Declaración del Círculo Feminista en apoyo a Miriam Dos Santos

22/10/2019

Frente a las innúmeras presiones sufridas por la compañera Miriam Dos Santos como mujer política y sindicalista, el Círculo Feminista de Casa Grande expresa su mayor repudio a esta y todas las situaciones de violencia política hacia las mujeres que muestran cuánto camino nos queda por recorrer para erradicar el patriarcado.

Nos solidarizamos con Miriam y manifestamos nuestro total rechazo a las prácticas machistas y reaccionarias que buscan silenciar los reclamos sindicales llevados adelante por la compañera.

 

Círculo Feminista de Casa Grande


La represión solo sirve a los poderosos: ¡Solidaridad con el pueblo chileno!

Ante la  represión desatada los pasados días contra el pueblo chileno Casa Grande expresa su más enérgico repudio. Esta represión tiene como protagonistas a las fuerzas militares y policiales del país, comandadas por un gobierno que impone el costo del ajuste en las espaldas de la clase trabajadora.

Rechazamos el uso de la violencia desmedida para acallar protestas legítimas que reaccionan a políticas antipopulares que solo hacen aumentar el costo de vida de trabajadores y trabajadoras.

Las imágenes que llegan desde Chile nos recuerdan épocas oscuras de nuestra región cuando regía el terrorismo de Estado y cuando sindicalistas, estudiantes, militantes políticos y de organizaciones sociales eran perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados.

Hoy en Chile se responde al descontento popular con represión. La protesta y movilización popular no solo son legítimas, son necesarias cuando los gobernantes se comportan como meros mandaderos de los intereses de los poderosos.

Este país, tomado como ejemplo por redactores e impulsores de la reforma constitucional “Vivir sin Miedo”, desplegó sus fuerzas militares para reprimir manifestaciones populares, en su mayoría pacíficas, dirigiéndose particularmente contra estudiantes.

Al tiempo que el gobierno decretó el estado de emergencia en varias ciudades dejando la seguridad ciudadana bajo mando militar y ordenó toque de queda, el presidente Sebastián Piñera dice que Chile está en guerra. Una guerra en la que solo una parte está armada.

Esta es una muestra más de que usar las Fuerzas Armadas preparadas para la guerra, en asuntos de seguridad interna, solo tiene como resultado mayor inseguridad, conflicto social y un Estado armado contra su gente.

Por eso hoy insistimos, en Chile, en Uruguay y en cualquier país, sacar los militares a la calle no es la forma.

Basta de represión a la protesta social, basta de estados de excepción. Menos palo, más diálogo.

El restablecimiento del orden solo es posible con el pueblo, ¡no en su contra!


Lo correcto, lo incorrecto y la mentira política

El avance en materia de derechos que ha tenido nuestro país en los últimos 15 años, ha colocado el discurso político y social en un estado diferente en el que muchos sectores de la sociedad se resisten y varios políticos también. 

Porque hablar en abstracto de los Derechos Humanos que allá lejos y hace tiempo los países ratificaron, era relativamente sencillo, pero cuando estos derechos se comienzan a materializar en leyes concretas, políticas específicas y reconocimiento de históricas discriminaciones, a más de uno se le desacomoda el cuerpo.  

Pongamos ejemplos: 

Hay un discurso que dice que son importantes los trabajadores del campo para nuestro país. Se ponen el poncho y salen en las fotos de las actividades vinculadas al agro. Cuando se votó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales casi todos la votaron, pero en el candidato del partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo no estar de acuerdo en declaraciones de agosto de 20141.

Las afirmaciones se pueden colocar en lo políticamente incorrecto porque en definitiva, el candidato considera que los trabajadores del campo no pueden tener los mismos derechos que los trabajadores de la ciudad. 

Algo parecido sucede con la ley Nº18.065 que regula el trabajo doméstico y garantiza los derechos de las trabajadoras (en una inmensa mayoría mujeres) que han estado tradicionalmente excluidas del derecho a la seguridad social, licencia por enfermedad o maternidad, imposibilidad de jubilarse al final de su trayectoria laboral y un largo etcétera. Mientras las trabajadoras domésticas permanecieron en la informalidad no gozaban de los mismos derechos que otras trabajadoras. Como es muy difícil decir que NO se está de acuerdo con esto, pasó a ser políticamente correcto hablar de las trabajadoras domésticas formales. 

