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Una temporada de rinocerontes

Por Constanza Moreira
 
Según Rodolfo Porrini[1], dos fantasmas recorrían América Latina en los años sesenta: la insurrección y la reacción conservadora. Unos querían transformar el mundo; los otros, mantener sus privilegios. Y ambos fantasmas contribuían a generar movimientos diversos. En 1964, la frágil democracia brasileña sucumbió al golpe de Estado (los uruguayos temían que los militares –“los gorilas”- nos invadieran por la frontera) y fue el preanuncio de los golpes que se siguieron. Pero aún en 1970 triunfaba la insurrección y Allende intentaba la “vía pacífica al socialismo”. En 1971 se creaba el Frente Amplio, nutrido de la experiencia de la unificación de las izquierdas con la previa creación de la CNT, y de la defección de líderes y fracciones “progresistas” de los partidos tradicionales. Se movilizaban los jóvenes del movimiento estudiantil, los trabajadores, las clases medias, y los intelectuales florecían orgánicos e inorgánicos, editaban periódicos (como Marcha), escribían poesías como Benedetti o ensayos como Galeano. Eran tiempos revueltos. Y los rinocerontes esperaban agazapados.
 
Hacia fines de los años sesenta ya comenzaba a perfilarse el “camino democrático hacia la dictadura”, como lo llamó Álvaro Rico. El año 1967 marca un punto de inflexión (medidas prontas de seguridad, ilegalización de partidos políticos, eliminación de los consejos de salarios), y a partir de 1968, las actuales leyes tipifican el período –hasta el fin de la dictadura- como uno en el que se verifica el terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad (una referencia histórica que blancos y colorados se han negado siempre a admitir, so pretexto de que aún había “democracia”). Desde 1968 se tortura en las cárceles, se mata en las manifestaciones y se militarizan los conflictos sindicales en el sector público. Cuando el golpe de Estado se produce, se puede hablar de un “golpe en cámara lenta”, ya que es precedido de un cortejo de actos anunciatorios, preparatorios, consumatorios.
 
El golpe fue acompañado de una crisis de larga duración, que comienza a fines de los cincuenta y se prolonga durante todo el período, y al que las medidas “liberales” del gobierno del Partido Nacional, incluyendo el acuerdo con el FMI y la reforma cambiaria, solo logran profundizar. Desde inicios de los años sesenta, comienza el lento despoblamiento del país, con una crisis de migración que lleva a la diáspora de casi el 7% de la población uruguaya. El slogan del FA en el 71 es: “Hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza”.
 
El 27 de junio del 73, fue el golpe de gracia. Y nomás, por decreto (sí, ¡por decreto!), se disolvieron las cámaras, se suspendieron los partidos políticos, se creó un Consejo de Estado y se les adjudicó a unas FFAA ya muy autonomizadas del poder civil la responsabilidad de intervenir para que los servicios públicos continuaran funcionando (por eso rechazamos los decretos de esencialidad…). También se militarizó la policía (y por eso rechazamos la militarización de la seguridad pública). Todo tiene una historia. Solo hay que recordarla.
 
Juan María Bordaberry fue el autor de este golpe de Estado, y el juicio que lo condenó lo hizo por violación a la Constitución de la República. Pero no hay que olvidar que lo acompañaban civiles del Partido Nacional y Colorado, lo acompañaban las FFAA, lo acompañaban importantes sectores empresariales…y Estados Unidos, de algún modo, expresó su satisfacción por el curso que tomaron los acontecimientos.
 
El 27 de junio se reunieron los dirigentes de la CNT en el local del vidrio en la Teja y se lanzó la consigna: “¡A ocupar las fábricas, mantener el estado de Asamblea…!”[2]. Tres días después, el gobierno ilegalizó el movimiento sindical, prohibió las reuniones y confiscó sus locales y sus bienes. No solo comenzó la acción penal contra varios dirigentes sindicales (que fueron “requeridos”) sino que también se destituyó a los huelguistas sin derecho a despido. La represión contra los trabajadores públicos fue brutal. Algo para recordar cuando se piensa (como un rinoceronte) que son unos “privilegiados”.
 
El 11 de julio, 14 días después, la Mesa Representativa de la CNT resolvió levantar la huelga, con el voto en contra de FUNSA, la FOEB y la FUS, y la abstención de CONAPROLE y OSE. Mucho se discutió sobre esta medida pero, ahora, con el pasar del tiempo, y viendo lo que vino después, quizá convenga concentrarse en esto: una temporada de rinocerontes.
 
La eventualidad de una huelga general contra la dictadura, según Porrini (ya citado) había estado presente ya desde 1964 en las discusiones y reflexiones del movimiento sindical. Dicho movimiento no solo luchó desde su origen por las condiciones de los trabajadores, sino que fue un actor político de primerísima línea en la defensa de los derechos y las libertades democráticas. Más aún, luchó por un modelo de desarrollo productivo con justicia social, que no solo defendió, sino que formuló, diseñó, y estuvo en los orígenes de las proclamas con las que el propio Frente Amplio nació.
 
El gobierno autoritario optó por la vieja estrategia de reprimir-dividir-cooptar al movimiento sindical. A diferencia de los partidos políticos que estaban “suspendidos”, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, y partidos políticos seleccionados (el PCU, la ROE, entre otros) fueron declarados “ilegales”, por ser “asociaciones marxistas”. En plena Guerra Fría, la lucha contra el comunismo no requería mayores ni más sesudas consideraciones. Bastaba para justificar la intervención externa (la que había, principalmente, encarnado en unas FFAA adoctrinadas por EEUU para hacerle frente al “enemigo interno”) y para tomar “medidas extremas de seguridad”. En el nombre de la democracia y la lucha contra el comunismo, se llevaron puesto a un Estado de Derecho que había llevado no menos de sesenta años diseñar y consolidar.
 
Nos recuerda Porrini una maravillosa anécdota. En noviembre de 1973, el gobierno empieza a ensayar su maniobra de reprimir-dividir-cooptar, y tiene como representante insigne al coronel Bolentini. Este llamó a una reunión de connotados dirigentes sindicales, excluyendo especialmente a los comunistas. La reunión se transmitiría “en vivo” por la radio. Un valiente obrero de FUNSA, Miguel Gromaz, dijo al aire: “Esto no es un verdadero diálogo. Es una gran pantomima. ¿Cómo puede existir el diálogo cuando hay decenas de dirigentes presos y centenas de despedidos? Este es un proyecto para carneros y guampudos”. Acto seguido, claro está, la transmisión al vivo del diálogo fue interrumpida y se comenzó a pasar música. La dignidad del movimiento sindical seguía en pie, a pesar de las maniobras del régimen.
 
La dictadura se recrudeció a partir de 1975 –años del Plan Cóndor- y la dictadura intentó nuevas reglamentaciones para crear un movimiento sindical amarillo (algo de lo que intenta el proyecto de Manini Ríos presentado, recientemente, al parlamento o las diversas versiones de modificación de los derechos de huelga y ocupación en la LUC). La autonomía del movimiento sindical es una afrenta para la política conservadora. Se la tolera…pero, inevitablemente se la quiere socavar.
 
La idea de un “nacionalismo anticomunista” fue de recibo en esos años, como lo había sido en la mayoría de las experiencias fascistas de la vieja Europa. Es así que en 1975 comenzó el Año de la Orientalidad: las tumbas y mausoleos a los próceres, la metamorfosis de Artigas (un héroe revolucionario) en un héroe “nacional” y conservador, la recuperación de símbolos patrios, y la obligación de cantar el himno a viva voz como un homenaje a la dictadura (y es esa la razón por la que algunos no cantamos jamás el himno, y no nos parece que nada deba comenzar por él). También de ese período vinieron las “razzias” (y al igual que con la esencialidad de los servicios públicos, toda medida de detención arbitraria nos recuerda a esos años, incluyendo los allanamientos nocturnos…). Si en algún lugar empezó la “mano dura”, fue en la dictadura. El Uruguay puede recordar que tuvo en la dictadura la mayor cantidad de presos políticos per cápita…y que si hoy tiene la mayor cantidad de presos (comunes) per cápita, no parece ser casualidad.
 
