Constanza Moreira: Día Mundial del Medio Ambiente

El problema del medio ambiente tiene que ver también con el modelo de producción, que está basado en la tasa de ganancia y no en el bienestar de los humanos; eso hay que decirlo con todas las letras. No estamos produciendo para combatir el hambre y la injusticia en el mundo; estamos produciendo para asegurar la tasa de ganancia de las empresas. Y cuando las empresas no obtienen la tasa de ganancia, las democracias comienzan a debilitarse, tal como sucedió en América Latina


¡Qué pena!

El lunes 18 de marzo se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de San José con un propósito significativo: que nuestro departamento avance con medidas de protección para la salud de sus habitantes. Además de todo el cuerpo de ediles y edilas participaron el productor Eduardo Bauzá y el Ing.Agr. Luis Eduardo Arnábal, representantes de la Red Agroecológica de San José,así como la Directora Departamental de Salud, Dra. María Noel Battaglino.

Luego de una solvente exposición por parte de las personas invitadas y del intercambio entre los ediles, la propuesta era muy sencilla: elaborar un decreto departamental para prohibir la fumigación cercana a las viviendas rurales. Aparentemente estaban todas las voluntades para que el decreto saliera. Pero nunca nos confiemos, las apariencias engañan.

A nivel nacional, existen resoluciones que prohíben la aplicación aérea de plaguicidas en todo tipo de cultivo a una distancia menor de 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado;a una distancia menor de 300 metros si el veneno se esparcepor vía terrestre mecanizada. O sea, la avioneta no puede pasar a menos de 500 metros y el “mosquito” a menos de 300.

Esa misma distancia se estableció como norma para los establecimientos educativos en el medio rural: el avión no debería pasar a menos de 500 metros del predio de cualquier escuela, UTU o liceo rural y el “mosquito” a menos de 300.

Lo que el 18 de marzo  proponía aprobar el Frente Amplio en la Junta de San José, era que estas distancias se respetaran también para las viviendas de la población rural. Para que se entienda bien: que la población rural tenga la misma protección que tenemos las personas que vivimos en la ciudad. Que la misma protección que se les da a los niños, niñas y jóvenes durante el tiempo que están estudiando, se les dé cuando regresan a sus casas. Parece de sentido común que, como se sabe, es el menos común de los sentidos.

Si vamos a las necesidades reales, ese retiro no alcanza; tanto para las poblaciones urbanas, como para los establecimientos educativos. No alcanza para nada. Como explicara con claridad la Dra. Battaglino, los daños que están provocando algunos de los pesticidas utilizados demuestran el vínculo directo entre esos herbicidas y enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, en el mes de marzo, un tribunal en Estados Unidos declaró que el herbicida Roundup de Monsanto, a base de glifosato, era cancerígeno (Montevideo Portal 20.03.2019). La evidencia es cada vez mayor y las recomendaciones que especialistas y estudiosos pregonan, apuntan a reducir la exposición de los habitantes de nuestros países a los plaguicidas.

Desde la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, creemos que se puede aportar a esta realidad con las competencias que tenemos en este momento para el territorio de San José. Esto no quiere decir que me encante la normativa nacional que tenemos ni mucho menos. Como ya expresé, lo alcanzado, no es suficiente. Y asumo que en este momento la principal responsabilidad es del Frente Amplio. Pero eso no quiere decir que en lo departamental no llevemos adelante lo que entendemos como mejor para la población. Entretanto, seguiremos insistiendo con los mecanismos nacionales. Principio tienen las cosas. Éste pudo ser uno.

El año pasado un consultor de la FAO recomendaba además agrupar toda la legislación nacional referida al uso de agroquímicos para no tener normativa dispersa y hacer evaluación del riesgo cada vez que se aprobaba un nuevo herbicida (La Diaria 30/04/2018). Tal vez, si desde los diferentes departamentos pudiéramos ir avanzando en esta normativa, como ya lo hizo Canelones, cuando se intente unificar tenemos nuevos criterios por la vía de los hechos. Las políticas públicas hay que pelearlas para que también “de abajo hacia arriba” y no esperar que siempre vengan “de arriba”.

