Montevideo, 18 de marzo de 2023
- En el mes de las mujeres, elegimos nombrar a nuestra Coordinación en homenaje y recuerdo a la compañera Ivonne Passada, una mujer de larguísima trayectoria política en un país que ostenta una representación femenina tan restringida.
- Señalamos el deterioro de las condiciones de vida de muchas de las mujeres uruguayas y migrantes y los avances de una agenda antigénero en la política pública. Constatamos el agudo empobrecimiento de los hogares con jefatura femenina y niñas y niños a cargo, la precarización laboral de contingentes enteros de mujeres trabajadoras, el aumento de la población femenina en prisión, el altísimo número de femicidios y mujeres en situaciones de violencia de género. Asimismo, denunciamos el avance de una legislación con impactos lesivos para las mujeres, entre los cuales se destaca el proyecto de “tenencia compartida” o “corresponsabilidad en la crianza” y la reforma de la seguridad social en primerísimo lugar. Frente a esto, sorprendentemente se debilita el sistema de políticas públicas de género, el sistema de cuidados y se cierran programas de acompañamiento y atención territoriales donde las mujeres eran las principales usuarias. Preocupa particularmente que el INMUJERES haya comenzado a financiar programas de atención permanentes con financiamiento externo de corto plazo e iniciado un proceso de distanciamiento de las organizaciones de mujeres y feministas como actoras relevantes en la definición y ejecución de la política pública.
- La situación de la sequía y la emergencia nacional derivada de ésta nos deben llevar a cuestionar profundamente las políticas de desarrollo y de medio ambiente. Uruguay arrastra un déficit hídrico de tres años. Este gobierno, lejos de priorizarlo, recortó programas (como “MasAgua”), desatendió las comisiones de cuencas, no llevó a cabo el proyecto Casupá y desoyó las voces que desde la academia y las organizaciones sociales que trabajan estos temas, advirtieron sobre la eutrofización de los cursos de agua. Las medidas impulsadas hoy son tardías e insuficientes para miles de productores familiares. Es imperioso que se asegure el agua para consumo humano y animal en todos los territorios a través de los CECOED, se distribuyan forrajes y alimentos a productores familiares y trabajadores rurales, evitando la intermediación que lucra con la demanda, además de semillas para la siembra de verdeos de invierno y recomponer los ciclos productivos. Se torna imprescindible la ejecución del proyecto Casupá y la atención a la calidad y cantidad de recursos hídricos, que han sido abandonados a su suerte durante décadas y hoy son amenazados por un modelo productivo altamente demandante y contaminante.
- No alcanza con que el Presidente de la República “asuma el error” de haber contratado a Astesiano. La corrupción se produce por negación y omisión, pero también por políticas activas que la promueven (como las que en la LUC liberalizaron las transacciones en efectivo fuera del control bancario). El caso Astesiano es demasiado grave para obviarlo, puesto que involucra muchas instituciones públicas y altas jerarquías de gobierno. En los casos donde no hay un solo hecho aislado, se promueve a una grave deslegitimación de los poderes públicos y del Estado de derecho. Así se desacredita la actividad política, los partidos y el propio Estado. Todo este proceso genera escepticismo y rechazo en la gente, y la corrupción lleva inevitablemente a la deslegitimación de la democracia y la política. El fortalecimiento de la participación ciudadana es una pieza clave en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia.
- Enfrentamos un empuje decidido por parte del gobierno para aprobar una reforma jubilatoria tremendamente regresiva, inconsulta, antipopular, contraria a los intereses de la mayoría de las y los trabajadores, las poblaciones vulnerables, trabajadoras informales y las mujeres en general. Los únicos beneficiados son las AFAP, que se capitalizan; las Fuerzas Armadas, que mantienen sus privilegios, y los sectores del capital, que seguirán aportando muy poco a la construcción de un Estado de Bienestar en Uruguay. Tendremos que trabajar más años para poder jubilarnos y cobraremos menos. Se recortan además, otras prestaciones del BPS, como las pensiones de sobrevivencia, de la cual hoy viven decenas de miles de mujeres. Adicionalmente, se crea un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Comisión Reguladora puede reformar cualquier aspecto de la Seguridad Social sin que pase por el Parlamento, lo cual supone una discrecionalidad completamente reñida con el espíritu de los dos plebiscitos ganados por el pueblo para proteger el valor de las jubilaciones (1989 y 1994). Junto a otros grupos, nuestro sector ha realizado propuestas concretas para una reforma del sistema, que con el Frente Amplio y las organizaciones populares, transformaremos en insumo para la movilización que nos une en estos días.
- Rechazamos la modalidad de implementación de la reforma educativa que no atiende las distintas necesidades de los estudiantes y las comunidades. Es una reforma pensada en un modelo importado por competencias, que se implementa a la fuerza, con tan solo un mes de capacitación autoasistida, desconociendo los aporte de los docentes organizados en las Asambleas Técnicas. El gobierno no destina los recursos más urgentes que se requieren en los centros: más grupos para evitar superpoblación, mayor acompañamiento por equipos multidisciplinarios, mejoras edilicias, mayor diversidad de cursos, mejoras en salarios docentes y de otros cargos, entre otros reclamos desatendidos.
- La seguridad pública sigue siendo un problema estructural del país y la respuesta del gobierno ha sido ineficiente, puramente policíaca, basada en la represión, el castigo y el control e ineficaz. La tasa de homicidios se ha seguido incrementando, a pesar de que aumenta día a día el número de personas presas y el hacinamiento carcelario. El gobierno de la institución se va debilitando progresivamente y la escandalosa proporción de personas analfabetas en las cárceles, en un país con alfabetización casi universal, llama la atención sobre la criminalización de la pobreza y la marginación. Algunas medidas tales como un control más eficaz de las armas y el ataque al mercado ilegal de las armas, no sólo no han sido priorizadas, sino que el stock de armas en manos de civiles se ha incrementado. Urge una propuesta alternativa en materia de seguridad. Y Casa Grande llama a que el Frente Amplio sea capaz también de dar un debate amplio y programático sobre este tema.