Las transformaciones de la sociedad uruguaya en esos años fueron muchas y llegaron para quedarse. Porrini nos advierte sobre la incorporación de la mujer al mercado de trabajo como forma de consolidar un ingreso familiar (se le llamó en la literatura sociológica de la época “estrategias de sobrevivencia”). El salario real se derrumbó, y si comparado con inicios de los años sesenta, al fin de la dictadura representaba menos de la mitad del valor adquisitivo de esos años. Aumentó el sector informal y la desocupación, el país se endeudó y se empobreció, las clases medias sufrieron un estrangulamiento de sus condiciones de vida muy notorio y fueron quienes engrosaron las filas de lo que luego fue el FA. La desigualdad aumentó notoriamente y, como lo muestra Daniel Olesker en su libro Crecimiento y Exclusión[3], la liberalización del país (antes de que el consenso de Washington entrara en vigor) fue profunda y alcanzó al sistema bancario, el comercio exterior y las empresas públicas. Los falsos “nacionalistas” realizaron la operación del consenso de Washington (privatización, desregulación, liberalización) antes que este fuera formulado, como ya lo habían hecho durante el gobierno del Partido Nacional, a punto de partida del primer acuerdo firmado con el FMI). Nada tuvimos que envidiarle a los chilenos y sus Chicago-boys: hacia el fin de la dictadura, ya el Uruguay había sufrido las embestidas del liberalismo. Y todo bajo los dictados de Washington, cuyo consenso se produjo, mucho antes de que fuera escrito y tomara publicidad. Después de todo, Estados Unidos y sus aliados no iban a permitir la nacionalización de sus empresas e inversiones, una de las amenazas principales que representaban los gobiernos “progresistas”, “populistas” o “socialistas” de la época.
 
Cuando recordamos el golpe de Estado debemos preguntarnos a qué nos ganamos el derecho todos estos años. Y creo que es una pregunta que debemos contestarnos. Creo que nos ganamos el derecho a tener derechos laborales, que nunca pueden ser juzgados con oportunismo y frivolidad (como la crítica al “empleo seguro”) porque mucha gente fue desterrada, a la cárcel o murió por defenderlos. Nos ganamos el derecho a pertenecer a las organizaciones de izquierda y a que estas sean legales, a luchar en las elecciones con todas las garantías, a manifestarnos por las causas que queramos, y a organizarnos como podamos. Nos ganamos el derecho a que un salario digno sea una lucha política y pública, y no una lucha entre un trabajador y un patrón. A que los conflictos entre hombres y mujeres en clave de violencia sean un problema público y no una cuestión de “exceso de amor” entre privados. Nos ganamos el derecho a luchar contra la pobreza, y a dar la mayor cantidad de recursos y desplegar una gran política pública para luchar contra la injusticia y la desigualdad. También nos ganamos el derecho a que “la delincuencia” sea entendida como un resultado de esta misma sociedad en la que vivimos (sí, esta misma sociedad violenta, machista y con más rinocerontes de los que una quisiera), y no una especie de excrecencia moral negativa con la que nadie se siente comprometido. También nos ganamos el derecho a la laicidad, y a protestar cada vez que la religión quiere colonizar un pedazo de nuestra sociedad, sea en las FFAA, en la educación, en la salud, o en cualquier política pública (¡a no olvidarlo!).
 
A todo eso y mucho más nos ganamos derecho. Que cada uno, que cada una, lo escriba con su pluma, con su memoria, o simplemente con su legítima aspiración a vivir en un mundo mejor (y a sentir cada atropello como propio). Porque cada 27 de junio debemos “recordar”: volver a pasar por el corazón la experiencia de un pueblo que emergió de las ruinas de la dictadura más pobre, más desigual, más vulnerable, más injusto. No alcanza con el voluntarismo para decir “esto no va a pasar”. El conservadurismo y sus vertientes fascistas están allí, como rinocerontes agazapados. Tienen las mismas caras, los mismos apellidos, la misma trayectoria. Este 27 de junio hay que recordarlo despiertos, lúcidos, organizados, unidos.
 
[1] Trabajadores y sindicatos uruguayos durante la dictadura (1973-1985). Consensos y resistencias, Rodolfo Porrini, Programa Interuniversitario de Historia Política, en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dicsind_porrini.pdf
 
[2] Yo tenía, entonces, 13 años y venía de una familia muy politizada y de izquierda. Mi madre me despertó esa mañana con un gesto de amargura: “hoy no tenés clases, me dijo, acaban de dar el golpe de Estado y te llama tu amigo Jaime”. Mi amigo Jaime, con solo 13 años, ya estaba ocupando la Facultad de Química. A los 16 años se lo llevaron preso. Poco después se fue del país. Nunca más volvió a vivir en Uruguay.
 
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Declaración Casa Grande sobre LUC

En el marco de la Coordinación Nacional reunida en el día de hoy, 6 de junio de 2020, Casa Grande expresa:

1. Su más profunda preocupación sobre la situación nacional de empobrecimiento de la sociedad uruguaya a raíz de las consecuencias de las insuficientes políticas sociales de combate a los efectos de la pandemia, el desmantelamiento de un conjunto de programas de atención a las familias más vulnerables y de las políticas económicas que han disparado la inflación y el aumento del costo de vida mediante el aumento de tarifas, supresión de beneficios del IVA, entre otros aspectos.

2. El rechazo radical a toda forma de expresión autoritaria, que niega la preexistencia de una cultura dominante basada en la discriminación y desigualdad hacia las mujeres agudizada en el marco de la emergencia sanitaria. El suceso ocurrido en la Cámara de Diputados cercenando el uso de la palabra a representantes nacionales, la cadena de femicidios atroces con muertes de mujeres, niños y niñas, y las situaciones de explotación sexual de adolescentes muestran claramente una realidad largamente denunciada como Emergencia Nacional de Género.

3. Su reconocimiento al movimiento social y al trabajo comprometido y responsable del Frente Amplio y la reafirmación de que el proyecto de la Ley de Urgente Consideración aprobado por el Senado es una muestra de una forma de gobernar que debilita la calidad democrática y la presencia del Estado, disminuye la capacidad de ejercicio de derechos civiles y políticos del pueblo uruguayo para participar en el debate público y manifestarse colectivamente, fomentando la cultura autoritaria que denunciamos.

4. El repudio particularmente del articulado del proyecto de Ley de Urgente Consideración en relación a:

a) las políticas de seguridad pública como gatillo fácil, legítima defensa presunta, aumento de la autoridad policial frente a aspectos muy subjetivos como la apariencia delictiva y la ofensa verbal, entre otros;

b) las políticas de educación en tanto la eliminación del sistema nacional de educación pública, reducción de la participación de diversos actores, limitación de los ascensos mediante concurso de oposición y méritos, entre otros;

c) las políticas hacia la infancia y adolescencia debilitando las medidas alternativas de privación de libertad, multiplicando las penas para adolescentes infractores y modificando el sistema de adopciones;

d) las políticas ambientales que implicarán un retroceso particularmente en el sistema de áreas protegidas;

e) las limitaciones a la participación popular a través de la prohibición piquetes y el avasallamiento del derecho de huelga.

5. El compromiso a enfrentar el avance de las políticas de derecha neoliberal y conservadora redoblando la lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista, sumándonos a la movilización social, desde la convicción de que la política está en la calle junto al movimiento popular para no retroceder en los derechos conquistados y fortalecer el entramado social, en el marco del respeto de las diferencias, la justicia social, las libertades individuales y colectivas y la igualdad.

Casa Grande – Frente Amplio
Coordinación Nacional, 6 de Junio de 2020

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Ética, conciencia, organización y liderazgo

«En principio, las condiciones económicas habían transformado la masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero todavía no para sí misma.” [Marx, Karl; Miseria de la Filosofía]

LA ÉTICA. Estudia el bien, el mal y sus relaciones con la moral. Analiza con un sentido crítico el comportamiento humano. También se considera, en relación a lo ‘ético’, al conjunto de normas y costumbres que orientan el comportamiento humano en una comunidad de acuerdo a una ‘escala de valores’ socialmente aceptada.