El lunes 18 pensamos que había acuerdo para avanzar hacia la protección de la salud de los habitantes de las zonas rurales de nuestro departamento. Las razones por las que no se votó no tienen lógica razonable. Lo que se dijo fue mucho, no se decidió nada.

Ana Gabriela Fernández , edila por Casa Grande en San José.


Con las consecuencias a la vista

Verde no siempre es sinónimo de naturaleza sana. Lo supimos muy bien este verano con las cianobacterias y lo que nos molestaron a quienes queríamos darnos un baño en la playa, desde Colonia a Punta del Este y más allá llegando hasta Rocha en ocasiones. Vamos a entendernos: por los años setenta y ochenta, recuerdo algunos días que en Kiyú había “alguitas verdes” como les llamábamos. No nos dejaban bañarnos; aunque a veces, si era poco y nos bañábamos, nos quedaba todo el traje de baño sucio en costuras y forros internos. El tema es que esta situación lejos de limitarse o retroceder, ha ido en aumento; sigue creciendo. Este año llegó hasta nuestro principal balneario, llegó a Rocha, de forma que afectó por muchos días y semanas de sus vacaciones, a muchas personas

Según artículo de Brecha que consulta a personas expertas: “La descarga de aguas residuales con fitoplancton puede favorecer el desarrollo de cianobacterias en el principal río de suministro de agua potable en Uruguay”. Por principal río de suministro se refiere al río Santa Lucía y la nota discurre sobre los vertidos de la planta de Conaprole ubicada en San Ramón.

¿Qué quiere decir esto? Que los residuos de la planta vertidos a afluentes del río Santa Lucía generan un medio que propicia el crecimiento de cianobacterias. Sin estudiar el tema en profundidad, rápidamente apunto que no solamente hay problemas en esta planta de Conaprole, tampoco el tema se presenta sólo en esta industria, ni sólo en la industria

Por ejemplo, preguntemos a nuestro lector: ¿Cuántas industrias pequeñas, medianas o grandes conoce que vierten residuos a cañadas o ríos por donde usted pasa? Hay malos olores, hay colores que le llaman la atención… Como usted conoce la zona sabe que algo la está afectando. La gente vinculada al campo tiene muy claro cómo vienen cambiando estas cuestiones, qué cañada va a cada río; de ahí, como la bola de nieve de la contaminación va en aumento. Y los mismos productores, en muchos casos, aportan mucho a la degradación ambiental para beneficio de la ‘rentabilidad’.

Aunque no pretendo ser exhaustiva, las consecuencias de estas acciones las ordenaría en tres ámbitos: la producción, la salud y el turismo.

Las formas de producción y los escasos controles a los que están sometidas tanto la producción agropecuaria como las industrias tienen consecuencias a su vez en la producción que viene después. Algo así como un círculo vicioso. Si el agua contaminada la utilizo a su vez para otras formas de producción, estoy contaminando lo que quiero producir.

Las consecuencias en la salud son evidentes de inmediato. De muchos de esos cursos de agua, en especial en la cuenca del Santa Lucía, se saca el agua para potabilizar que llega a los hogares. ¿Cuántas sustancias tienen que agregarse al agua para que sea potable? ¿Cuánta del agua que tomamos en realidad no cumple los estándares necesarios y presenta toxinas nocivas para nuestra salud?

“El problema con las toxinas es que no arden, no tienen feo gusto, pasan desapercibidas. Es decir, te hace mal y no lo percibís. O podés estar toda tu vida tomando esa agua y tener un problema de cáncer de hígado a largo plazo”.

Si los servicios turísticos en Uruguay, con una fuerte impronta de verano y playa, ya no pueden ofrecer paz, naturaleza y playas vírgenes porque no están aptas para baños, el slogan de Uruguay Natural lo dejamos por el camino.