Si pasamos al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos tenemos un sinfín de discursos que no saben cómo acomodarse. La educación de la salud sexual y reproductiva en escuelas y liceos, así como los servicios de las policlínicas de ASSE, han permitido bajar el embarazo adolescente a mínimos históricos: 36 cada 1000 jóvenes. Esto es porque existe una Estrategia Nacional de prevención del embarazo adolescente que ha propuesto medidas concretas para evitar los embarazos no deseados. También tiene que ver con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que nos lleva a las tasas más bajas de la región de mortalidad materna. Nos citan como ejemplo en el mundo entero, pero blancos (menos Jorge Saravia) y colorados votaron en contra de la ley del aborto en 2012. En realidad es políticamente incorrecto no estar a favor de la reducción de la mortalidad materna, por eso será que las noticias de este tipo no las vinculan en sus discursos con el IVE o con la educación sexual. Recordemos también que desde el partido nacional se impulsó el proceso de consulta para habilitar un referéndum que derogara esta ley. 

En materia de identidad de género, tenemos otro gran ejemplo con la oposición rotunda a la ley integral de personas Trans y el pro- referéndum que impulsaron para derogarla. Políticamente incorrecto estar en contra del derecho a SER, pero ya están anunciando que si ganan la van a derogar. 

La sorpresa ha sido grande cuando la semana pasada la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de San José ha salido en un acto de campaña en el barrio Exposición a hablar de Derechos Humanos y cómo el gobierno nacional no cumple con lo que dice en esta materia2. Estas declaraciones ya no entran en la incorrección política sino en la mentira. 

El problema es lo que la Sra. Directora Carolina Hornes, entiende por Derechos Humanos, si una carta universal allá lejos y hace tiempo, o las políticas reales que han permitido que cerca de 3000 niños y niñas asistan a centros CAIF en el departamento, la apertura de más clubes de niños y casas jóvenes, los campamentos educativos de la ANEP, la atención de las embarazadas y recién nacidos en programas como Uruguay Crece Contigo, las rondas rurales del Ministerio de Salud Pública o la atención en salud de las policlínicas de ASSE, esas que permiten desde colocar los parches anticonceptivos, hasta una consulta de rodilla en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Todas esas acciones del gobierno nacional, entre muchas otras, son aterrizajes de políticas con enfoque de derechos humanos. 

Pero hay otra cosa fundamental que la Directora no contempla y es desde dónde se conciben, planifican y ejecutan las políticas sociales. Allí también hay un enfoque de derechos humanos, porque no se trata solamente de satisfacer las necesidades básicas sino desde dónde me coloco para trabajar con el otro, con esa persona que por diferentes circunstancias está en condiciones de vida desfavorecidas. Hablar de Derechos Humanos es también reconocer las capacidades de las otras personas como sujetas activas de su propio proceso de vida. 

Lo que resulta obvio es que si el Ministerio de Desarrollo Social en lugar de dar una canasta de alimentos de INDA, que antes se repartía a través de la Intendencia, otorga una tarjeta con dinero para que las usuarias decidan qué comprar y dónde (porque las mujeres son las que se encarga de la comida), se concibe a las usuarias con la capacidad de decidir sobre la alimentación. El resultado es que la Intendencia deja de tener las canastas como moneda de cambio del clientelismo político y eso molesta, por eso se incurre en la mentira. 

 

1 Diario El Observador https://www.elobservador.com.uy/nota/lacalle-pou-no-lo-recordaba-pero-los-blancos-votaron-la-ley-de-8-horas-20149320130

2 Fuente: https://www.sanjoseahora.com.uy/2019/10/10/para-hornes-el-fa-no-puede-hablar-de-derechos-humanos/

 

Edila Ana Gabriela Fernández. Frente Amplio – Casa Grande. 

 


¡La lista de Casa Grande en tu casa!

 

¡Este 27 de octubre votá valientes! Solicitá nuestra lista a través de las siguientes vías:

  1. Artigas
    098 574 184
    099 305 604
    099 119 782
  2. Canelones 
    092 207 841
  3. Cerro Largo
    099 243 954
  4. Colonia
    092 616 474 – 099 308 879 – 099 867 042 (Palmira)
    099 522 132 – 099 560 652 – 098 427 822 (Colonia del Sacramento)
    099 468 652 (Valdense, Nueva Helvecia y alrededores)
    099 521 923 (Riachuelo, Semillero y Estanzuela)
    096 601 287 – 091 882 279 (Tarariras)
    094 698 265 (Rosario)
    098 466 817 – 091 387 347 (Ombúes)
    099 878 849 (San Pedro y zonas rurales)
  5. Durazno
    092 526 606
    091 330 197
    098 016 654
  6. Flores
    099 798 657
  7. Florida
    4352 1574
  8. Lavalleja
    098 977 365
  9. Maldonado
    099 272 609
  10. Montevideo
    099 488 436
  11. Paysandú
    098 960 785
  12. Río Negro
    098 140 448
  13. Rivera
    093606121
  14. Rocha
    096 124 396
  15. Salto
    099732877
    094335075
  16. San José
    098 733 519
  17. Soriano
    098 177 685
    098 152 758 (Mercedes)
    094 396 736 (Cardona)
    092 048 947 (Dolores)
  18. Tacuarembó
    092 531 401
  19. Treinta y Tres
    099 811 194
    098 356 923 

#VotáValientes
#IdeasValientes
#ConstanzaSenadora

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Contra las ideas jurasicas. Votá a Constanza


Femicidio Cero

Plan de Emergencia Nacional por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres.


