El día después: Una lectura política a la Asamblea del Agro del 23/1/18



Luego de un acto en tres actos, y un telón de fondo (la enorme variación sobre la estimación de la concurrencia que variaba de siete a cincuenta mil personas –esto último destacado en algunos de los principales informativos de la televisión privada-), amerita hacer un breve recuento de lo que pasó en el día de ayer en Durazno. Mas allá del número absoluto de personas, debe tenerse en cuenta que la población rural de Uruguay es la más baja de América Latina (5% en el último censo), y todo hay que medirlo en esa proporción. Sin duda fue un acto concurrido, quizá no multitudinario, pero finalmente había que trasladarse hasta allí (no era fácil), el tema afectaba a los productores agropecuarios (y no a todo el mundo), y quedan dudas sobre la concurrencia allí de la parte más poblada del sector: los asalariados agrícolas y los productores familiares. ¿Cuánto de eso hubo ayer en “la movida del campo”? No lo sabemos. Pero ellos son, sin duda, el eslabón débil de toda esta cadena de valor.

1.- El diagnóstico y las “mochilas”

La primera parte fue el análisis de Eduardo Blasina (más conocido por ser de los primeros productores de cannabis en el Uruguay, una política que defendió en su momento ardientemente) sobre las “mochilas” que carga el sector agropecuario. Allí se repiten algunas de las demandas conocidas en estos días: la política cambiaria, los costos energéticos, la política fiscal. Vale la pena entonces repasar lo novedoso en este campo.  

La primera, a mi gusto, es la  “mochila del salario”, que –dicho así- revela claramente un reclamo empresarial (por más que la palabra “trabajador” fue usada a diestra y siniestra en el discurso), ya que entonces no se trata de productores familiares sino de los que emplean mano de obra asalariada. Esta mochila pone al discurso en un lugar “de clase” que lo compromete en anteponer el capital al trabajo. La decisión de reducir el costo salarial (aligerar la mochila) a la que ha recurrido siempre el sector agropecuario para defender su “rentabilidad”, es lo que ha producido esa misma demografía de país vacío que expulsa gente del campo a la ciudad, que el mismo discurso denuncia. Es la rentabilidad de una producción que ahorra mano de obra la responsable de la demografía que hoy tenemos, y los gobiernos del FA no tienen responsabilidad en eso. Por algo se demoró tanto en formalizar el trabajo rural (las ocho horas para los trabajadores rurales), por algo un capataz le pega a un peón que reclama: porque el campo “resistió” salvajemente la valorización de una de sus primeras variables de ajuste: el salario y las condiciones de trabajo de la población rural.

Está claro que es difícil verbalizar claramente el rechazo a la formalización del empleo (que trae costos asociados), y la mayor rigidez del salario (como resultado de las políticas de salario mínimo y de la negociación colectiva por rama), porque eso sería como ponerse en contra de la mejoría de los trabajadores del campo (que son de los más pobres). Es necesario recurrir al fantasma del desempleo por aquello de “no nos dan los costos”. Al parecer, según la segunda parte del acto, no dan los costos ni para emplear y pagar salarios decentes, ni para innovar, ni para invertir (aunque sí para invertir afuera, como señaló Abella más tarde, lo cual le saca cualquier carácter “patriótico” al capital agropecuario). A la pregunta de los organizadores del Acto ¿qué Estado es ése?, uno podría contestarle: ¿qué empresariado es ése (que no innova, que no reinvierte, que no emplea)?

En segundo lugar, se planteó una falsa oposición entre empleo público y empleo privado que repite el mantra “anti-Estado” que casi lleva a América Latina a la ruina durante la década de los noventa. Para empezar, algunos datos. El gran crecimiento del empleo público se ha dado en la educación principalmente (entre 1995 y 2014 se pasó de 70 mil a 110 mil trabajadores), y en la salud en segundo lugar (en tercer lugar en el Ministerio del Interior y en el INAU, lo que fue una demanda compartida por todo el sistema político). La Intendencia de Montevideo, en manos del FA redujo su personal de 11500 empleados en 1995 a 9600 en 2014. En el mismo período las Intendencias del interior incrementaron sus empleados de 28 a 32 mil. La Administración Central, que tenía 29 mil funcionarios en 1995, en 2014 había perdido más de cinco mil. En las tan denostadas empresas públicas, donde revestían 42500 empleados en 1995, se habían reducido a 32.500 para 2014. Y para los que creen que hay demasiados funcionarios en el Poder Legislativo, también allí se redujo notablemente su plantilla; más aún, tuvo el FA que tener la mayoría parlamentaria en ambas Cámaras para imponer el sistema de concurso para la provisión de vacantes en su interior.