Mírese por donde se lo mire, esto es más grave que no poder refrescarse un día en el agua cuando vamos a la playa. Tampoco es un tema político partidario ni estrictamente local o nacional. Pero hay que comenzar por algún lado. Hacer cumplir la legislación que tenemos, en el ámbito nacional y departamental. Mejorarla, también en los diferentes niveles y generar los controles necesarios. Tomar otras medidas cuando las empresas eligen, por una lógica económica, pagar multas que nada solucionan y seguir contaminando. Seguir promoviendo el conocimiento científico que investigue más, sin poner palos en la rueda por intereses privados. Y la conciencia colectiva que así nos envenenamos rápido.

Ana Gabriela Fernández – Edila por Casa Grande San José


La agroecología como promoción de nuestro derecho a la alimentación


Nuestra inquietud sobre la agroecología surge de la vida cotidiana: cómo alimentarnos nosotras y a nuestras familias con comida saludable producida con justicia social. Nos preocupa el riesgo a la salud del uso de plaguicidas en la agricultura nacional, en particular de hortalizas y frutas que constituyen la base de una alimentación sana y dan empleo a gran parte de quienes trabajan la tierra en nuestro país. Nos preocupan también la magra discusión pública sobre el asunto y la invisibilización del tema como forma de mantener un sistema productivo que destruye y nos enferma. Si la producción tiene que estar ligada al mantenimiento de la vida y el bienestar de las personas, ¿por qué se producen alimentos utilizando plaguicidas que afectan la salud de los trabajadores que los producen, de las poblaciones a los alrededores de los predios y de quienes los consumimos? +


Declaración sobre predios del Dique Mauá


Declaración de la Asamblea Departamental de Montevideo Casa Grande sobre predios del Dique Mauá

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Declaración a favor de la Ley de Agroecología

Declaración política a favor del Plan Nacional para el fomento de la Producción con Bases Agroecológicas

¿Por qué el Frente Amplio y sus legisladores deben apoyar la ley de agroecología?

En el programa del Frente Amplio para el período 2015-2020 se define como prioridad la implementación de un Plan Nacional para la promoción de la Agroecología y la Agricultura Orgánica. Teniendo en cuenta estos lineamientos políticos las y los legisladores del FA presentaron un proyecto de ley en el 2016. Este proyecto de ley ha estado olvidado por dos años, y ahora cuando queda solo un año y medio para que el parlamento lo apruebe, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca plantea objeciones al mismo. Esta demora en el cumplimiento del programa prometido a la ciudadanía y construido en colaboración con organizaciones sociales que incluyen a productores agroecológicos, vulnera la confianza de la ciudadanía en el FA y en sus legisladores y legisladoras, y al mismo tiempo genera distancia con las organizaciones de productores, consumidores y académicos que impulsan este modelo. Aprobar esta ley permitirá impulsar un modelo alternativo que cuida el ambiente, a los pequeños productores agropecuarios, a la producción agropecuaria familiar, y a quienes consumimos alimentos. Llamamos a las y los legisladores del Frente Amplio a aprobar esta ley rápidamente para poder implementar el Plan de Agroecología en lo que queda en este período. +


La negación del futuro como política del Uruguay Agrointeligente


Con eslóganes como “pan para hoy, y más pan para mañana”, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se dedica desde ya hace algunos años a defender lo que considera uno de los lineamientos estratégicos fundamentales de su propuesta de “Uruguay Agrointeligente”: la intensificación sostenible.

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Medio Ambiente: Tensión entre producción y sustentabilidad


La senadora Constanza Moreira intervino en la sesión del Senado del día 5 de junio,  en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

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Manifiesto sobre Salud y Ambiente: Círculo Verde – Casa Grande