Frente a la violencia de género en nuestro país, particularmente la violencia doméstica, Casa Grande propone la implementación de un PLAN DE EMERGENCIA 2020-2025 con componentes específicos que aborden de manera integral la Ley de violencia basada en género hacia las mujeres, y particularmente, el fortalecimiento del sistema interinstitucional de respuesta a la violencia doméstica.

La propuesta debe implementarse de manera interinstitucional, tomando en cuenta criterios territoriales y garantizando el diálogo con organizaciones sociales y el movimiento de mujeres y feminista.

PRESUPUESTO: U$ 100 MILLONES DE DÓLARES por año (cabe señalar que un 30% ya se está aplicando en el presupuesto nacional actual).

OBJETIVO GENERAL: Erradicar la Violencia Basada en Género. Dar cumplimiento a la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género hacia las mujeres: Femicidio Cero.

I.- POLÍTICA INTERINSTITUCIONAL:

1.- Consejo Nacional Consultivo Por una Vida Libre de Violencia de Género. (Creado por ley y en funcionamiento)

Debe liderar los procesos de:

  • Garantizar el cumplimiento de la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género.
  • Asistencia Técnica para fortalecimiento de las Comisiones Departamentales que ya están en funcionamiento.
  • Formación y capacitación de funcionarios y operadores en Violencia Basada en Género (VBG).
  • Sensibilización a nivel comunitario.
  • Investigación y registros unificados.
  • Sistema de Información.
  • Fortalecer el observatorio de VBG, creado por ley y coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Reglamentación de la ley para distintas formas de VBG, de acuerdo a la Ley Nº 19.580:

  • Violencia obstétrica.
  • Violencia callejera.
  • Violencia en ámbitos educativos y de trabajo.
  • Violencia institucional.
  • Violencia simbólica.

2.- Consejo de Prevención y Combate a la Trata, encargado de dar cumplimiento a la Ley 19.643 para la prevención y combate a la Trata.

  • Acciones de prevención.
  • Acciones de atención y protección.
  • Acciones de persecución del delito.
  • Acciones de reparación.

3.- Fortalecimiento del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (SIPIAV).

Lidera procesos de prevención y estrategias interinstitucionales para la prevención, atención y protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en situaciones de maltrato y abuso sexual.

Debe liderar los procesos para dar cumplimiento a la Ley Nº 19.747 sobre violencia hacia NNA y promover la modificación del Código Penal con la perspectiva de Derechos Humanos de las Mujeres.

II.- COMPONENTES DEL PLAN DE EMERGENCIA VIOLENCIA DOMÉSTICA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE RESPUESTAS A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, BASADA EN GÉNERO

Ley Nº 19.580: Violencia hacia las mujeres basada en género

2020 – 2025

1.- Prevención y Promoción de derechos: énfasis en primera infancia, infancia, y adolescencia.

Incluye: materiales educativos, cursos virtuales, campañas en redes sociales, Fondos Concursables, programas televisivos, capacitación del funcionariado.

Instituciones clave: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Educación Privada, Universidades, Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Centros de formación militar.

Programas:

  • Programas Educativos en centros de educación formal y no formal, como centros deportivos.
  • Innovación Cultural: Campañas, Fondos de fomento de productos culturales.

2.- Atención y protección a mujeres en situación de VBG y Trata

Inmujeres en coordinación con Intendencias y Municipios:

  • Servicios de atención psicosocial legal en funcionamiento.
  • Dispositivos de servicios de atención a mujeres en pequeñas localidades (Equipos técnicos, infraestructura).
  • Equipos de atención psicosocial para hombres agresores (equipos técnicos, infraestructura).
  • Mantener la Casa de Breve Estadía (hoy en funcionamiento para 30 personas).
  • Tener seis Centros Regionales de Estadía Transitorios (actualmente dos en funcionamiento).
  • Poner en funcionamiento cuatro Casas de Medio Camino regionales de atención a mujeres en situación de trata. (hoy existe una en funcionamiento, la cual debe mejorar en su equipo técnico e infraestructura).
  • Crear Centro de estadía transitoria para mujeres saliendo de redes de Trata (para 15 personas incluyendo equipo técnico, alquiler y mobiliario).  
  • Reforzar el Portal Nacional para situaciones de emergencia.
  • Reforzar el servicio telefónico 0800 4141.
  • Ampliar los Equipos Técnicos de Inmujeres de Supervisión y Secretaría administrativa.

