CASA GRANDE manifiesta su honda preocupación ante algunas actitudes de actores que administran la Justicia y que basan sus resoluciones en el desconocimiento de la legislación nacional y la internacional ratificada por el país que reconoce derechos a las mujeres y a los niños y niñas.
Tanto en el caso de adjudicación de la tenencia de los hijos de la mujer asesinada salteándose los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en los procedimientos del Código de la Niñez y Adolescencia y en la Convención de Derechos del Niño, como la resolución relativa a el desconocimiento de la voluntad de una gestante para interrumpir su embarazo de acuerdo a lo establecido en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se desconocen derechos ya legislados y los procedimientos para que el Estado de cumplimiento a los mismos.
Preocupa el debilitamiento de la idoneidad de estos actores que deben garantizar la accesibilidad a la justicia de toda la población, tanto en la falta de formación especializada en el tema del femicidio y las consecuencias sobre las víctimas infantiles como el que se arrogara la jueza que crea un derecho no legislado por el parlamento nacional como es el del feto, derecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha desestimada desde 2012.
Aún en su independencia la justicia no debe contradecir el sentido de las leyes vigentes, ni mucho menos imponer concepciones particulares, sino que debe ser capaz de amparar a esos niños y mujeres sin exponerlos a situaciones dramáticas y traumáticas.
Por lo dicho anteriormente consideramos que los actores implicados deben comprometerse en tomar las medidas necesarias para corregir esta gravísima situación.