Cuando se intenta entender los debates políticos, o la existencia de ideas de izquierda, de centro y de derecha recurrimos a la ética porque allí están los cimientos de toda posición política. En general la izquierda se identifica con los ideales de igualdad, solidaridad y cooperación. La derecha enfatiza el valor del individuo y su ‘libertad’ en el marco de la competencia por tener ‘éxito’. El motor de la historia es el egoísmo, al que se considera un impulso primario y la insolidaridad es algo considerado ‘natural’. Para la derecha, está bien que el mercado organice las relaciones sociales; lo contrario es un atentado a la libertad individual.

Las personas adoptan primero una ‘ética’ y de ésta se deriva su posición política.

LA CONCIENCIA. Es, en primer término, el conocimiento de la propia existencia y luego el de las condiciones objetivas de nuestras circunstancias. La ‘conciencia de clase’ es un concepto que aparece con los estudios filosóficos de Carlos Marx. Define la capacidad de quienes –por sus condiciones objetivas de vida- pertenecen a una clase social, así como su capacidad de ser conscientes de ello y de actuar en consecuencia. Las relaciones sociales antagónicas -económicas, políticas o ideológicas- existen en la realidad. De esas disputas, entre intereses contrapuestos, nacen las organizaciones políticas en una sociedad de clases. 

Algunos autores distinguen entre clase en sí y clase para sí. “La primera refiere a la existencia de una clase como tal​ y la segunda a los individuos que conforman dicha clase en tanto consciente de su posición y situación histórica.” 1

LA ORGANIZACIÓN. La palabra organización2 es de origen griego. «Organon» significa instrumento, utensilio, órgano o aquello con lo que se trabaja. Las organizaciones son estructuras creadas en función de un conjunto de metas u objetivos. Son entidades sociales que facilitan y regulan la asociación de personas que interactúan entre sí para contribuir mediante sus experiencias y relaciones al logro de objetivos y metas determinadas. Las organizaciones de derechas suelen perseguir fines relativos a los intereses de sus miembros más relevantes. Las de izquierda promueven intereses ‘colectivos’ y/o sociales. Las organizaciones surgen en función de una más clara conciencia de los intereses de clase. A partir de la organización, las clases pasan de ser clases ‘en sí’ a serlo ‘para sí’. La relación dialéctica entre conciencia y organización es base del pensamiento materialista y marxista de izquierda. La complejidad creciente de la sociedad determina la existencia de estamentos, ya no clases claramente delimitadas, que constituyen mayorías amplias de nuestras sociedades. Esa diversidad entraña complejidades en cuanto a los niveles de conciencia y organización que tienen que ver con la identificación de cada uno en relación tanto a su situación objetiva como a su conciencia respecto a esa realidad. Pero siempre subsisten las convicciones, ‘la ética’ asumida por cada uno, para determinar su ‘pertenencia’ y el papel que se asume en la dinámica de la sociedad.

EL LÍDER. Del inglés ‘leader’. Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. El liderazgo requiere interpretar y representar los ‘intereses’ de los integrantes para ser legitimado por el colectivo que debe ‘reconocer’ sus capacidades. Los líderes no deben ser confundidos con los voceros. El liderazgo requiere iniciativa, capacidad táctica y pensamiento estratégico. La palabra «liderazgo» puede referirse a un colectivo de líderes, o puede significar características especiales de una figura carismática (un héroe por ejemplo). Hay diferentes tipos de líderes y de liderazgos. En términos de proceso social tenemos entonces: 1) Distinción entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. 2) Idea clara de qué es lo mejor para mi situación de acuerdo con mis convicciones. 3) Acuerdo con mis pares en ética, situación e ideas para actuar de forma colectiva. 4) Establecer líderes y liderazgos adecuados para la organización que se tiene y el momento que se vive.

OTROS ELEMENTOS

Caudillo. Es el cabecilla, líder (del latín: capitellium, cabeza)  de un importante contingente social, ya sea político, militar o ideológico. No todo líder es un caudillo, pero todo caudillo es un líder. En nuestra región, los caudillos -líderes políticos de los siglos XIX y XX-, han tenido un papel destacado a lo largo de la historia.

El caudillismo como fenómeno político y social se caracteriza por la llegada de líderes carismáticos que acceden al poder o al gobierno mediante diferentes mecanismos, a veces informales y difusos de reconocimiento en cuanto a su liderazgo, pero siempre con multitudes que depositaban en «el caudillo» sus expectativas.  Las personas ven en él un gran defensor de los intereses del colectivo y capacidad para resolver los problemas comunes.

Representatividad. Cuando está en juego la capacidad de actuar, de forma legítima, en nombre de otros, de una institución, de un colectivo hablamos de ‘representatividad’. Esa característica se basa en la adecuada defensa de los intereses a los que se rinde cuenta tanto como por el apoyo que se tiene entre los interesados.

Clases medias. En 2017, según Cepal, 250 millones de personas en la región eran ‘clase media’. Pero no todos los ‘clase media’ son, ni se sienten iguales. Se diferencian por su capacidad económica y en especial por su “lógica aspiracional”. Son amplia mayoría en muchos países pero tienen grandes dificultades para constituir una ‘clase en sí’ y muchas más, para ser una ‘clase para sí’.

“En estos últimos años se han sucedido importantes fenómenos políticos aparentemente inesperados y novedosos en América Latina: la llegada de AMLO al gobierno de México con una amplia mayoría, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas sociales en Chile y Colombia, también la imposibilidad de Lenín Moreno de dar estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en Argentina a manos de la propuesta progresista de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y cómo no, el golpe de Estado en Bolivia. Todos estos hechos políticos y/o electorales han sido explicados recurrentemente y en gran medida por un mismo grupo económico y social, el de la clase media.” [Alfredo Serrano Mancilla, director de la Celag en Página 12]

Hay clase “media-baja” y “media-alta” y hasta “casi clase media” (Banco Mundial) el criterio objetivo para la clasificación refiere al ingreso y/o al consumo. Un abanico muy amplio desde casi clases medias a casi más clase alta que media. El criterio subjetivo se refiere a qué se consideran y a qué aspiran. Muchos, demasiados, viven como pobres pero quieren vivir como ricos. No dirigen sus energías a disminuir la pobreza y los pobres (objetivos de la izquierda). Buscan la mejora de su situación personal sin pensar mucho en posibles soluciones colectivas (objetivo de derecha). Les molesta estar abajo, pero no que existan diferencias tan grandes entre los de arriba y los de abajo. Cada “clase media” tiene un nivel económico diferente; posee una matriz de miedos y sensaciones distinta; su lógica aspiracional también varía.  (Y ojo con los que quieren que los salve el grupo y salir a costa de los compañeros.)

“…no hay una única clase media, sino que son muchas las variedades al interior de ese gran grupo tan complejo. Hay clase media que recién llega y que, además, lo hace por muy diferentes vías; hay clase media de toda la vida; clase media que es más alta que media; clase media que siempre está en riesgo de dejar de serlo. Hay clase media en lo económico que a su vez es distinta según su capacidad económica sea en base a ingresos, herencia, consumo o endeudamiento. Pero no todos los matices diferenciadores proceden de lo económico, porque también hay clase media en lo cultural, en lo simbólico, en el poder político; y sin descuidar tampoco el componente “país” o, a veces, el regional” explica Alfredo Serrano Mancilla.

Respecto a la dimensión subjetiva, basada en la autopercepción. En general cerca de la mitad se autopercibe como “clase media de toda la vida”. Una parte menor, también importante, se considera “clase media con miedo a ser baja”. Otros, el porcentaje varía mucho por país y coyuntura, se ven o son “nueva clase media”. Un porcentaje menor se puede considerar “clase media-alta” y a esta situación aspiran los “clase media típicos”.

Un afinado análisis de clases y estamentos, su grado de conciencia y organización, sus liderazgos constituiría categorías de análisis imprescindibles para intentar entender los procesos económicos y políticos que se desarrollan en el seno de nuestras sociedades. Por supuesto que la pretensión de incidir en los procesos sociales va de la mano con una mejor comprensión de todas estas intrincadas relaciones.