INAU 

  • Fortalecimiento del SIPIAV: coordinación, capacitación y atención para prevenir el maltrato y abuso sexual infantil y adolescente.
  • Ampliación de centros de referencia local a NNA víctimas de maltrato y explotación sexual.
  • Ampliación de cupos para atención a NNA víctimas de maltrato y explotación sexual. 
  • Fortalecer albergues para mujeres con niños y niñas víctimas de Violencia Doméstica.
  • Ampliación de la Línea Azul 0800 5050 durante 24 horas, los 365 días al año.
  • Capacitaciones a equipos de INAU y otros organismos.
  • Sensibilización y empoderamiento a NNA en centros educativos.
  • Campañas publicitarias de sensibilización contra el maltrato y la violencia de género en niñas y adolescentes.

Sistema Nacional Integrado de Salud (ASSE y efectores privados)

  • Revisar metas prestacionales.
  • Fortalecer los Equipos de Salud de referencia para primera atención y seguimiento en VBG.
  • Atención en puertas de Emergencia 24 horas para situaciones de VBG.

Ministerio de Interior 

  • Ampliación del programa Tobilleras.
  • Creación de nuevas Unidades de Violencia Doméstica y Sexual.
  • Ampliación de la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe).
  • Ampliación de personal policial administrativo y ejecutivo, así como de infraestructura.

3.- Acceso a la Justicia  

Poder Judicial

  • Creación de los Juzgados de Violencia de Género.
  • Otorgar competencia a los Juzgados de Paz de pequeñas localidades.
  • Fortalecimiento de equipos técnicos departamentales de asesoramiento de Jueces.
  • Defensorías de la Infancia, Adolescencia y de Género.

Fiscalía General de la Nación

  • Creación de Fiscalías especializadas en Violencia de Género, Doméstica y Sexual.
  • Fortalecimiento de la Unidad de Víctimas y Testigos.

4.- Rutas de Salida a la Violencia Doméstica.

Ministerio de Vivienda –  

  • Acceso a la vivienda: subsidios y garantía de alquiler, unidades en cooperativas, unidades en planes de vivienda.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP)

  • Acceso a generación de ingresos: programas de empleo y empleo protegido, procesos de inserción laboral acompañados.

5.- Reparación

Banco de Previsión Social (BPS)

  • Fortalecimiento a las pensiones para NNA víctimas de VBG.
  • Fortalecimiento de las prestaciones de apoyo: psicológico, salud.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)

  • Programas de seguimiento a NNA víctimas de Violencia Doméstica y de género.

Proyecto de Ley sobre Libertad Vigilada

03.09.19

El proyecto que votó hoy la Cámara de Senadores, significa un retroceso en las lógicas de apuesta a las penas alternativas a la privación de libertad.

Limita la libertad vigilada para reincidentes, habituales y reiterantes, así como también para primarios en un elenco variado de delitos donde algunos pueden ser de poca lesividad, recurriendo siempre a la cárcel como forma de solución al problema de la seguridad.

Compartimos documento realizado por el sector.


CASA GRANDE – FRENTE AMPLIO 

Proyecto de Ley sobre Libertad Vigilada 

El sector Casa Grande – Frente Amplio a través del presente documento se posiciona contrario al Proyecto de Ley sobre Libertad Vigilada presentado por el Poder Ejecutivo el 29 de julio de 2019. La posición se argumenta en los puntos a seguir: 

  1. La libertad vigilada es una pena. 

La aplicación considerada “inconveniente” de una herramienta jurídica no debe perder de vista su objetivo último: un camino más efectivo hacia la reinserción social. De eso se trata la Libertad Vigilada o las “penas mixtas”. 

La privación de libertad como la única pena válida y socialmente legitimada va en sentido contrario a los acuerdos internacionales firmados por nuestro país en esta materia. 

En ese sentido, es relevante señalar que en la resolución de la Asamblea General de la ONU de fecha 17 de diciembre de 2015 (Reglas Mandela), se recomienda “a los Estados Miembros que continúen procurando limitar el hacinamiento en las cárceles y, cuando proceda, recurran a medidas no privativas de libertad como alternativa a la prisión preventiva, promoviendo un mayor acceso a mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada, reforzando las medidas sustitutivas del encarcelamiento y apoyando los programas de rehabilitación y reinserción social, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).” 

Si su aplicación y su cumplimiento no han sido satisfactorios, se debe considerar la debilidad de los dispositivos institucionales que lo deberían llevar a cabo. 

También vale destacar que la Defensa no está representada en la “Comisión para el seguimiento del Código del Proceso Penal (CPP)” y proyecto como el que nos ocupa, no puede omitir consultar la opinión de un operador clave, el único cuyo rol esencialmente implica defender los derechos y garantías de las personas: el abogado defensor. 

