La Cámara de Senadores votó las modificaciones a la Ley de Riego. En su intervención, la senadora Constanza Moreira en su intervención comenzó su exposición manifestando la importancia de tener más tiempo para debatir este tema, pero lo cierto es que con esto no se está privatizando el agua.
Sobre el proyecto manifestó que es una ley para incrementar la productividad en los cultivos altamente demandantes de agua, como la soja: “Creo que la productividad de los empresarios privados siempre debe tener como contraparte el derecho público, que debe primar si ambos intereses, el de la productividad de los empresarios y el derecho de todos al agua, coliden.”
“A nadie se le podría privar del caudal de agua que tenía antes, pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido el caudal ecológico? ¿Cómo financiamos los estudios de impacto ambiental? ¿No era que íbamos a condicionar este proyecto a que efectivamente el Plan Nacional de Aguas estuviera en marcha? ¿Y el canon del agua? Sé que no todos los que están en desacuerdo con este proyecto están de acuerdo con el canon del agua; nosotros sí.”, dijo la senadora.
Agregó que el proyecto deja otra gran incertidumbre y es “¿cómo se van a instrumentar y financiar los estudios ambientales? La sustentabilidad ambiental de la producción es parte de los problemas de la producción; no es un problema ecológico de desnorteados o de medioambientalistas románticos sino que es parte de los problemas del desarrollo productivo el país.”
La líder de Casa Grande recordó el plebiscito del agua en el año 2004, como algo muy positivo en un planeta donde el agua está hiperprivatizada. Recalcó el mérito del Frente Amplio en el reforzamiento de la Dinama, de la Dinagua, en la creación del Plan Nacional de Aguas y en el establecimiento del canon del agua. Pero agregó que “frente a los intereses de los grandes empresarios, la burocracia encargada de los controles ambientales siempre es débil. Esto hay que saberlo. Son poderes muy distintos; siempre hay mucho más poder en los intereses corporativos del gran capital, que en el interés ciudadano difuso de quienes quieren cuidar el agua. Por eso, nosotros tenemos que velar más por el interés ciudadano difuso de quienes quieren controlar un recurso estratégico.”
Estimó que es necesario un control parlamentario ampliado que vincule a las organizaciones de la sociedad civil, a la Academia y al movimiento sindical que hoy están pidiendo participar en esta discusión. Y consideró que hay que armar un grupo de trabajo que evalúe paso a paso las consecuencias de la puesta en marcha de esta política pública y, al mismo tiempo, reclamar una vez más la implementación del canon y del Plan Nacional de Aguas porque serían los contralores mínimos a las incertidumbres que este proyecto genera.