David Rabinovich

Referencias:

1 Ver https://www.ecured.cu/Conciencia_de_clase

2 Cuando se busca el significado de organización aparecen referencias, casi exclusivas, al mundo empresarial.

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Sin juventudes no hay transformaciones

La juventud es la etapa del desarrollo humano comprendida entre la niñez y la adultez, variando en las edades según las distintas culturas y marcos normativos. En nuestro país, se refiere al grupo poblacional de entre los 14 y 29 años que representa, según datos censales del 2011, el 23,9 % de la población total que a grandes rasgos se presume envejecida.  

No es nada fácil lidiar con esta concepción y mucho menos con la valoración negativa que adjudican a nuestro proceder, como si en su juventud no hubieran hecho las cosas que nos señalan de inapropiadas, como si no tuvieran el fuego que caracteriza nuestra intensidad y la voluntad de transformar las cosas.

Lo cierto es que las generaciones han ido cambiando con el paso del tiempo, las realidades, necesidades y los conflictos de un joven del 2020 quizás no son los mismos que los de un joven del 1900, pero lo que sí se mantiene es el proceso de esta etapa en la cual descubrimos el mundo que nos rodea, identificando estímulos tanto externos como internos, experimentamos nuevos sentimientos y emociones y vamos de a poco configurando nuestra personalidad e identidad conforme a nuestras vivencias. También sucede que al convertirnos en sujetos sociales respondemos y pensamos desde lo colectivo, apropiándonos de espacios, alzando la voz, cambiando realidades y luchando contra las injusticias.

En tal sentido prefiero hablar de juventudes y no de jóvenes, porque cada chica y chico tiene una personalidad y esencia bien distinta que, desde su lugar, enriquece y diversifica nuestras construcciones y manifestaciones. Lo que quiero decir es que los jóvenes no somos iguales, tampoco tenemos los mismos intereses, ni nos involucramos en las mismas causas, pero lo que compartimos es nuestro afán por la diversión y la búsqueda de la felicidad que, al fin y al cabo, es lo que anhelamos todos sin importar edad.

Pero hay algo que viene haciendo ruido entre pares y es la idea de que las juventudes no somos responsables, somos peligrosos y delincuentes no queremos trabajar y no nos involucramos con la sociedad, lo que es completamente contradictorio cuando unas de las cosas que más reclamamos es la poca incidencia que nos permiten tener en los lugares de decisión y más precisamente en los lugares donde se debaten nuestros derechos. Cuando cada vez son más las gurisas y gurises que reclamamos espacios de participación, ¿qué dicen de los miles de jóvenes que se inscriben año tras año en los programas de voluntariados? ¿de los que participamos en política partidaria o social? Porque si bien a muchos no le interesa lo político partidario si les llama la atención la política que se gesta alrededor de los cuadros de fútbol, o alrededor de las órbitas estatales, entonces, ¿no queremos nada de la vida o no nos permiten expresarnos de la forma que sabemos hacerlo? ¿tenemos todos las mismas oportunidades?

¿Tiene las mismas oportunidades quién vive en un barrio marginado y estigmatizado que aquel que vive en un barrio central? ¿Pueden tener ambos accesos a las universidades o a los dispositivos que le permitan llegar a ella? Se han trabajado en políticas para romper las desigualdades, pero aún así hay un peso muy importante de jóvenes en territorios de vulnerabilidad y riesgo, por lo cual frente a una situación socioeconómica compleja es menor el acceso a ofertas educativas y laborales que permiten el progreso personal.

Progreso le llamo a las trasformaciones que ha atravesado la sociedad a lo largo de la historia, de las que muchas han sido idealizadas y ejecutadas por grupos de jóvenes, algo que veo como muy positivo pese a la pérdida de valores que tanto se reclama. ¿Será por ello que hay un miedo latente hacia lo que representamos y hacia nuestra visión del mundo? Pues, no deben tener miedo, nadie pretende hacer caos sino darle color a la vida y para ello son necesarios los cuidados y consensos generacionales.

Por ejemplo, se ha gestado una gran revolución sexual conquistando derechos como la unión concubinaria entre personas cualquiera sea su sexo, identidad u orientación sexual, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario, la reproducción humana asistida, la adopción por parejas del mismo sexo y la ley trans. Son conquistas que se dieron en la lucha colectiva donde las y los jóvenes tuvimos gran responsabilidad.

Somos protagonistas de una revolución en el lenguaje el cual entendemos que se adapta según las necesidades de la población para comunicarse, no es una pavada o un juego adolescente, a lo mejor deberían dejar de preocuparse si un joven pronuncia un “todes” o le agrega la “x” a sus palabras y comenzar a pensar qué motivos tiene para comunicarse de esa forma. Lo importante es poder poner en palabras lo que pensamos y sentimos.

Fueron las juventudes las que le dijeron “no a la baja” protegiendo a adolescentes del sistema penal, como también somos jóvenes quienes desde la calle o la virtualidad protegemos la educación pública o nos manifestamos contra la reforma impulsada por el hoy ministro del interior. Son las juventudes las que exigen medidas para revertir el cambio climático y alzan sus voces por el medio ambiente. Somos jóvenes los que colmamos las avenidas del país con la bandera de la diversidad exigiendo el no retroceso de la agenda de derechos.

Somos quienes alimentamos el fuego en nuestro interior, aquel capaz de arder sin control ante la sequía, el que logra hermanar a las personas a los pies de un fogón y el que portan en las antorchas en tiempos de protestas. Nos mantiene vivos, eufóricos y revolucionarios, es ese fuego el que nos invita a seguir haciendo oír nuestra voz, que en muchas ocasiones es la voz de todo un pueblo. 

Frente a este nuevo escenario del COVID-19 entendemos que nuestro cuerpo debe permanecer quieto, pero nuestra voz debe seguir alzándose con fuerza, por quienes ya no están y por les más vulnerables. Tenemos herramientas para hacerlo, las redes sociales son una de ellas. También disponemos de espacios como estos, evidenciando una transformación cultural.

Finalmente quiero agregar que el gobierno desde el poder ejecutivo ha ingresado al parlamento la ley de urgente consideración, catalogada por expertos en la materia como inconstitucional, y es necesario resaltar que las medidas dispuestas en materia de seguridad pueden atentar contra nuestra libertad de expresión y manifestación considerando nuestro accionar como una amenaza para la convivencia pacífica. La superficialidad con la que manejan el flagelo de inseguridad puede ocasionar abusos de poder y coerción de nuestras voluntades, aun así estaremos firmes para defender lo conquistado y seguiremos fomentando el fuego que habita en cada persona y que transforma el mundo en un lugar mejor.

Juan Boeri

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Entre el crecimiento económico y el cuidado de los bienes comunes

Los tres gobiernos del Frente Amplio tuvieron serias dificultades para lidiar con el conflicto entre crecimiento económico y cuidado de los bienes comunes. Contradicción que solo existe dentro de un modelo de organización social que basa la producción de bienes y servicios, en maximizar la ganancia del capital y en la competencia, transformando todos los aspectos de nuestra vida en mercancías. A pesar de esas dificultades se concretaron grandes avances, desde una visión de izquierda.

Por el contrario,  las perspectivas que se avisoran a partir de los aspectos ambientales incluidos en la LUC impulsada por la coalición gobernante, indican un serio retroceso en la posibilidad de poner freno a los problemas más acuciantes y revertir los procesos de deterioro ambiental 

La contaminación de las aguas superficiales sigue siendo un grave problema en las zonas con producción agropecuaria más intensiva, tanto agrícola como lechera. No solo amenaza la provisión de agua potable, sino que además pone en riesgo la actividad turística, la pesca artesanal y el disfrute de las playas por parte de toda la población. 