  1. Ausencia de datos e investigación. 

Consideramos que hay tres datos que deberían estar en discusión en este proyecto: el número y el perfil de personas en Libertad Vigilada o “pena mixta”, la tasa de reincidencia de las penas alternativas, la inversión necesaria para la privación de libertad y para la no privación. Ninguno de esos datos se ve reflejado en la justificación del proyecto. 

Es necesario discutir si por la cantidad de personas actualmente en Libertad Vigilada hubiera impactado en las tasas de delito si hubieran sido privadas de su libertad. También se debe evidenciar las tasas de reincidencia de la Libertad Vigilada, el 30 de julio de 2018 Ana Juanche, entonces subdirectora técnica del INR dice a El Observador (1) que sólo 3 de cada 10 personas que cumplen medidas sustitutivas vuelven a delinquir. Y por último, el impacto que tendrá otra herramienta jurídica que promueve la privación de libertad sobre el sistema penitenciario, tanto en recursos como organización institucional. 

  1. Catálogo de delitos respecto de los cuales no procede la aplicación del instituto. 

De la exposición de motivos surge que la exclusión se realiza en base a que “se detectó una aplicación inconveniente” en “ciertos delitos graves”. No se refiere a la evidencia empírica en la que se basa ese diagnóstico ni se termina de comprender el criterio de la gravedad, en tanto se incluyen en el mismo elenco la rapiña (un delito contra la propiedad), los delitos de drogas en ciertos casos (generalmente delitos sin víctima, incluida la tenencia no para consumo, que es una modalidad mediante la cual suele criminalizarse a simples consumidores que poseen más cantidades de droga que la que el juez entiende pertinente para un usuario) y los crímenes de lesa humanidad (crímenes internacionales; genocidio, apartheid, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, etc.). 

Entendemos que recae sobre todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, otra vez, la mayor restricción. Cuando Uruguay ha sido un ejemplo internacional en la regulación y control. Contradice las recomendaciones de los organismos internacionales en términos de aplicación de medidas alternativas a la prisión para los delitos relacionados a drogas, donde debería primar la proporcionalidad de las sanciones, evitando sanciones más duras a aquellas personas que cumplen un rol menor en la distribución de drogas. En el informe técnico de la OEA sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados a drogas, se señala que los recursos ahorrados por no privar de su libertad a una gran cantidad de personas que delinquen con un rol relativamente menor en la cadena de tráfico, imponiendo otro tipo de penas según el caso, pueden ser reinvertidos en investigación y persecución de los niveles más altos del crimen organizado. 

  1. Las penas alternativas son necesarias a la equidad. 

Acorde al proyecto en cuestión se permitiría la aplicación del instituto en casos de violencia doméstica (Art. 321 bis Código Penal), delitos sexuales (Art.272 y ss. del Código Penal), “delitos de funcionarios” (cuello blanco, contra la Administración Pública; Arts. 153 y ss. Código Penal) así como en el lavado de activos (Art. 30 y ss. Ley N° 19.574), por dar algunos ejemplos. Se le permite a este tipo de ofensores acceder a “un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral”. Mientras, se le niega dicha posibilidad a quien comete rapiñas aun siendo primario y no llegando a consumar el delito, o a quien mal vive de la combinación de ingresos legales e ilegales provenientes del menudeo de drogas, como las mujeres jefas de hogar que terminan en prisión por hacerse cargo del negocio de distribución ilegal de drogas y también de la familia. Así como para aquellas que fueron imputadas por haber ingresado droga a la unidad penitenciaria. En estos casos, la única opción será la privación de libertad. Además, llama la atención que se prevea especialmente la aplicación preceptiva de la vigilancia electrónica para el ofensor en casos de delitos sexuales, violencia de género, violencia doméstica y/o intrafamiliar. Al parecer, no se ha detectado una “aplicación inconveniente” en dichos casos y son ofensores aptos para un régimen de libertad vigilada. 

La Ley No 17.897 Art 8 respecto al régimen excepcional de libertad provisional y anticipada menciona la situación de la mujer en los últimos 3 meses de embarazo y los 3 meses de lactancia, además de situaciones de enfermedad que para las libertades vigiladas no están contempladas. En ese sentido, resaltamos el alto porcentaje que tenemos en la privación de libertad de personas con problemas serios de salud física, mental, discapacidad psicosocial, intelectual,y/o mental, y personas con uso problemático de drogas. En suma, en el marco de la reglamentación de la Ley de Salud Mental es de orden señalar que debe evitarse el encierro ante diagnósticos de salud mental o ante situaciones de discapacidad psicosocial que podrían agravarse o profundizarse en el contexto de encierro, para lo que se requiere sensibilización y capacitación a operadores que participan y tienen responsabilidad durante el proceso judicial. 

