Casa Grande ha venido manifestando opiniones y preocupaciones sobre distintas acciones públicas o privadas que impactan sobre el medioambiente. Hemos saludado las medidas de la Intendencia de Canelones IMC sobre Laguna del Cisne, reclamamos información actualizada sobre la situación del Río Santa Lucía, hicimos público nuestras preocupaciones sobre el proyecto de ley de Riego en discusión parlamentaria solicitando que, junto a otras medidas, se implemente el caudal ambiental y que se reglamente para el sector agropecuario el canon por uso del agua. Del mismo modo manifestamos un conjunto de preocupaciones sobre distintos impactos con relación a la eventual segunda planta de UPM sobre el Río Negro. Aportando a este debate en el seno del Frente Amplio, propusimos y fue aprobado en el VI Congreso Rodney Arismendi, que las “externalidades negativas” de los proyectos productivos o de otro tipo deben ser enfrentadas y solventadas por quienes provocan impactos ambientales (art. 80) y no por toda la sociedad.
En ese sentido, y en el marco de los debates que se están procesando en la bancada de Senadores del FA sobre el proyecto de Ley de Riego (actualmente en discusión en comisión), saludamos con beneplácito las intenciones del Poder Ejecutivo de aprobar la reglamentación vinculada al cobro del canon por el uso del agua antes de fin de año. La implementación del canon permitirá contar con recursos genuinos para mejorar la fiscalización, el control y la participación ciudadana en el marco de las políticas de gestión integral de recursos hídricos. Teniendo en cuenta el proceso de intensificación agrícola que experimenta el país, Casa Grande considera que es imprescindible contar con todas las herramientas y recursos humanos que aseguren un uso sustentable en el marco de la normativa vigente, tal como lo plantea el Plan Nacional de Aguas.
A su vez, en referencia al tema de la participación de capitales extranjeros en las concesiones de agua para riego, Casa Grande recuerda que en el programa del Frente Amplio se establece: “se promoverá una estructura empresarial con menos concentración y extranjerización que la actual (…) se reafirma la importancia de la soberanía nacional sobre los recursos naturales de interés estratégico, los que quedarán inhibidos de cualquier forma de propiedad o tenencia por países o empresas estatales extranjeras.” La redacción actual de la ley de riego en discusión en la comisión respectiva del Senado, tiene aspectos contrarios al Programa, ya que no inhibe la tenencia de derechos sobre el agua, recurso natural de interés estratégico, a Estados o empresas estatales extranjeras.
También manifestamos la preocupación de quedar en manos de tribunales internacionales, en caso de litigio entre el Estado uruguayo y capitales procedentes de países con Tratado de Protección de Inversiones. En relación a los conflictos ambientales, esto conllevaría una inadmisible pérdida de soberanía. Se considera, en consonancia con la el espacio 711 (FA), que la forma de impulsar la tecnología del riego, es respetando el programa votado por la ciudadanía, y excluir a texto expreso en la propuesta de ley, la participación de empresas con capitales extranjeros y/o acciones no nominativas, con excepción de aquellas empresas que sean 100% propiedad del Estado uruguayo.
Círculo Verde
Casa Grande