Ante los hechos de público conocimiento que involucran a adolescentes bajo protección del INAU, Casa Grande expresa su profunda preocupación por la medida cautelar de privación de libertad por treinta días comunicada por las autoridades y por la exposición pública, la estigmatización y los discursos de odio dirigidos hacia ellas.
Rechazamos las agresiones y reconocemos el derecho de las personas afectadas a recibir protección y respuestas. Al mismo tiempo, reafirmamos que ninguna adolescente pierde sus derechos por estar involucrada en un hecho de violencia. La respuesta estatal debe garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y las garantías específicas de la justicia adolescente. Una medida cautelar no puede convertirse en un castigo anticipado ni responder a las exigencias del escarnio público.
Cuestionamos la naturalización del castigo y el endurecimiento de las penas como respuesta a los conflictos sociales. La reiteración de estas respuestas desplaza la discusión sobre las condiciones que producen las violencias y sobre las herramientas necesarias para prevenirlas y abordarlas. Las dificultades del sistema de protección exigen fortalecer los cuidados y las oportunidades de inclusión; profundizar el encierro no puede ser la respuesta automática ante aquello que no hemos logrado resolver.
Casa Grande, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma que la privación de libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el período más breve que proceda. Sostenemos la necesidad de revisar su aplicación y de priorizar alternativas no privativas, con acompañamiento profesional, recursos y seguimiento efectivo. Las medidas socioeducativas deben ofrecer oportunidades de responsabilización, reparación e integración social.
Estos conflictos deben comprenderse reconociendo la profunda desigualdad entre las posiciones de quienes intervienen. Las personas adultas, especialmente quienes cuentan con visibilidad pública y capacidad de amplificar su voz, tienen una responsabilidad distinta frente a adolescentes que viven bajo protección estatal y atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. Esa desigualdad de poder y recursos exige del mundo adulto una actuación orientada a disminuir la tensión, buscar ayuda y contribuir al cuidado. La convivencia también se construye desde la responsabilidad de las comunidades y los entornos vecinales.
Desde nuestra perspectiva feminista, advertimos que las adolescentes atravesadas por situaciones de desprotección quedan frecuentemente fuera de la mirada social sobre las violencias. Sus historias de vulneración no pueden desaparecer detrás de etiquetas que las presentan como peligrosas o irrecuperables. Reconocer esas trayectorias permite comprender qué respuestas necesitan y qué responsabilidades tenemos el Estado y la sociedad. Nuestra preocupación por las violencias de género debe incluir también a las adolescentes cuyas conductas incomodan, que atraviesan crisis o que tienen dificultades para sostener los vínculos de cuidado.
Rechazamos la difusión de imágenes que las identifiquen y expongan en situaciones de crisis, así como su utilización para promover la humillación y el escarnio. Esa exposición puede prolongar el daño y comprometer sus posibilidades de reconstruir vínculos y proyectos de vida. Quienes tenemos responsabilidades políticas, institucionales y comunicacionales debemos contribuir a un debate que cuide sus derechos. La denuncia de problemas y el acceso a la información deben ejercerse con pleno respeto por la intimidad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.
Expresamos nuestro respaldo político a la presidenta del INAU, Claudia Romero, al vicepresidente, Mauricio Fuentes, y a la directora general, Andrea Venosa, en la defensa de estos principios y en la tarea de transformar el sistema de protección. Acompañamos el reconocimiento de los problemas estructurales y la responsabilidad de dar respuestas. Rechazamos los agravios personales y reconocemos el trabajo cotidiano de los equipos que intervienen en situaciones de enorme complejidad.
Esa transformación requiere recursos suficientes, fortalecimiento de los equipos y políticas sostenidas de cuidado, salud mental, educación, vivienda e inclusión comunitaria. También exige ampliar las alternativas de cuidado familiar y comunitario y fortalecer la respuesta frente a las redes de explotación y las violencias adultas que amenazan a las adolescencias. Es una responsabilidad que compromete al conjunto del Estado.
Convocamos al sistema político y a la sociedad a asumir esta discusión con responsabilidad. Las adolescentes necesitan un Estado que proteja, repare y construya oportunidades, y un mundo adulto que contribuya a cuidar y a disminuir las violencias. Nuestro compromiso es con una sociedad que no renuncie a ninguna de ellas.