El empleo público también ha caído en el total de su participación en el empleo total desde un promedio de 19% hasta el 2006 y a partir de allí de 14%. Con los gobiernos del FA disminuyó relativamente la participación del sector público en el total de la economía. ¿La razón? El FA aumentó enormemente la tasa de actividad económica y se crearon muchísimos empleos: esa es la razón por la que porcentualmente redujo su peso en la economía. Y no fue porque lo dejó todo “en manos del mercado” sino porque aplicó políticas activas de empleo dirigidas y fomentadas desde el Estado. No se pueden sostener argumentos sobre números que no son reales. Es una falacia que sólo busca acentuar la confrontación entre “Estado y mercado” (donde el Estado despilfarra y el mercado produce) y trabajadores públicos (ineficientes y vagos) y trabajadores privados. Nuevos elementos de división y confrontación para quienes, como sostienen los de la Asamblea del agro, quieren “la unión de todos los uruguayos”.

El costo de la tierra tampoco aparece en el discurso como un costo que debe pagar quien produce. Pero este costo importa, y especialmente para quien arrienda tierra, o para quien quiere dedicarse a la actividad agropecuaria y no tiene capital, o peor aún, para quien quiere expandir su pequeña propiedad. ¿Quién se beneficia del elevado costo de la tierra? Si el costo de la tierra (y la renta derivada de su arrendamiento) es resaltado en el discurso como un elemento positivo cabe preguntarnos: ¿es ésta entonces una movilización de los dueños de la tierra, porque su capital –la tierra- hoy vale menos? ¿Pero no era que lo que importaba era producir y trabajar? La variable “renta de la tierra” sólo es importante para quienes tienen tierra, porque la renta de la tierra les juega en contra a una buena parte del proceso productivo. La forma en que está tomado este tema (y ocultado como problema) denota una restricción “de clase” importante en una Asamblea que supuestamente quiere incluir las demandas de “todo el agro”.  

Aparece como cosa nueva en el discurso la defensa del TLC con Chile (puramente ideológica ya que el agro uruguayo no depende de lo que exporta a Chile), y la búsqueda de “tratados de libre comercio” para que el sector pague menos aranceles que los de ahora. Poca o ninguna consideración merecen los costos que implica este tipo de acuerdos sobre otros sectores que se verían invadidos por productos importados que tampoco pagarían aranceles y volverían prácticamente inviable una parte de la industria nacional.  Es claro que los TLCs sirven a algún tipo de producción (a los ganaderos claramente), pero perjudica a otros. ¿Entonces? Allí se angostan, sin necesidad, y muestran una enorme limitación para juntar intereses, y una extrema sutileza para meterse dentro de “los problemas de la izquierda” (saben que la discusión sobre los TLCs causa escozores dentro del propio Frente Amplio).

También aparece como cosa nueva la preocupación por la infraestructura vial y la caminería rural, lo que coloca al sector ante un doble discurso: cuando se aprobó el ICIR, cuyo recaudado iba a asistir a la infraestructura vial siguiendo la lógica de que “el que rompe paga”, fueron algunos grandes productores –los de más de 2 mil hectáreas- los que se llevaron adelante las demandas de inconstitucionalidad que finalmente prosperaron, para que el ICIR no les fuera aplicado. ¿Cuán importante era el estado de los caminos entonces? Y si lo fuera, ¿cuánto les correspondería a ellos? Y si consideran que no deben aportar nada para pagar “por lo que rompe” (porque ya pagan mucho) y es el Estado el que debe hacerse cargo de todo esto, ¿cómo se sostiene entonces el discurso de “menos Estado”?

Finalmente entre “las mochilas” aparece el tema de la deuda, pero felizmente se reconoce que la deuda (que fue del tamaño del producto agropecuario en 2002) está dentro de lo manejable, y las propuestas sobre esto no son desatinadas.