El ambiente no es solo el espacio donde vivimos, incluye también las relaciones entre los seres humanos, el agua, el suelo, el aire y los otros seres vivos con quien lo compartimos. El ambiente y los seres humanos están interconectados y son interdependientes. Somos naturaleza. Esta interdependencia y ecodependencia entre las personas y su ambiente impactan la vida en distintas maneras. Los problemas ambientales son ante todo problemas sociales (Herrero, 2015). En este momento existe una crisis ecológica consecuencia del impacto destructivo de altos niveles de producción, consumo y movilidad. El actual modelo social, económico y cultural subordina la vida a la lógica de la acumulación. Este modelo es ecológicamente destructivo y socialmente injusto, ya que está basado en relaciones socioeconómicas y ecológicas explotadoras. Se cosifica la naturaleza y el trabajo humano para crear ganancias a costa de la naturaleza y los trabajadores. Se contaminan cuerpos y territorios para obtener beneficios económicos que se distribuyen de forma desigual. Revertir esta situación implica promover la construcción de un modelo alternativo que considere las dimensiones biofísicas, económicas, sociales y políticas del ambiente. Un modelo en el que el énfasis no esté solo en la producción, sino también en la reproducción. Es decir, un modelo que priorice el sostenimiento de la vida.

La relación dialéctica entre ambiente y seres humanos se ve condicionada por los límites de los ecosistemas. La salud del ambiente se relaciona con la salud de las personas y las acciones de las personas afectan la salud del ambiente. Una perspectiva multidimensional de la salud incluye reconocer la importancia de los vínculos y relaciones entre personas y ambiente, así como la vulnerabilidad de los cuerpos y la vida. Para sostener la vida, la producción tiene que estar ligada al mantenimiento de la vida y al bienestar de las personas (Pérez Orozco, 2012). Esto requiere poder distinguir entre lo necesario para satisfacer las necesidades humanas con criterios de equidad y lo que mejora la calidad de vida.  Esto implica no solo mantener las posibilidades de vida sino crear condiciones para generar una vida digna para toda la población. La sostenibilidad tiene que ir acompañada de la equidad (Herrero, 2015).

La transición a un modelo económico, cultural, social y político que permita la sostenibilidad de la vida implica gestionar el territorio de formas diferentes, reducir la presión sobre los ciclos naturales y ecosistemas, situar como prioritario el bienestar de las personas (y otros seres vivos) y la reproducción de la vida. Para construir una alternativa al modelo del “mal desarrollo” (Shiva, 1995), se necesita construir relaciones armónicas y cooperativas entre los seres humanos y el ambiente.

Nuestra tarea es generar conciencia pública acerca de los peligros para la salud de los humanos y el planeta de mantener el statu quo. Al mismo tiempo, nuestro trabajo incluye visibilizar y construir espacios para impulsar una política de cambio social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 

  1. Promover cambios en los patrones de producción, consumo y usos del territorio que vinculen la biodiversidad, la justicia social y la sostenibilidad de la vida.

Desarrollaremos acciones a nivel nacional, departamental y municipal que incorporen criterios ecológicos, de salud ambiental y justicia social en la gestión y gobernanza de la producción, consumo y usos del territorio. A nivel nacional, apoyaremos modelos alternativos de matriz productiva (ej. circuitos cortos, soberanía alimentaria, resiliencia ante cambios climáticos) que promueven el uso y reproducción de la vida de forma sostenible (ej. Agroecología) protegiendo elementos de alto valor y vulnerabilidad a nivel ecosistémico como el agua, los suelos, las costas, especies importantes para la reproducción y la salud (ej. polinizadores). Promoveremos la ley de agroecología y daremos visibilidad al trabajo de organizaciones aliadas (ej. Red de Agroecología), discutiremos desafíos como la producción de conocimiento y las posibilidades de coexistencia de modelos productivos.

También trabajaremos por la incorporación del criterio precautorio y el cuidado de la biodiversidad como bases para la toma de decisiones a través de la promoción de una ley de bioseguridad que incluya la moratoria de transgénicos y la prohibición de agrotóxicos. A nivel departamental trabajaremos una agenda en torno al reciclaje, el etiquetado para consumo responsable y la movilidad verde. A nivel municipal, promoveremos iniciativas de huertas urbanas a nivel comunitario.