Los agrotóxicos a los que se exponen los trabajadores y trabajadoras rurales siguen causando enfermedades y muertes evitables en la población rural, contaminando los alimentos que llegan a los centros urbanos, ensuciando el agua y acumulándose en nuestros suelos. La autorización, en su momento,  de nuevos cultivos transgénicos por parte del gabinete de Bioseguridad, con la opinión en contra del Ministerio de Salud y del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, expresa con claridad las dificultades y contradicciones de la política ambiental en los últimos 15 años.

Sin embargo, los avances durante los gobiernos del Frente Amplio fueron muy importantes, podemos destacar la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, marco legal con el cual  la Intendencia de Canelones pudo imponer importantes restricciones a los aspectos del agronegocio más peligrosos para la salud de los pobladores rurales y para la integridad de los cursos de agua y la biodiversidad asociada. 

La creación de 17 áreas protegidas abarcando la mayor parte de los ecosistemas del país también fue un avance de las políticas ambientales de izquierda que permitió conservar especies valiosas y en peligro sin dejar de producir y promoviendo el desarrollo local. Los procesos de incorporación al sistema de áreas protegidas incluyeron la participación de la comunidad tanto para definir las áreas como sus planes de manejo.

Se aprobó la ley de bolsas plásticas que logró en poco tiempo eliminar ese importante factor contaminante de nuestro uso cotidiano. La ley de residuos también apunta a desestimular el uso de plásticos de un solo uso y aplicar el concepto de que el que contamina paga.

La Ley de Agroecología aprobada en los últimos meses apuesta a transformar radicalmente la forma en que se producen procesan, distribuyen y consumen los alimentos, promoviendo las cadenas cortas, el reciclaje de nutrientes, el cuidado del suelo y del agua y por sobre todas las cosas la salud de productores y consumidores. 

Estos avances se dieron gracias a una concepción de la política ambiental que considera el interés general, en este caso el cuidado del ambiente y la salud, sobre el interés particular y que no sacraliza la propiedad privada como un derecho inalienable en el que cada propietario puede hacer lo que se le ocurre.  

En cambio, la propuesta de la derecha parece ir en sentido contrario, dando prioridad a los intereses particulares frente al cuidado del ambiente. La inclusión de los artículos 500 y 501 de la LUC muestra claramente el sentido que cobrará la política ambiental durante el gobierno multicolor. Proponen directamente impedir la inclusión en áreas protegidas de aquellos terrenos en que no se obtenga el consentimiento expreso del propietario, dejando en manos de los particulares, la posibilidad de proteger paisajes únicos y especies en peligro de extinción. La única opción que le quedaría al Estado sería la expropiación, extremo impracticable dado el valor actual de las tierras y el tamaño que necesitan las áreas protegidas para cumplir sus objetivos de cuidado a los ecosistemas más frágiles. 

Más de cincuenta científicos uruguayos recomiendan en una carta pública que no se aprueben estos dos artículos, por los impactos negativos directos sobre la principal infraestructura nacional para la conservación de la biodiversidad que perderá eficiencia para enfrentar las crecientes amenazas sobre el ambiente.

Con esa orientación política de priorizar los intereses privados, la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se parece más a una fachada demagógica que a un instrumento real para solucionar los problemas ambientales del Uruguay, que si son graves y necesitan tomar medidas urgentes y drásticas.

El nuevo Ministerio no incorpora áreas  claves para la gestión ambiental en el medio rural, que hoy son competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Parece imposible que el ministerio encargado de aumentar la productividad, sea simultáneamente el encargado de fiscalizar el uso de agroquímicos. La potestad de fiscalizar y sancionar el mal uso de plaguicidas y fertilizantes debe pasar al Ministerio de Ambiente si pretendemos solucionar el problema de las cianobacterias en nuestras playas y arroyos, y proteger a los pobladores rurales de las intoxicaciones por las fumigaciones que se  siguen realizando sin respetar las distancias necesarias para preservar la salud de las personas y los ecosistemas. Así mismo, el cuidado del bosque nativo también debería ser parte del nuevo ministerio, teniendo en cuenta las leyes que impulsan su protección.

Finalmente, este momento de pandemia nos permite reflexionar profundamente sobre nuestra relación con la naturaleza. Los científicos alertan al mundo que el deterioro ambiental y la pérdida de la biodiversidad causan que los virus salten de animales salvajes a los seres humanos con más facilidad. La detención abrupta de muchas actividades económicas nos ha demostrado que la naturaleza puede recuperarse del daño. Nos ha hecho valorar la importancia de las tareas domésticas y de cuidados como nunca antes, y lo importante que son en nuestras vidas los afectos que nos unen con nuestros seres queridos y con la humanidad. La vida humana y su belleza siguen en pie cuando se detienen los aeropuertos, el turismo se pone en pausa y los motores se apagan. 

Es una inmejorable oportunidad para plantearnos la posibilidad de poner otras prioridades en nuestras vidas  y no las que pone la propaganda en nuestros corazones que solo pasan por bienes de consumo, y traslados por todo el planeta. Solo poniendo en el centro bienes intangibles como la solidaridad, la justicia social, y los lazos afectivos podremos construir un mundo donde todas y todos tengamos lo suficiente para la vivir y disfrutar de la vida con tiempo para actividades sociales, recreativas, políticas, eróticas, artísticas. A ese mundo algunos lo llaman Ecosocialismo.

Juan Pablo “Tucu” Perranchón

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Del MIDES de los derechos al MIDES para pobres

El Ministerio de Desarrollo Social se crea con la primera administración del Frente Amplio. Fue una decisión del Presidente de la República electo, en el entendido de que el primer gobierno progresista debía asumir la responsabilidad de una Estado presente y comprometido con los derechos sociales de las y los uruguayos.

El debate sobre desarrollo social fue fecundo. Hubo acuerdo en que el MIDES debía ser el organismo que promoviera la coordinación y articulación de las diferentes esferas de actuación del Estado orientadas a la construcción de la justicia y de la igualdad, y por ende a la mejora de la calidad de vida de la gente. El desarrollo social es la competencia sustantiva de un Estado democrático e involucra las políticas económicas y productivas, las políticas ambientales, las políticas sociales y culturales con el fomento de relaciones sociales solidarias, de respeto y promoción de la diversidad como fruto del ejercicio de la libertad.

Este mandato, que aparece con claridad en la ley de creación del MIDES,  no es lo primero que asociamos con él. Su identidad institucional se forjó con el Plan Nacional de Emergencia Social que se convirtió en su marca fundacional: el trabajo con los excluidos, grupos y sectores más discriminados, los que fueron incluidos en acciones programáticas como protagonistas a través de procesos centrados en la promoción de la autonomía y desarrollo de capacidades. 

En estos 15 años, aunque la identidad MIDES no se haya modificado,  su acción se complejizó. A través los Institutos asociados: de la Juventud, de las Mujeres, de las Personas Mayores, el PRONADIS, los programas de las Direcciones Nacionales fomentando espacios de participación de sectores específicos: mujeres rurales, organizaciones afrodescendientes, de la diversidad sexual, de la economía social, por mencionar algunos, más los sistemas de información y monitoreo, las plataformas de coordinación interinstitucional y de diálogo de organizaciones sociales. Se  avanzó en el reconocimiento de derechos y en acciones específicas.

Todo esto ha sido una gran sorpresa para las actuales autoridades. Recién están conociendo al MIDES y están asombrados. Aunque lo expresan de manera peyorativa: dispersión de programas, falta de coordinación y hasta argumentan problemas de transparencia. Este relato pierde pie con las primeras actuaciones de la presente administración, quienes efectivamente está partidizando sus direcciones nacionales y por eso le ha costado tiempo definirlas, ya que el reparto no es fácil. Sustituyen cargos técnicos administrativos como los jefes departamentales, en cargos de designación política; buscan desarmar los sistemas de información que daban transparencia a la gestión y hasta incluyen  un artículo en el proyecto de ley de urgente consideración (PLUC) para saltarse todos los procedimientos. Efectivamente esta administración, si este artículo se aprobase, no tendría más observaciones del Tribunal de Cuentas, simplemente  porque ningún expediente sería  intervenido por el Tribunal.