A los grupos que son especialmente vulnerables en el contexto de encierro, por tanto, se recomiendan medidas alternativas a la prisión. 

1 https://www.elobservador.com.uy/nota/uso-de-libertades-vigiladas-crece-como-alternativa-a-la-prision-2018730500 

 


Lanzamiento de Frente Futuro

Nuestro país se encuentra en una encrucijada histórica. El dilema es entre un proyecto de sociedad más justa, libre y solidaria y un modelo excluyente y concentrador, como el que ya ha padecido Uruguay y que hoy está vigente en países hermanos.
 
La causa de la dignidad humana, la democracia y la igualdad nos reclama una actitud militante y autocrítica, que ponga en valor las conquistas logradas y a su vez repare errores u omisiones, transformándonos a nosotros mismos.
 
En ese camino, las organizaciones que suscribimos este documento, convencidas de que nuestro Frente Amplio es la herramienta política para avanzar en estos objetivos, hemos decidido conformar un espacio de encuentro en el que respetando y valorando nuestras respectivas identidades, asumamos el compromiso común de promover nuevas formas de hacer política que esperamos puedan contribuir a ese Frente del futuro, pensado en y desde la sociedad.
 
Esta coordinación política, que pretende anteponer el proyecto colectivo a intereses personales, sectoriales y electoralistas, es un espacio abierto que además se expresará en la próxima elección de octubre, en un sublema técnico.
 
En el marco del programa común de nuestro Frente Amplio, los partidos y sectores abajo firmantes, con la mirada puesta en primer lugar en las injusticias que todavía persisten en nuestra sociedad, nos comprometemos con los siguientes pilares y énfasis:
 
1) Una nueva democracia, más profunda, amplia y plena, donde la dignidad humana le gane terreno a las lógicas capitalistas de mercantilización y acumulación en pocas manos. Avanzar en esta agenda, que concibe a la democracia como un sistema de vida que abarca lo político, pero también lo económico, social y cultural, implica comprometernos aún más con la redistribución efectiva del poder y la riqueza en el país, transformando relaciones sociales, apostando a la socialización y descentralización de los factores que nos permitan seguir construyendo una nueva realidad, donde quepamos todas y todos. El futuro es una construcción social, queremos que sea libre, deliberada, auténticamente democrática.
 
2) Una nueva forma de hacer política, comprometida radicalmente con la ética del cambio social y basada en la construcción desde la sociedad, con la escucha puesta en la gente y sus organizaciones, impulsando lógicas más horizontales y comunitarias que pongan en diálogo diversos saberes y luchas. Este enfoque nos compromete también con las necesarias transformaciones institucionales que apunten a democratizar más el Estado y a garantizar la plena transparencia y una mayor participación ciudadana.
 
3) Un país que destierre la impunidad y de un salto en calidad en materia de memoria, verdad y justicia, construyendo verdaderas políticas públicas destinadas a esclarecer y reparar las violaciones a los derechos humanos en el marco del Terrorismo de Estado, así como a superar los obstáculos legales, jurídicos y políticos que no nos permiten avanzar.
 
4) Una sociedad menos violenta, más solidaria, y más inteligente, donde la cultura del diálogo destierre a la cultura de la fuerza y la imposición, y la cultura de la cooperación sea más importante que el incentivo a la competencia. Una sociedad donde exista corresponsabilidad en la reproducción material de la vida cotidiana y en la vida familiar. Una sociedad donde la educación sea el centro de todas nuestras preocupaciones, no apenas para hacer más competitiva la fuerza de trabajo, sino para educar en la libertad, la conciencia crítica y el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
 
5) Una sociedad donde las relaciones entre mujeres y varones estén signadas por la igualdad real, superando lógicas patriarcales y machistas. Una sociedad que asegure autonomía económica a las mujeres, que luche por la igualdad salarial y de oportunidades, que erradique la violencia de género y que asegure la igualdad política de hombres y mujeres en el ejercicio del poder y las responsabilidades. Una sociedad que se reconozca plural en su apoyo a todos los arreglos familiares y a las identidades de género, y que valore y respete todas las diversidades.
 
6) Una matriz de producción pensada desde las y los trabajadores, donde los proyectos de economía social y solidaria tengan un lugar central y la negociación colectiva se potencie. En este camino la formación y la cooperación entre trabajadoras y trabajadores, así como entre pequeños y medianos productores, nos permitirá afrontar los desafíos de los cambios globales en el mundo del trabajo avanzando en derechos, salarios y condiciones laborales. La incorporación de conocimiento, tecnología e innovación, en el marco de un proyecto orientado a la generación y distribución justa de la riqueza y a la reducción de las asimetrías territoriales dentro del país, nos hará menos dependientes, apostando a la diversificación productiva y al desarrollo de capacidades nacionales y regionales.
 