 

  1. Profundizar la participación ciudadana y democratización en la gestión del ambiente.

Realizaremos una agenda de actividades de carácter abierto para fomentar la participación pública en temas ambientales. A través de estas actividades crearemos espacios para registrar las preocupaciones de la población sobre temas ambientales, generaremos espacios de debates y exploraremos iniciativas para dar respuesta a estas preocupaciones. Apoyaremos consultas populares para que la ciudadanía exprese su voluntad frente a decisiones que afectan el ambiente y su entorno. Estos ciclos permitirán concientizar y educar al público sobre temas ambientales para generar compromiso y empoderamiento de la ciudadanía (ej. Agrotóxicos en alimentos, áreas de trabajo y salud). Realizaremos movilizaciones y acciones de hecho para impedir el avance de actividades extractivas, contaminantes o que limitan los derechos humanos.

 

  1. Impulsar iniciativas a nivel institucional y social que integren una visión integral de salud y ambiente.

Contribuiremos al monitoreo de alertas de salud y ambiente de la población en general y los trabajadores. Promoveremos la articulación institucional del MSP y el MVOTMA y políticas proactivas para la coordinación del control de impactos ambientales negativos en la salud. Trabajaremos para que se integren los impactos en la salud como requisito en los estudios ambientales de nuevos emprendimientos. Colaboraremos con sindicatos y otras organizaciones sociales para generar conciencia, compromiso y empoderamiento sobre la problemática de salud y ambiente.

 

Bibliografía

Bandeira, Elisa, et al. (2018) Estrategia Integrada de Ambiente y Salud. Subgrupo Ambiente y Salud, Unidad Temática de Ambiente, Comisión de Programa

2020-2025. Frente Amplio.

Carvajal, Laura (2016). Extractivismo en América Latina. Bogotá: Fondo de Acción Urgente. América Latina y el Caribe.

Herrero, Yayo (2015) Apuntes introductorios sobre Ecofeminismo. Centro de documentación Hegoa Boletín de Recursos de Información. 43:1-11

Mellor, Mary (2000) Feminismo y ecología. México: Siglo Veintiuno.

Pérez Orozco, Amaia (2017) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

Shiva, Vandana (1995) Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo. Madrid: Horas y Horas.


Casa Grande declara:


La Coordinación Nacional de Casa Grande reunida el día 26 de mayo de 2018:

1. Saluda con gran entusiasmo las jornadas del Congreso llevado adelante por el PIT-CNT, que reunió más de dos mil delegadas/os para discutir sobre el futuro de los trabajadores/as y que contará, a partir de ahora, con cinco mujeres integradas a su secretariado. Las brechas salariales se hacen más profundas si miramos el género; si queremos una sociedad sin explotadores ni explotados se hace imprescindible la lucha contra el capitalismo, pero también contra el patriarcado.

2. Saluda a las organizaciones de derechos humanos por la multitudinaria Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, la cual nos sigue recordando que la lucha contra la impunidad es una deuda pendiente con nuestra sociedad.

3. Con la convicción de que las altas tasas de delito tienen su origen en múltiples factores y que una política de seguridad ciudadana debe poner el énfasis en la dimensión preventiva, Casa Grande rechaza la iniciativa de recolección de firmas para plebiscitar una reforma de la seguridad. Tal iniciativa pone la promoción del miedo como centro del debate e involucra a las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad interna. La experiencia de tal involucramiento en otros países demuestra que la militarización de la seguridad pública ha llevado a un retroceso alarmante en materia de derechos humanos sin ningún resultado elocuente.

4. Resolución

Casa Grande cree que debe derogarse o transformarse radicalmente la llamada Ley de Riego. Acompaña también la ampliación del debate público que ha promovido la realización de un referéndum al respecto, debate que fue muy restringido durante el tratamiento y aprobación de la ley. En este sentido, ha apoyado y habrá de acompañar, hasta las últimas consecuencias, las negociaciones y el diálogo entre los actores sociales y el Frente Amplio a efectos de la modificación y reglamentación de la norma, y mantendrá dicha postura hasta tanto este tema sea discutido en el ámbito correspondiente. En caso de constatarse un fracaso absoluto e irreversible en el proceso de diálogo, los integrantes de Casa Grande podrán acompañar la recolección de firmas por el referéndum.