La diversidad impulsada por el MIDES fue un desafío permanente de coordinación interna y coordinación interinstitucional. Algunas áreas de política pública tuvieron mejores rendimientos que otras, sin dudas, siempre hay rectificaciones a realizar. Sin embargo, a mi criterio es un enorme logro programático, ya que el Ministerio se convirtió en un lugar de referencia para la ciudadanía a través de su puerta de entrada que parece cerrarán y de una amplia gama de organizaciones sociales y productivas, tanto nacionales como locales.

En Uruguay se fueron dando pasos para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales de los más diversos grupos que nos integran como sociedad, fruto de la acción crítica de esas organizaciones sociales. Es que la igualdad de derechos se sustenta en el reconocimiento de la diversidad de factores que actúan como barreras para la reproducción de la injusticia y desigualdad.

Efectivamente, era una ruta trazada que tuvo logros efectivamente comprobables, aunque el punto de llegada aún estaba lejos. 

Frente a la emergencia sanitaria actual, el Uruguay nuevamente vuelve a destacarse en la región; frente a la pandemia contamos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, con un nivel de formalización de trabajadores nunca antes visto en el país, con conexión informática casi universal, que permite la teleasistencia, y la educación virtual, por nombrar solo algunos logros, poco valorados por cierto, por el actual gobierno.

Simultáneamente a la respuesta a la pandemia, somos testigos del desarme constante y sostenido de los programas y estrategias de acción del MIDES. Bajo el título de ineficacia se desarma la concepción de derechos, el Estado ya no va a invertir tantos recursos en los sin voz, los programas más afectados son aquellos que iban dirigidos a los grupos más excluidos: los programas de calle, el seguimiento a núcleos familiares vulnerados, redes de apoyo territoriales, trabajo promovido, acciones culturales con jóvenes en los diversos departamentos, entre otros.

La concepción de que la política es cara es por demás clarificadora: es un rasgo del más profundo neoliberalismo, implementar políticas pobres para pobres. Ya no se requieren equipos interdisciplinarios para abordar complejas realidades fruto de la exclusión social y la marginación, alcanza con entregar mínimos – muy mínimos- para justificar la intervención del Estado.

Un ejemplo extraordinario de la concepción asistencialista, no basada en derechos, es la limitación de la libertad del más pobre. Siendo la libertad un valor por excelencia de este gobierno, no se han extendido las tarjetas de Uruguay Social (TUS), donde mediante las transferencias monetarias los sujetos pueden decidir qué necesitan. Por el contrario se organiza una iniciativa empresarial para el reparto de canastas mensuales, de un costo mínimo que alcanza para cubrir las comidas de unos pocos días de un núcleo familiar.

Una política social basada en el reconocimiento del deber del Estado en la construcción de la Igualdad Social y Justicia económica se sustenta en el vínculo con una ciudadanía activa que exige sus derechos y busca ejercerlos. 

Frente a la diversidad de intereses, posiciones y conflictos se requiere la participación organizada de la ciudadanía, el diálogo, y la negociación. Estos elementos orientaron al Ministerio de Desarrollo Social hasta febrero de 2020. Ahora parece que no es así.

El embate contra las organizaciones sociales, cooperativas e instituciones no gubernamentales, generando sospechas frente a incumplimientos de un minúsculo porcentaje, cuestiona de plano esta concepción.

No se está construyendo transparencia; los terceros molestan, con su mirada y su conocimiento desde adentro de la actuación del ministerio, ya que se convierten en testigos incómodos. Así se desarman los procesos de participación ciudadana y la construcción de redes de actuación indispensable para la convivencia democrática.

Lo que pasa es que unos entienden que la democracia se reduce a las elecciones cada 5 años y carta blanca posterior. Sabemos que la calidad de la democracia no se reduce a eso, desde las Naciones Unidas en foros internacionales donde por supuesto Uruguay participa y luego de las graves crisis históricas de los Estados de derecho comprendimos que la calidad de la democracia incluye la participación ciudadana, el control social y sistemas potentes de protección social basados en la calidad de los servicios.

Claro, sin duda alguna, la democracia no es un sistema ni barato ni sencillo.

Mariella Mazzotti

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Boletín #4: Derechos, bienes comunes, juventud y sociedad

Esta publicación, que pretende ser periódica, fue concebida para acercar reflexiones políticas en tiempos donde nuestra política presencial se ha visto interrumpida. En estos días circula mucha información, pero nos debemos un análisis político propio. Y compartirlo, circularlo, debatirlo es una urgencia cotidiana. Con la mediatez de la escritura, empezamos a generar este espacio de debate que ya cuenta con su cuarta entrega, entregas en las que buscamos abordar distintos temas desde las miradas que hemos hecho comunes en nuestra construcción política.

Esta semana les acercamos los textos sobre distintas temáticas: la tensión entre ambiente y producción y el retroceso que implica la LUC en relación a las áreas protegidas; el MIDES y la irrupción de la derecha en las políticas públicas para pobres; el espacio de las juventudes en la sociedad y en los lugares de militancia; la ética y el debate político; y como estamos cerrando mayo, se hace indispensable la referencia al silencio. Esta vez, les acercamos la columna de Constanza Moreira que fue publicada el año pasado, con motivo del 20 de mayo. Esta relectura es necesaria e iluminadora. En un año cambiaron muchas cosas, otras, como leeremos aquí, no cambiaron tanto. 

Son tiempos de reflexión. La realidad nos desafía todos los días. La inteligencia colectiva y la deliberación conjunta serán un modo de enfrentar este desafío

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Van de la mano: un modelo neoliberal y un Estado autoritario para implementarlo

El borrador del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), dado a conocer el 20 enero por el presidente electo Luis Lacalle Pou, más allá de los cambios que pueda recibir en el Parlamento, en su integralidad, en su concepto, refleja de forma fehaciente el proyecto de gobierno del presidente electo y sus aliados.

Esquemáticamente, y dejando de lado algunas partes del proyecto, este puede clasificarse en dos grandes grupos de artículos. Por una parte, aquellos que pretenden generar un marco normativo para profundizar e implementar un modelo económico neoliberal, y por otra, aquellos que impulsarían la creación de un Estado autoritario. Van de la mano: el segundo facilita la realización del primero.

El Estado neoliberal

El artículo de la LUC más directo en este sentido liberaliza la importación de petróleo crudo y sus derivados. Es claro que quienes entrarían a competir en este mercado serían empresas multinacionales (por ejemplo, Petrobras de Brasil, o Axion de Argentina). Estas tienen un mayor poder de mercado que ANCAP, y por lo tanto deja al ente estatal en una situación de desventaja, con una estructura de costos fija creada para abastecer a todo el mercado, que lo llevaría rápidamente a una asociación con una multinacional, o directamente a su privatización.

Uno más indirecto, pero que está vinculado a los programas de la coalición de gobierno, es el artículo que posibilita que operadores privados puedan proveer datos (internet) por cable, y por tanto aparezcan importantes operadores privados en un mercado que hasta ahora lo ha provisto sólo Antel. En los hechos, este artículo permitiría a operadores que venden datos vender servicios de televisión y viceversa. Además de actores nacionales, podrían entrar a este mercado empresas multinacionales, como Movistar y Claro.

Como se puede apreciar, estas medidas dan un enorme poder a empresas multinacionales en sectores en que hoy el poder lo tienen las empresas estatales y grupos económicos nacionales.

Junto con estas medidas se da mayor poder de autonomía a las agencias reguladoras de los sectores de la energía (URSEA) y las telecomunicaciones (URSEC); una señal clara de mayor “neutralidad” a la hora de establecer normas o discernir problemas de competencia entre las empresas multinacionales y las empresas estatales o nacionales.

Además, en el proyecto de la LUC se propone conceptualmente una tendencia mercantilizadora de la educación. Llama particularmente la atención el artículo que elimina la prohibición de Uruguay de firmar tratados internacionales que consideren a la educación un bien lucrativo o de mercado. Se estaría dando vía libre para firmar acuerdos comerciales que consideren a la educación como un servicio privado, y, como tal, comercializable.