 

2.- El discurso político con el Estado y el gobierno como principales adversarios

 

El segundo discurso, el de Abella, fue el más político e ideológico de los discursos. No paró de disparar contra el FA, valiéndose de referencias a Ancap y a Sendic que asumían un tono de clara confrontación con el gobierno, y el uso de expresiones como “la grieta”, claramente referida al caso argentino, pareció una referencia provocativa y fuera de lugar.

Dijo que el Estado era cada vez más pesado e ineficiente, contradiciendo todos los estudios que existen sobre la competitividad en Uruguay y la eficiencia del gasto público, y acusó al déficit fiscal de tener la culpa de los problemas del desarrollo apartándose del camino de racionalidad que primó en la primera parte.

Tampoco es de recibo el tema de la irresponsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, porque el Uruguay ha escalado varios peldaños en los últimos años en materia de transparencia y rendición de cuentas públicas, y ni que hablar sobre las “reglas de juego”, especialmente en el campo de la política tributaria y financiera, donde Uruguay recibió todos los créditos de los organismos internacionales que determinan el “riesgo país”, y establecen la credibilidad internacional de la que hoy gozamos.

Fueron todos juicios de valor que tuvieron un solo y mismo objetivo: disparar contra el Estado. Esto tiñó la proclama de un fuerte sentido “ideológico”, el mismo del que querían apartarse, y los hizo perder tiempo y esfuerzo en el detalle de un conjunto de medidas menores sobre gastos de parlamentarios o reducción de la flotilla de autos del Estado (¡o los salarios “encubiertos” de los ediles!), que sólo parecen acicates contra la política y lo político desprovistas de consideraciones económicas de fondo.  

Por cierto que de todo esto, hubo alusiones a la necesaria “desburocratización” en el manejo de la situación económica y financiera de cada productor, que podría haber configurado una demanda seria y sostenible. Sí, yo creo que el Estado debiera desburocratizar lo más posible toda su atención a la ciudadanía (y no hacerle perder tiempo a la gente con llenado de planillas y formularios, sino facilitarle la vida, aún en el marco de la formalidad), y más aún, cuando se trata de la población rural, y la más alejada de los centros poblados donde todo se dificulta. Este capítulo de “desburocratización” hubiera podido adquirir más relieve, pero pasó relativamente desapercibido en el conjunto.

El discurso de Abella por momentos anticipó la búsqueda de un “gran acuerdo político”, y la referencia a las “políticas de Estado” buscan revivir parte de lo que estuvo planteado al inicio del período de Mujica (los acuerdos sobre energía, educación y seguridad celebrados por todos los partidos entre 2010 y 2012). Hubiera honrado este pedido (y también hubiera honrado la –falaz- idea de que es posible superar todas las diferencias de clase y las diferencias políticas “en aras del Uruguay”) el haberse ahorrado cualquier referencia a “esas ideologías “absurdas” ¿La defensa del Estado y de los trabajadores, de los derechos y las libertades, de la formalización del empleo y de la reducción de la desigualdad, es una ideología “absurda”? ¿Lo cree Abella?. Pero finalmente, ¿están planteando un nuevo acuerdo interpartidario sobre el agro? Es esto, al final, lo que quieren? No quedó claro.

Una parte de este discurso me merece especial cuidado. Es el tema del odio. Empieza con una insinuación contra el gobierno sobre la corrupción, arranca un aplauso (lleno de odio), se viraliza a través de alguien, que en las redes, dice cualquier disparate contra la izquierda, y de pronto, a un pequeño productor frentista de Colonia que está ahí desde hace años, el vecino deja de saludarlo. ¿De verdad queremos eso? ¿En un país que padece una violencia social endémica? No me gusta el odio (vestido de falsa indignación). No creo que sea el mejor tono para enfrentar los próximos dos años de campaña. Sembrar el odio contra el FA y contra el Estado (a los que pueden sumarse los beneficiarios del Mides, los maestros, los trabajadores, etcétera….), es como volver a la época de la guerra fría. La operación del odio es por todos conocida: el odio al comunismo sembró de cadáveres Vietnam e incentivó todos los levantamientos armados contra democracias legítimas que terminaron en nuestras dictaduras. Y así acabó: con países fundidos, poblaciones empobrecidas, y migraciones gigantescas. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque cada uno de los que hoy señalan con un dedo, pueden ser ellos mismos señalados.

