“No creo que haya un solo Uruguay, creo que hay una gran lucha de clases dentro del campo”



El miércoles 7 de febrero se votó en la Cámara de Senadores los proyectos de ley sobre el Fondo de Garantía para deudas de los productores lecheros y sobre la devolución del impuesto al valor agregado en la adquisición de gasoil a productores rurales. La Senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, comenzó su intervención saludando el trabajo de la Comisión parlamentaria que permitió la introducción de cambios positivos, ya que la primera iniciativa sobre fondos de garantía para deudas era muy insuficiente.

“Al 1º de octubre de 2014, la deuda del sector lechero con los bancos públicos era del 37%, y con los privados, del 62%. Al 1º de octubre de 2015, la deuda con los bancos públicos era del 53%,  y con los privados, del 47%. Al 1º de octubre de 2016, la deuda con los bancos públicos ya era del 70%, y con los privados, del 30%. Quiere decir que en pocos años se reperfiló completamente la deuda y seguramente ahora, en 2017, la deuda con los bancos públicos es más del 80% y con los bancos privados menos del 20%”.

Por otra parte, sobre el informe del senador Garín, Moreira aclaró que en esa estructura de deuda los que tienen endeudamiento serio son los quintiles de arriba y no los de abajo. Mencionó que la tasa de endeudamiento en los quintiles de abajo era cercana al 30%, pero que los de arriba tienen grandes deudas. Es decir que la presión por el tema del endeudamiento viene de los grandes y no de los pequeños. “Los señores senadores me preguntarán por qué hay que discriminar entre los grandes y pequeños productores lecheros, pero hay que hacer esta diferencia. De los 1040 productores que son deudores –2000 no son deudores–, solo 122 acumulan el 80% de la deuda. Sería bueno conocer en profundidad quiénes son, cuánto deben, etcétera.”

Agregó también que no está de acuerdo con que el financiamiento se haga subiendo el precio de la leche. “Es en el grueso de la población, y sobre todo en los más pobres, donde impacta el precio de la comida.”

“En cambio, estoy muy de acuerdo con los tres millones para las políticas anticíclicas y los seis millones para los más pequeños. También creo que el Inale -Instituto Nacional de la Leche- tiene que tener una opinión y participación preceptiva en el manejo de estos instrumentos”.

La senadora comentó que el sector lechero del Uruguay forma parte de los saberes y las destrezas que nos han vuelto un país inteligente. Es muy importante el sector lechero en el Uruguay: es una gran cadena de valor, genera empleo, es intensivo en tecnología y emplea mano de obra.  Pero agregó que el problema no es de competitividad: “el sector lechero sufre los embates que resultan del proceso de conversión de los alimentos en commodities. Entonces están sujetos a las incertidumbres del capitalismo financiero, lo que ha hecho que baje el precio de la leche, de la soja y del arroz estrepitosamente desde 2011”.

“El segundo problema del sector lechero es la inserción periférica del Uruguay en el mundo. Eso no se va a solucionar con tratados de libre comercio. Hay una altísima diversificación de los mercados. ¿Esto se va a resolver con un TLC con la Unión Europea o con Chile? Creo que, justamente, tenemos que ser un país boutique: hacer acuerdos a medida y no dispararle a problemas del tamaño de un mosquito con un cañón, que es lo que sería un TLC. Venderíamos algunas cosas, pero no se imaginan la cantidad de cosas que nos van a vender a nosotros.”

El otro problema del sector lechero, según la Senadora, es que está lleno de productores familiares que arriendan la tierra. El 50%  de los productores de este sector. “Lo cierto es que el valor de la tierra se multiplicó por ocho en quince años y el del arrendamiento por cuatro en el mismo período. Entonces, para el que arrienda tierra, el costo de ese bien, es un factor de especulación, pero también de retraso capitalista. La tierra cuesta, y que haya aumentado su precio es muy bueno para los que la tienen, pero es espantoso para el resto.”

“El 60% de los que viven del agro tienen el 4% de la tierra y hay un 10% que tiene el 60%. Esta es la desigualdad que existe entre la superficie explotada y los productores; es una desigualdad gigante, y siempre lo ha sido. Nosotros tenemos problemas en la distribución del ingreso, pero también hay un gran problema de distribución de activos en el Uruguay. ¡Y vaya que cada vez que hay que ponerle un impuestito a la tierra se pone el grito en el cielo!”

Agregó también que la pobreza dejó de ser rural y se volvió urbana. En la actualidad, solo el 5% de la población vive en el campo. “Yo diría que, por más que tengamos buenas intenciones por arraigar a la gente en el campo, el proceso del despoblamiento rural no es de ahora, sino de muy larga data. La gente no quiere trabajar en el campo. Algunos sí, pero creo que hay elementos subjetivos en cuanto a la índole de los deseos y necesidades, y elementos objetivos que tienen que ver con la migración campo-ciudad.”

Sobre el proceso de extranjerización de la tierra la senadora Moreira comentó que: “hasta el año 2007, mientras no existía una ley que limitara la titularidad de la tierra por parte de sociedades anónimas, el catastro rural impedía saber a ciencia cierta quiénes eran los titulares de los predios. Yo tengo en mi poder el cuadro de DIEA (Oficina de Estadísticas Agropecuarias) sobre la nacionalidad del productor, y resulta que un 54%, son uruguayos; después hay unos poquitos argentinos y también brasileños. Pero hay una categoría no aplicable, que es el 43%. Ese 43% de la tierra está en manos de sociedades jurídicas. Se trata de la inversión externa directa que vino del Uruguay, y una buena parte consistió en la compra de tierra, pero eso no es culpa del Frente Amplio. No es que ahora hay un proceso de extranjerización de la tierra, sino que ahora empezamos a tener datos sobre la titularidad.”

“Yo quisiera defender al Uruguay Natural; al sector lechero, al sector hortifrutícola, al Uruguay alimentario, pero también quiero discutir el modelo de desarrollo, porque no quiero una rentabilidad sustentada sobre la base de los desastres ambientales. ¡Tampoco quiero eso! Hay una cosa que se llama rentabilidad social, otra que se denomina rentabilidad ambiental, y una tercera que es la rentabilidad económica. No quiero que la rentabilidad económica se gane a costa de la rentabilidad social y ambiental”, agregó Moreira.

Culminó su intervención reafirmando la necesidad de aprobar la reforma de la Caja Militar: “¿Quieren reducir el gasto del Estado? ¡Aprobemos la reforma de la Caja Militar!, ya que se pagan USD 550:000.000 por año. ¡Quiero todas las manos levantadas para aprobar la reforma de la Caja Militar!, que es una manera de reducir el gasto público mucho más eficiente que agarrársela con el Mides.. ¡Seamos serios!”

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