En este mismo sentido, a escala nacional, también hay artículos que introducen una mayor participación de los actores privados en los organismos de decisión, así como modificaciones en este sentido a nivel simbólico. Por ejemplo, hacen desaparecer la definición de “público” del sistema nacional de educación.

Vinculado a la concepción de los derechos que impulsa este tipo de modelo económico, se elimina de la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) toda referencia a la pobreza y la emergencia social, además de retroceder en derechos de las personas mayores, personas con discapacidad y niños.

En cuanto a la inclusión financiera, deja librado a los empleadores el mecanismo de pago de sueldos; así quedan en desventaja los trabajadores más vulnerables (no cumplir el laudo, pagar en negro y no realizar aportes), además de permitir transacciones en efectivo, lo cual posibilita la evasión y el blanqueo de dinero.

Algo más específico, pero igualmente vinculado a esta concepción: una serie de artículos regulan el desalojo de viviendas de alquiler, eliminando derechos de los inquilinos y haciendo expedito el desalojo.

Estas medidas dan un enorme poder a empresas multinacionales en sectores en que hoy el poder lo tienen las empresas estatales y grupos económicos nacionales.

Por último, para cumplir con su promesa de reducir el gasto del Estado en 900 millones de dólares, desarrollan una gran cantidad de artículos que se proponen reducir el tamaño del Estado, y de su gasto. Empezando por la regla fiscal, que impondrá por un plazo de cinco años un límite al gasto en la Ley General de Presupuesto, que luego, independientemente de las condiciones del país, no se podrá cambiar. En este sentido también van los artículos de la disminución de ingresos de funcionarios según vacantes, el estudio de racionalización del Estado, y los artículos relacionados con la reasignación de los funcionarios públicos.

En realidad, la consecuencia de los modelos neoliberales, de reducir al mínimo la intervención del Estado, implica una menor regulación, una mayor liberalización de los mercados, incluido el mercado de trabajo, donde la variable principal es el valor del trabajo, es decir, el salario. Uno de los objetivos fundamentales de los modelos neoliberales, y así se ha observado en los países vecinos donde se han aplicado, es el recorte de las políticas sociales y la disminución del salario real, y por consiguiente la concentración de los ingresos y de la riqueza.

El Estado autoritario

Para imponer un modelo que permita reducir conquistas sociales, entre otras la del aumento del salario, se necesita de un Estado autoritario.

En primer lugar, y en este mismo sentido, el proyecto de la LUC propone que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones (…)” al derecho de huelga.

En segundo lugar, y de forma más categórica, el proyecto de la LUC plantea literalmente la prohibición del derecho a manifestarse en espacios públicos, y su inmediata represión: “Declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios (…)”; a continuación habilita el uso de la fuerza para su disolución, y por último permite la detención de sujetos que estén envueltos en estos “piquetes” y que cometan hechos “de apariencia delictiva”.

Luego de estos dos artículos, claramente restrictivos de derechos consagrados en la Constitución de la República, se propone una serie de artículos que blindan a la Policía para posibilitar el abuso de autoridad y violar derechos fundamentales, como las garantías del debido proceso y libertades individuales.

El primero de ellos es el de agravio a la autoridad: un individuo podrá ser castigado con hasta tres años de penitenciaría por el hecho de “agraviar, ofender o menospreciar” a un policía, por lo que quedará discrecionalmente en manos de la Policía reportar dichas acciones. Algo parecido surge con el artículo que define una condena de hasta tres años de penitenciaría por “resistencia al arresto”; algo que obviamente puede ocurrir, pero claramente también puede ser utilizado como mecanismos de abuso de poder de la autoridad. 

También en este capítulo de Seguridad se da potestades a la Policía a solicitar identificación a cualquier ciudadano; esto modifica la normativa vigente, por la cual la Policía puede solicitar la identificación en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia. 

Además, en varios artículos, se da potestades a la Policía para indagar y buscar pruebas, ampliando el plazo en que debe de comunicar dicha detención al fiscal, hasta el extremo del artículo 61, por el cual la Policía, para el esclarecimiento de un delito, “(…) podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener pruebas y aclarar el presunto delito imputado. Atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones del imputado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal”. Sin límite de tiempo, sin llamar a un abogado o al fiscal; ¿a través de qué mecanismo constitucional van a obtener la información?; ¿y si la persona se niega a declarar? ¿Será que están promoviendo que la Policía utilice métodos que se aplicaron en la dictadura?

Finalmente, el proyecto define la legítima defensa y la presunción de inocencia, respectivamente, tanto para los efectivos policiales como de las Fuerzas Armadas, dándoles el marco normativo necesario para que se puedan aplicar, con respaldo legal y hasta el extremo, todos los artículos anteriores con total impunidad.

Este proyecto de LUC no sólo da potestades a la Policía para que pueda haber situaciones de abuso, sino que lo respalda conceptualmente. En su artículo 151 elimina de la currícula de la formación militar y policial la obligatoriedad de estudiar derechos humanos.

El proyecto también modifica la Ley de Inteligencia, al pasar el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado de una Coordinación a una Dirección; propone que el director del sistema pase a formar parte del Consejo de Defensa Nacional, y explicita que el presidente de la República y el ministro de Defensa definen la política estratégica de inteligencia. En pocas palabras, la propuesta vigente, que considera la política de inteligencia como aquella que articula la información estratégica de todos los ámbitos, queda supeditada fundamentalmente a la defensa, una defensa que toma papel protagónico en la defensa interior, una inteligencia que es preparada nuevamente para investigar posibles “enemigos internos”.

Este modelo autoritario también se refleja en el proyecto de la LUC al interior del Estado. En este sentido, dirige políticas específicas hacia los funcionarios públicos. Por ejemplo, en la educación da mayores atribuciones al Ministerio de Educación y Cultura y menor autonomía a los organismos de la enseñanza. A su vez, posibilita en el Codicen que las resoluciones se aprueben por tres quintos, o sea, sólo alcanza con los votos de los directores designados por el Poder Ejecutivo (con venia parlamentaria), cuando actualmente se necesitan cuatro quintos. Se eliminan los consejos colectivos de los organismos de la enseñanza y se cambian por directores generales. Es decir, se concentra el poder de decisión en toda la pirámide. Para impedir la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución, se elimina también la libertad de cátedra.

En cuanto a los funcionarios en general, aumenta la movilidad de los del Estado central a los servicios descentralizados y viceversa. Se prevé una reestructura del Mides, en donde se podrá disminuir la jerarquía a los actuales funcionarios (léase disminuir la capacidad de decisión técnica de funcionarios que no sean afines ideológicamente al gobierno). A los efectos de un mayor control de los funcionarios, se pondrá delegados de la Oficina Nacional del Servicio Civil en todas las dependencias públicas.

Gustavo Buquet

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Adolescentes en conflicto con la ley. Cambios en la LUC

Las estadísticas marcan que los adultos son responsables del 94% de los delitos.

 ¿Hasta cuándo vamos a seguir condenando y criminalizando a los y las adolescentes?

Los cambios propuestos en materia de adolescentes en conflicto con la ley son contrarias a la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Uruguay y no respetan las reglas  internacionales de las Naciones Unidas para la protección de los adolescentes privados de libertad Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido una serie de principios que deben guiar y limitar el uso de sanciones privativas de libertad, medidas que en el caso de adolescentes deben caracterizarse por la excepcionalidad, la proporcionalidad de la pena, la duración mínima y la revisión periódica, además de asegurar el contacto de los adolescentes privados de libertad con su familia y su comunidad.

Esto incluso toma aún más importancia pues estamos ante una pandemia donde las condiciones de encierro pueden poner en riesgo la salud de nuestros adolescentes. Se debe considerar que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 31 de marzo 2020, a través del Comunicado 66/20 y respecto a las situaciones de Privación de Libertad en épocas de Covid 19, instó a los Estados Prevenir el arresto o la detención de niños y a sustituir las medidas de prisión de libertad por medidas alternativas. Así también se manifestó el Comité de los Derechos del Niño en las recomendaciones realizadas el 8 de abril a raíz de la situación generada por la pandemia.