7) Una sociedad sin fragmentaciones, que supere las distintas formas de segregación todavía existentes, favoreciendo el acceso universal a los bienes y servicios socialmente producidos, y generando hábitats que fomenten la integración social. Este desafío implica poner el derecho a la ciudad y al territorio en el centro de todos los derechos, y asegurar que no haya gente sin casas ni casas sin gente.
 
8) Un país ambientalmente justo, que incorpore a todas sus ecuaciones económicas la responsabilidad ambiental con las próximas generaciones. Un país cuya matriz de desarrollo esté basada en la sustentabilidad, y donde el cuidado de la vida y los ecosistemas sea tarea prioritaria. Necesitamos desarrollar una economía verde y circular, y estamos convencidos que Uruguay puede y debe ser un ejemplo mundial en la materia, como lo es en otras cosas.
 
9) Una mirada comprometida con la lucha contra cualquier tipo de colonización, que apueste a la autodeterminación, la integración y la soberanía de los pueblos. En un mundo donde el poder transnacional dominante se acrecienta y cambia rápidamente su configuración, el compromiso con un horizonte democrático exige una decidida voluntad política de poner en el centro al ser humano y sus formas libres de organización social y política, particularmente en los países más dependientes como los de nuestra región.
 
10) Un Frente Amplio más participativo y plural, que potencie su democracia interna y su vocación histórica de ser unidad de lo diverso, que asuma a las nuevas generaciones como protagonistas de la vida política en todos los niveles, que afirme el papel de la militancia hecha desde el territorio, la cercanía y en los movimiento sociales, construyendo desde allí las principales líneas de su accionar, renovando y recreando genuinamente el proyecto de transformación.
 
 
Casa Grande – 5005 – Izquierda Abierta – Movimiento Alternativa Socialista – País 52 – Corriente de Izquierda – Partido Obrero Revolucionario – Partido Socialista del Uruguay.
 

Lanzamiento de Frente Futuro

Nuestro país se encuentra en una encrucijada histórica. El dilema es entre un proyecto de sociedad más justa, libre y solidaria y un modelo excluyente y concentrador, como el que ya ha padecido Uruguay y que hoy está vigente en países hermanos.
 
La causa de la dignidad humana, la democracia y la igualdad nos reclama una actitud militante y autocrítica, que ponga en valor las conquistas logradas y a su vez repare errores u omisiones, transformándonos a nosotros mismos.
 
En ese camino, las organizaciones que suscribimos este documento, convencidas de que nuestro Frente Amplio es la herramienta política para avanzar en estos objetivos, hemos decidido conformar un espacio de encuentro en el que respetando y valorando nuestras respectivas identidades, asumamos el compromiso común de promover nuevas formas de hacer política que esperamos puedan contribuir a ese Frente del futuro, pensado en y desde la sociedad.
 
Esta coordinación política, que pretende anteponer el proyecto colectivo a intereses personales, sectoriales y electoralistas, es un espacio abierto que además se expresará en la próxima elección de octubre, en un sublema técnico.
 
En el marco del programa común de nuestro Frente Amplio, los partidos y sectores abajo firmantes, con la mirada puesta en primer lugar en las injusticias que todavía persisten en nuestra sociedad, nos comprometemos con los siguientes pilares y énfasis:
 
1) Una nueva democracia, más profunda, amplia y plena, donde la dignidad humana le gane terreno a las lógicas capitalistas de mercantilización y acumulación en pocas manos. Avanzar en esta agenda, que concibe a la democracia como un sistema de vida que abarca lo político, pero también lo económico, social y cultural, implica comprometernos aún más con la redistribución efectiva del poder y la riqueza en el país, transformando relaciones sociales, apostando a la socialización y descentralización de los factores que nos permitan seguir construyendo una nueva realidad, donde quepamos todas y todos. El futuro es una construcción social, queremos que sea libre, deliberada, auténticamente democrática.
 
2) Una nueva forma de hacer política, comprometida radicalmente con la ética del cambio social y basada en la construcción desde la sociedad, con la escucha puesta en la gente y sus organizaciones, impulsando lógicas más horizontales y comunitarias que pongan en diálogo diversos saberes y luchas. Este enfoque nos compromete también con las necesarias transformaciones institucionales que apunten a democratizar más el Estado y a garantizar la plena transparencia y una mayor participación ciudadana.
 
3) Un país que destierre la impunidad y de un salto en calidad en materia de memoria, verdad y justicia, construyendo verdaderas políticas públicas destinadas a esclarecer y reparar las violaciones a los derechos humanos en el marco del Terrorismo de Estado, así como a superar los obstáculos legales, jurídicos y políticos que no nos permiten avanzar.
 
