Las 40 de Constanza Moreira: “El Frente le discute bastante poco al gobierno”
Uruguay sigue viviendo debates sobre inserción económica y acuerdos comerciales, en la interna del FA y en los medios de comunicación. Se realizan con altura y son positivos para la democracia. La discusión no es TLC si o no. Nadie está en contra de realizar acuerdos comerciales, pero deseamos conocer sus contenidos, los impactos de los mismos sobre las características de nuestra inserción económica internacional, sobre el empleo, sobre la distribución del ingreso. Es muy relevante analizar las repercusiones concretas de cada acuerdo. Esta ha sido la historia del Frente Amplio cuando votó en contra de los acuerdos de promoción y protección de inversiones, porque en ella las controversias entre los inversores y el Estado se resolvían en tribunales internacionales, tipo Ciadi, que en general representa los intereses de los inversores. Esta fue la posición de rechazo al Alca y al TLC con los EEUU, por los efectos negativos sobre la economía uruguaya, no porque fuera con EEUU, no porque fuera un TLC.
La Coordinación Nacional de Casa Grande reunida el día 26 de mayo de 2018:
1. Saluda con gran entusiasmo las jornadas del Congreso llevado adelante por el PIT-CNT, que reunió más de dos mil delegadas/os para discutir sobre el futuro de los trabajadores/as y que contará, a partir de ahora, con cinco mujeres integradas a su secretariado. Las brechas salariales se hacen más profundas si miramos el género; si queremos una sociedad sin explotadores ni explotados se hace imprescindible la lucha contra el capitalismo, pero también contra el patriarcado.
2. Saluda a las organizaciones de derechos humanos por la multitudinaria Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, la cual nos sigue recordando que la lucha contra la impunidad es una deuda pendiente con nuestra sociedad.
3. Con la convicción de que las altas tasas de delito tienen su origen en múltiples factores y que una política de seguridad ciudadana debe poner el énfasis en la dimensión preventiva, Casa Grande rechaza la iniciativa de recolección de firmas para plebiscitar una reforma de la seguridad. Tal iniciativa pone la promoción del miedo como centro del debate e involucra a las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad interna. La experiencia de tal involucramiento en otros países demuestra que la militarización de la seguridad pública ha llevado a un retroceso alarmante en materia de derechos humanos sin ningún resultado elocuente.
4. Resolución
Casa Grande cree que debe derogarse o transformarse radicalmente la llamada Ley de Riego. Acompaña también la ampliación del debate público que ha promovido la realización de un referéndum al respecto, debate que fue muy restringido durante el tratamiento y aprobación de la ley. En este sentido, ha apoyado y habrá de acompañar, hasta las últimas consecuencias, las negociaciones y el diálogo entre los actores sociales y el Frente Amplio a efectos de la modificación y reglamentación de la norma, y mantendrá dicha postura hasta tanto este tema sea discutido en el ámbito correspondiente. En caso de constatarse un fracaso absoluto e irreversible en el proceso de diálogo, los integrantes de Casa Grande podrán acompañar la recolección de firmas por el referéndum.
El pasado viernes 18 de mayo se realizó en Casa Grande un Conversatorio sobre Derechos Humanos, los avances en estos años de gobierno de izquierda y los mecanismo implementados para evitar que el terrorismo de Estado se repita. Participaron: Elena Zaffaroni por Madres y Familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos, Madelón Aguerre por Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Gerardo Núñez por la comisión investigadora de espionaje en democracia.
En estos últimos tiempos han surgido una serie de noticias y debates sobre las funciones de los partidos políticos. Esto es muy notorio en el Frente Amplio, a propósito de la discusión sobre los acuerdos comerciales y, especialmente, en el acuerdo comercial sobre servicios entre Uruguay y Chile. Uruguay y Chile han concretado diversos acuerdos entre los que destacan la liberalización de bienes y el de protección y promoción de inversiones. Dichos acuerdos fueron elaborados y aprobados por los poderes ejecutivos correspondientes y posteriormente tuvieron los apoyos parlamentarios requeridos. Los partidos políticos no tuvieron ninguna participación. Chile es un país con gran cantidad de acuerdos comerciales. Tiene la ventaja que sus productos primarios no son elaborados por los países desarrollados lo que le facilita los acuerdos. Tiene acuerdos con los EE UU, con la Unión Europea, está en el Transpacífico II y participa en el TISA. En la realidad estos acuerdos no le han mejorado su estructura y diversificación exportadora. El 85% de sus exportaciones corresponden a productos primarios. El 75% de las mismas corresponden al cobre y sus derivados. En los hechos, menos de 6% de sus colocaciones en el exterior corresponden a rubros de alta y media tecnología. Mantiene un modelo económico donde ha bajado la pobreza pero se mantienen altos índices de desigualdad social. Los partidos políticos de la Concertación y de la Nueva Mayoría no participan ni en la elaboración, ni en la implementación y no hay debates sobre estos acuerdos.
El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud excluyó definitivamente a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En los últimos años se han dado considerables pasos para responder a los impactos y desafíos que generan las prácticas de discriminación y exclusión hacia las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales en el mundo.
La senadora Constanza Moreira del sector Casa Grande, se opone a la firma de un TLC con Chile, firmado en octubre de 2016 entre el presidente Tabaré Vázquez y su par chilena Michele Bachelet. El documento del Frente Amplio sobre Inserción Internacional fija las condiciones para la negociación de acuerdos comerciales. Además, pide preservar la energía, las telecomunicaciones, el agua y los servicios financieros, áreas en las que trabajan las empresas públicas.
La trata de personas es un delito transnacional de muy larga data donde se considera a las personas como mercancías y se venden sus cuerpos o se explota su trabajo. En la gran mayoría de los casos, las víctimas son las personas más vulnerables de la sociedad. Estas situaciones se han incrementado en el mundo según los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y ningún país es inmune al tráfico, trata y explotación de personas.
Tras una ardua y extensa discusión el año pasado, el Parlamento votó, en diciembre de 2017, la nueva ley de violencia hacia la mujer basada en género (Ley Nº 19.580).
Esta ley es producto de muchos años de esfuerzo de aplicación de medidas cautelares para la prevención de la violencia de género por parte de las instituciones del Estado involucradas en este grave problema social y cultural, y también de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil especializadas que apoyan en los procedimientos de prevención, tratamiento y reparación.
Si bien es notoria la falta formación en algunos de los actores del Poder Judicial para una correcta aplicación de la ley y sería necesario el aumento de recursos humanos en la Defensoría, la ley se puede comenzar a implementar desde ya solo con la voluntad de una adecuada reasignación de materias entre los Juzgados especializados y los juzgados de Paz.
Esperar a la asignación presupuestal que solo se dispondrá al 1º de enero del año 2019 para comenzar a implementar la aplicación de la ley, sólo puede responder a una visión conservadora y resistente a los cambios que profundiza la inaccesibilidad de la justicia para las ciudadanas que padecen este problema.
La Circular 77/2018 del 14 de mayo, no solo coloca al Poder Judicial en una incomprensible posición de resistencia a sus nuevos compromisos establecidos por ley, sino que profundiza la falta de confianza de la ciudadanía hacia los actuales integrantes de la conducción de este fundamental poder del Estado.
Circular:

El senador frenteamplista consideró las declaraciones del director nacional de Policía como un exabrupto desde el punto de vista político.