 Nuestro país hace años se encuentra incumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente sus artículos 37 y 40, en los cuales se establece que la privación de libertad en adolescentes se aplicará sólo como último recurso y durante el menor tiempo posible. Con la aprobación de  la ley 19055 en 2013, se consagraron en nuestro ordenamiento algunas de estas violaciones, en tanto establece a través de la incorporación del artículo 116 bis del Código de la Niñez y Adolescencia, la privación de libertad obligatoria ante ciertos delitos, una  ley que desde su discusión inicial generó el rechazo del INAU, de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil. 

En este sentido, el proyecto de ley de urgente consideración enviado por el gobierno es un claro arrebato a los derechos y garantías de los adolescentes en nuestro país. No solo no cumple con las recomendaciones internacionales, sino que responde a una mirada adultocéntrica, al populismo punitivo, vincula las situaciones de adolescentes en conflicto con la ley con la “inseguridad” y lejos está de constituir una mirada integral y responsable sobre el sistema infraccional adolescente.

Los principales cambios del articulado son los siguientes:

– Limitación del régimen de la semilibetad, para un conjunto de delitos dentro de los que se encuentra la rapiña. Según informe de INISA fueron 97 rapiñas en 2019 el delito por el que más ingresaron a la privación de libertad y que en muchos casos son hurtos agravados. No creemos conveniente que se suprima este régimen que trata de establecer una forma progresiva y supervisada de incorporar a los adolescentes a la vida familiar y social.

– Se aumenta 10 años el máximo del guarismo de pena para los adolescentes que cometiere alguno de los delitos descriptos en la norma. Lo que puede llevar que en la práctica los aplicadores (jueces y fiscales) tiendan a aumentar exponencialmente las penas. Se propone esta modificación sin ningún tipo de justificación en las estadísticas, en un país donde la población adolescente privada de libertad es un número muy pequeño en proporción al mundo adulto. En enero de 2020 los números arrojan que existen 11.534 personas privadas de libertad de las cuales 296 son adolescentes. Esto ha sido un logro de las políticas educativas y sociales en estos 15 años de gobierno frenteamplista.

El encierro durante 10 años no es recomendado para ninguna persona, mucho menos para aquellas que se encuentran en pleno proceso de crecimiento y desarrollo como los y las adolescentes. Por otra parte hay evidencia de que las medidas de privación de libertad no son efectivas para la inserción social de las y los adolescentes. El aumento del tiempo de encierro puede traer consigo el aumento de los intentos de autoeliminación y suicidio, de la conflictividad interna, además de demandar otros factores como por ejemplo: mejora y aumento  de infraestructura y presupuesto, y aumento de funcionariado formado para trabajar con personas mayores de 24 años en situación de privación de libertad. 

Incluso el incremento de los tiempos de privación de libertad, aumentará exponencialmente la población a atender por INISA, lo que ha sido estudiado y proyectado por el Instituto. Según informe de INISA de febrero de 2020, con estas modificaciones la población llegará a 700 adolescentes privados de libertad, por lo que el presupuesto se deberá duplicar en un contexto económico nefasto.

–  Aumenta el mínimo de la pena en los mismos delitos a 2 años. Y mantiene la obligatoriedad de la privación de libertad como medida cautelar algo que nos hemos cansado de señalar conjuntamente con la doctrina, y los organismos internacionales como una medida anticonstitucional. 

– Modifica lo relativo a los antecedes, estableciendo la conservación preceptiva de los antecedentes en el listado de delitos y su usa en caso que el adolescente cometa algún delito luego de la mayoría de edad. En el régimen actual es facultativo que el Juez imponga la conservación de antecedentes como pena accesoria en 8 de esos delitos (aumentándose ahora el elenco a 12 delitos). Se deroga el inciso que refiere a la eliminación de antecedentes, con lo cual, en tales casos, los antecedentes se conservarían en forma perpetua.

– Se duplican los plazos de prescripción de los delitos cometidos por adolescentes y se solicita a los Jueces analizar aquellas circunstancias que “agraven” la pena. Ello claramente denota  la impronta punitivista que inspira al proyecto y la constante asociación de la adolescencia en conflicto con la ley con la “inseguridad” sin ninguna base científica.

INISA ha venido fortaleciéndose institucionalmente y trabajando con sociedad civil, UNICEF y otras Instituciones estatales en generar mayor oferta de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, como camino coherente con los estándares internacionales y adecuado a los derechos y al desarrollo de los adolescentes. Sin embargo, este proyecto no fortalece estas medidas, sino que se centra en la privación de libertad obligatoria y como único recurso, lo que será altamente perjudicial para las y los adolescentes.

Por otra parte, se estaría destinando presupuesto para aumentar las plazas en la privación de libertad, en vez de seguir avanzando en los derechos de esta población a la inserción social y educativa, con más programas de medidas alternativas y de salidas laborales y formativas para su vida en sociedad, un error que se pagará caro en el futuro del país, con generaciones que han pasado su adolescencia privados de libertad, en el momento de mayor desarrollo psicofísico, sin generar oportunidades para su vida adulta, llevará a generaciones perdidas, impactando en el desarrollo.

Dra. Maria Emilia Perez
Dra. Andrea Venosa

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Los derechos no caen del cielo

A los seis meses de asumir la presidencia de Francia, en 1974, Valery Giscard d’Estaing, que además de ser de derecha le había ganado las elecciones al socialista Mitterrand, tuvo que bancarse que la Asamblea Nacional aprobara la ley de «interrupción voluntaria del embarazo». Vale la pena recordarle al presidente Lacalle Pou, que es tan católico,un fragmento del diálogo que sostuvo Giscard con Juan Pablo II:

“Yo soy católico, pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (…) lo que tengo que hacer es velar para que la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia Católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia Católica pida a aquellos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. (…) Como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización’’.

En Francia, igual que en Uruguay, se había recibido en el Poder Legislativo información y opiniones de distintos sectores de la sociedad, el movimiento de mujeres y feminista, la universidad, organizaciones de derechos humanos, jerarquías religiosas de distintos credos, etc. El debate parlamentario incluyó posiciones honestas, arbitrarias, científicas, y disparatadas. Allí también dijeron, como aquí, que la ley de IVE sería responsable de que bajara la población, que las mujeres usarían el aborto como método anticonceptivo, que el cuerpo médico se negaría a practicarlo. La historia demostró que aquello de que la población bajaría era un cuento –eran 53 millones en ese entonces, ahora son 64-; que el personal médico que alegaba afectación de conciencia se iría reduciendo y que las mujeres, con más conciencia que nadie, siguieron prefiriendo los métodos anticonceptivos al aborto, al que pueden recurrir  gracias a la existencia de una ley que respeta el derecho a la salud y su derecho a decidir. 

A nadie se le ocurre en Francia poner en entredicho esa ley. Pero en Uruguay, un señor pastor que se dice periodista, aprovechó una de las tantas conferencias del gobierno referidas a la pandemia, para hacerlo, razón por la que la idea de ser “un presidente de todos los uruguayos” que tanto le gusta a Lacalle Pou estuvo, si se me permite la palabra, por abortarse.  

No quiero detenerme a comentar la forma en que de un plumazo, los fetos pasaron a ser niños, las mujeres madres, y nuestro país a regirse por la Concepción Oriental del Uruguay. Ni detenerme a responder al presidente que la mayoría de la gente de este país es pro vida de las mujeres y su derecho a decidir, porque la propia vicepresidenta, Beatriz Argimón, salió a la prensa a recordar el compromiso que asumieron de no retroceder en la agenda de derechos.

Al contrario, me gustaría resaltar que en medio de esa “aglomeración” de palabras, el presidente también dijo que respetaría la ley que despenalizó el aborto porque fue votada por el parlamento y reafirmada por la ciudadanía. Menos mal. Me hubiese gustado que lo dijera más fuerte y claro, pero no se animó. 

Capaz que en una próxima conferencia aprovecha para defender el Estado laico y por más católico que él sea, reconoce que los derechos no caen del cielo, aunque lo fuerce a decirlo la voz de Dios hablando por una emisora llamada “Radio Felicidad”.

Lucy Garrido