4) Una sociedad menos violenta, más solidaria, y más inteligente, donde la cultura del diálogo destierre a la cultura de la fuerza y la imposición, y la cultura de la cooperación sea más importante que el incentivo a la competencia. Una sociedad donde exista corresponsabilidad en la reproducción material de la vida cotidiana y en la vida familiar. Una sociedad donde la educación sea el centro de todas nuestras preocupaciones, no apenas para hacer más competitiva la fuerza de trabajo, sino para educar en la libertad, la conciencia crítica y el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
 
5) Una sociedad donde las relaciones entre mujeres y varones estén signadas por la igualdad real, superando lógicas patriarcales y machistas. Una sociedad que asegure autonomía económica a las mujeres, que luche por la igualdad salarial y de oportunidades, que erradique la violencia de género y que asegure la igualdad política de hombres y mujeres en el ejercicio del poder y las responsabilidades. Una sociedad que se reconozca plural en su apoyo a todos los arreglos familiares y a las identidades de género, y que valore y respete todas las diversidades.
 
6) Una matriz de producción pensada desde las y los trabajadores, donde los proyectos de economía social y solidaria tengan un lugar central y la negociación colectiva se potencie. En este camino la formación y la cooperación entre trabajadoras y trabajadores, así como entre pequeños y medianos productores, nos permitirá afrontar los desafíos de los cambios globales en el mundo del trabajo avanzando en derechos, salarios y condiciones laborales. La incorporación de conocimiento, tecnología e innovación, en el marco de un proyecto orientado a la generación y distribución justa de la riqueza y a la reducción de las asimetrías territoriales dentro del país, nos hará menos dependientes, apostando a la diversificación productiva y al desarrollo de capacidades nacionales y regionales.
 
7) Una sociedad sin fragmentaciones, que supere las distintas formas de segregación todavía existentes, favoreciendo el acceso universal a los bienes y servicios socialmente producidos, y generando hábitats que fomenten la integración social. Este desafío implica poner el derecho a la ciudad y al territorio en el centro de todos los derechos, y asegurar que no haya gente sin casas ni casas sin gente.
 
8) Un país ambientalmente justo, que incorpore a todas sus ecuaciones económicas la responsabilidad ambiental con las próximas generaciones. Un país cuya matriz de desarrollo esté basada en la sustentabilidad, y donde el cuidado de la vida y los ecosistemas sea tarea prioritaria. Necesitamos desarrollar una economía verde y circular, y estamos convencidos que Uruguay puede y debe ser un ejemplo mundial en la materia, como lo es en otras cosas.
 
9) Una mirada comprometida con la lucha contra cualquier tipo de colonización, que apueste a la autodeterminación, la integración y la soberanía de los pueblos. En un mundo donde el poder transnacional dominante se acrecienta y cambia rápidamente su configuración, el compromiso con un horizonte democrático exige una decidida voluntad política de poner en el centro al ser humano y sus formas libres de organización social y política, particularmente en los países más dependientes como los de nuestra región.
 
10) Un Frente Amplio más participativo y plural, que potencie su democracia interna y su vocación histórica de ser unidad de lo diverso, que asuma a las nuevas generaciones como protagonistas de la vida política en todos los niveles, que afirme el papel de la militancia hecha desde el territorio, la cercanía y en los movimiento sociales, construyendo desde allí las principales líneas de su accionar, renovando y recreando genuinamente el proyecto de transformación.
 
 
Casa Grande – 5005 – Izquierda Abierta – Movimiento Alternativa Socialista – País 52 – Corriente de Izquierda – Partido Obrero Revolucionario – Partido Socialista del Uruguay.
 

Declaración de Casa Grande en apoyo a Fabiana Goyeneche

14/08/19

Ante los acontecimientos suscitados esta semana en los que está involucrada nuestra compañera Fabiana Goyeneche, Casa Grande sostiene:

1. El respaldo absoluto a nuestra compañera que salió a ponerle el cuerpo a esta situación que nos interpela como espacio político feminista.

2. Es urgente generar estrategias por parte del sistema político en su conjunto para frenar las prácticas de violencia de género que enfrentan nuestras compañeras de forma cotidiana y permanente. Para el FA es tarea imprescindible.

3. No son admisibles las declaraciones que invisibilizan situaciones de acoso, y otros tipos de violencia machista. La violencia basada en género es una de las principales causas que afectan la seguridad de nuestro país al día de hoy.

4. Las manifestaciones extremas de esa violencia, como asesinatos y violaciones, no surgen de la nada. Son el resultado de mecanismos cotidianos que se sostienen, circulan y reproducen en un primer nivel, a través del discurso. Debemos cambiar esa realidad con nuestras prácticas antipatriarcales cotidianas.