3.- Una proclama con gusto a poco….para el propio agro

El tercer punto, y donde quedó regusto a poco, es el de las medidas concretas. La suspensión del ingreso a la función pública –con excepciones- recuerda inevitablemente a Jorge Batlle y a Bordaberry (que no para de reclamarlo una y otra vez) y olvida lo esencial. Gracias a medidas como esa, cuando el FA llegó al gobierno, una porción sustancial del Estado había entrado “por la ventana” como consecuencia de necesidades que no podían llenarse adecuadamente (porque se había suspendido el ingreso a la función pública)….y se llenaban…..a dedo.

Obviamente son de recibo la reducción de los cargos de confianza, incluyendo en esto a TODAS las intendencias del país (la mitad de los funcionarios de los gobiernos departamentales han entrado por designación directa, según la Oficina Nacional de Servicio Civil), así como la obligación de rendir viáticos devolver sobrantes de todos los viajes (en eso estamos de acuerdo).

Es mucho más complicado reducir gastos de funcionamiento (o inversiones), o hacer una ley que obligue a no gastar más de lo que ingresa (ningún economista serio les podría recomendar esto). Aquí nos hubiera encantado que la proclama incluyera algo sobre la reforma de la Caja Militar que en sólo dos años consume el déficit de Ancap y el de alguna empresa más. Si ese tema, tan central a las arcas del Estado, no está, está faltando algo. ¡Son 450 millones de dólares al año! ¿Cómo puede un discurso tan preocupado por el gasto público olvidar estas cosas?

Entre las cosas positivas, me parece que la movilización tomó buena nota de lo mal que estaban dando la discusión sobre el gasto público social y las transferencias condicionadas, y bajó dos cambios. Aunque creo que todo lo que se dice sobre la “revisión” de las transferencias monetarias está teñido por el discurso facilista de que los pobres lo son porque no tabajan.

La baja del gasoil y de la energía eléctrica sí podrán ser tema de una mesa de negociación. La discusión sobre el atraso cambiario puede ser larga, y sobre esto se evitó un pronunciamiento contundente (también porque hay endeudamiento en dólares en el sector y los insumos importados pesan).

En síntesis: creo que más allá de la asistencia al acto y sus consecuencias posteriores, a la proclama le sobró “ideología” (que ironía, para los que no creen en las ideologías), y una que los sitúa en un campo de intereses y comprensión de la realidad bastante alejados de la perspectiva del programa de la izquierda. Aquí uno tiene la tentación de decir: si se quiere que al país lo gobierne un programa distinto, hay que conquistarlo con votos. Luego, la propia heterogeneidad de la problemática del agro les impidió, en los hechos, llegar a un conjunto de medidas más concretas, aún en el terreno de la “valorización capitalista del agro” (que es lo que está en problemas). Al discurso le faltó, también, un marco de contexto a los problemas del agro uruguayo, que hubiera arrojado mayor comprensión de los problemas que se enfrentan (una región en problemas, la caída de los precios de algunos de los productos que exportamos, y la desaceleración económica de una buena parte del mundo).

La excesiva “ideologización” de los problemas del agro, y el incentivo político que estuvo por detrás de la movilización (el “ensayo general de orquesta” para las elecciones del 2019), privó a la movilización de ayer, de la oportunidad que tenían de plantear demandas concretas y una mesa de negociación efectiva e inclusiva. El “Bajen el costo del Estado por favor” está asociado a los pegotines en las 4 por 4 y es pura política e ideología. No quedó claro si se llama o no a un “acuerdo multipartiario” sobre la situación del agro, o esta Asamblea tenía como objetivo ser visibilizada como un actor sectorial digno de entrar en una mesa de negociación, sin depender de las gremiales existentes. Sobre la marcha, los días siguientes –y soportando con paciencia una carga emocional adicional que circula por redes y prensa- se le verán las patas a la sota. Si se quiere soluciones concretas, habrá negociaciones. Si lo que se quiere es crear un “clima” de cara al 2019, no habrá concreción alguna, y el aire seguirá enrarecido como en estos días.

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