, con la salida de Correa, sufre una crisis política donde el Presidente Lenín Moreno le ha quitado todas sus funciones al vicepresidente de la República. Chile ha tenido rasgos progresistas con los gobierno de la Concertación, como por ejemplo la baja significativa en los niveles de pobreza, pero su política económica tiene bases ortodoxas, lo que limita los avances hacia principios de igualdad. Probablemente Bolivia junto con Uruguay son los que mantienen con nitidez rasgos de sus gobiernos progresistas. Los gobiernos de Evo Morales han generado procesos de nacionalizaciones de sus recursos naturales, que le permitieron crecimiento y ciertos rasgos de distribución. Pero además una política internacional muy centrada en críticas a las acciones de los EE UU en la región.
Uruguay y los gobiernos del Frente Amplio van quedando relativamente solos y aislados en América del Sur. Por ello es muy importante salvarlo para mantenerlo y continuar las transformaciones necesarias, para seguir avanzando hacia logros de igualdad. Uruguay, con gobiernos de izquierda, mantiene la vigencia de la democracia plena. Junto con Canadá son los dos únicos países de las Américas con estas características, de acuerdo a índices de instituciones vinculadas a The Economist. Uruguay es el país de la América Latina con mejor distribución del ingreso, que avanzó con los gobiernos frentistas, pero que provienen del Estado de Bienestar del viejo batllismo. El Frente Amplio tiene un rasgo peculiar que lo diferencia de las izquierdas latinoamericanas y mundiales, que es la cultura de la unidad, que es un paradigma para la región y que se ha mantenido en sus 46 años de existencia. En estos 12 años de gobierno ha logrado un elevado crecimiento económico, con ayuda importante de los precios internacionales de sus rubros de exportación, pero su política salarial, y fiscal (cambios en la estructura impositiva y aumentos del gasto público social) permitieron avances en mejoras relevantes en la distribución del ingreso, aunque aún nos mantenemos lejos de la situación de los países desarrollados. Hay extraordinarios avances en los nuevos derechos como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la reglamentación de la producción y consumo de la marihuana. El Frente Amplio debe abocarse a continuar en el proceso de transformaciones, para lo cual se requiere de bases programáticas que atiendan los cambios tecnológicos y las innovaciones para el futuro crecimiento y mejoras significativas en la distribución del ingreso, a través de avances en la creación de empleo, enfrentando la heterogeneidad estructural, continuando con las mejoras salariales y avanzando en la política fiscal, especialmente en reformas tributarias que atiendan más a la igualdad. Junto a estas transformaciones es indispensable mantenerse en el gobierno, porque un triunfo de la derecha afectaría los grandes logros, como estamos viendo en Brasil y Argentina.
Pero el Frente Amplio está viviendo una crisis política interna muy profunda, que pone en juego los innumerables logros, algunos de los cuales hemos mostrado en este artículo. El descontento de los frentistas es muy pronunciado y no contamos con un diagnóstico claro y preciso de los mismos. Éste deriva de la inseguridad, de problemas económicos que afectan a sectores sociales específicos, por deficiencias en empresas públicas, o el centro se ubica en las polémicas internas que se debaten en los medios de comunicación. La orgánica del FA no tiene dirección para enfrentar esta situación. Están en juego principios básicos como el de la unidad y las posibilidades de ganar en las elecciones de 2019. El FA es coalición y movimiento, pero en esta crisis la responsabilidad central recae en la coalición y en los distintos sectores políticos. Son sus líderes, sus principales referentes, los que deben enfrentar esta situación y resolverla. Es un momento de grandeza y no de perfilismos. Como fundador del FA y frentista de toda la vida, siento una enorme preocupación y, a veces, hasta dolor por lo que está sucediendo. La fuerza política Frente Amplio está en juego. Este es un llamado a salvarla. La responsabilidad recae sobre sus principales líderes.