DECLARACIÓN COORDINACION NACIONAL DE CASA GRANDE
Frente a los cuestionamientos y descalificaciones dirigidos en los últimos días hacia la Dirección Nacional de Cambio Climático y su directora, María Fernanda Souza, a partir de la presentación de estudios y políticas que incorporan la perspectiva de género en la respuesta al cambio climático, reafirmamos nuestro compromiso con una acción climática basada en evidencia científica, con perspectiva de derechos, igualdad e interseccionalidad.
El cambio climático no es una opinión ni una construcción ideológica. Es un fenómeno ampliamente documentado por la ciencia, cuyos impactos ya se manifiestan sobre nuestros territorios, nuestras economías y la vida de las personas. Del mismo modo, existe abundante evidencia acerca de que esos impactos no se distribuyen de forma homogénea. Las desigualdades económicas, territoriales, generacionales, étnico-raciales y de género condicionan la exposición a los riesgos, el acceso a recursos y las capacidades de respuesta y recuperación.
Por esa razón, incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad a las políticas climáticas no significa introducir una agenda ajena a la cuestión ambiental. Significa diseñar políticas más precisas y efectivas, capaces de comprender cómo distintas desigualdades se superponen y generan impactos diferenciados. Uruguay desarrolla desde hace años una política institucional en esta materia y actualmente avanza en un nuevo Plan de Acción en Género y Cambio Climático, liderado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, que aborda expresamente las brechas estructurales y la intersección entre distintas formas de desigualdad.
Resulta por ello preocupante que, frente a la generación de conocimiento y al desarrollo de estas políticas, aparezcan respuestas que sustituyen el debate de ideas por el agravio personal, relativizan las desigualdades estructurales o incluso desconocen la evidencia científica sobre el cambio climático.
La evidencia disponible en Uruguay muestra además que integrar género, ambiente e interseccionalidad no constituye una iniciativa aislada de una autoridad. El Ministerio de Ambiente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística y otros organismos del Estado vienen fortaleciendo capacidades y produciendo instrumentos para analizar cómo la transición ecológica y las políticas ambientales generan efectos diferenciados sobre distintos grupos de la población.
Por ello expresamos nuestro respaldo al trabajo de la Dirección Nacional de Cambio Climático y de su directora, María Fernanda Souza, así como a los equipos técnicos que trabajan en el diseño y ejecución de estas políticas.
Respaldar su tarea es también defender algo más amplio: que el Estado produzca conocimiento, que las decisiones públicas se construyan sobre evidencia, que la ciencia tenga un lugar central en la respuesta a los grandes desafíos colectivos y que la igualdad sea una dimensión inseparable de cualquier transición verdaderamente justa.
No debemos permitir que el negacionismo climático ni el cuestionamiento de derechos conquistados desplacen el debate público hacia atrás. Tampoco que quienes asumen la responsabilidad de liderar transformaciones necesarias sean objeto de ataques personales por hacerlo.
Uruguay debe continuar avanzando.
Más ciencia. Más evidencia. Más igualdad. Más participación. Más capacidad estatal para enfrentar los impactos del cambio climático.
La acción climática y la igualdad son parte de una misma responsabilidad democrática: construir un futuro sostenible, resiliente y justo, sin dejar a nadie atrás.