Durante todo el año pasado, los uruguayos fuimos bombardeados en forma excepcionalmente abusiva, desde la prensa oral, escrita y televisiva, con un único tema: el caso Sendic.
A juzgar por la trascendencia dada, por el espacio que ocupó en los informativos y en programas diversos dedicados a comentar la actualidad política, económica y cultural, pudo pensarse, que se trataba del escándalo de corrupción mayor de la historia reciente. Todo comenzó cuando se hizo público el déficit de Ancap y la necesidad de capitalizarla en 600 millones de dólares.
Las principales figuras políticas de todos los partidos de la oposición, -curiosamente vestidos todos de gabardina color arena- se dieron cita en las puertas del Juzgado para entregar un voluminoso expediente a la Justicia, con más de diez acusaciones sobre la gestión de la principal empresa estatal: la petrolera Ancap, durante el período en que fuera presidida por Raúl Sendic.
.A la acusación surgida desde el ámbito político-parlamentario, se le sumó la aparición en escena de dos periodistas del diario El Observador, quienes se dedicaron a investigar todo lo que podía ser reprobable, escandaloso o negativo en la vida de Sendic. Descubrieron así, la inexistencia de su título de licenciado y el mal manejo de las tarjetas corporativas, en las cuales aparecían gastos que él no pudo justificar, y que todo hacía suponer que eran gastos personales cargados a la cuenta de la empresa de todos..
Las jóvenes periodistas cobraron notoriedad cuando publicaron sus investigaciones en un libro titulado “La carrera del hijo pródigo” –título con el que se le pegó por elevación a su padre, el legendario líder guerrillero- y que se vendió como pan caliente. Era evidente que –sin perjuicio de los errores u horrores cometidos por el acusado- había un interés especial en destruir la carrera política de alguien que podía perfilarse como una figura de relevo en el Frente Amplio.
Intervino la Jutep y el Tribunal de Conducta Política del FA, que se dispuso a actuar de oficio, dada la gravedad de los hechos. La condena fue durísima.
Todo terminó con la renuncia de Raúl Sendic a la Vicepresidencia de la República, después de que su nombre fuera sometido al peor escarnio y al mayor escándalo público de los últimos tiempos.
El Frente Amplio se sobrepuso con una digna sobriedad al doloroso episodio, haciendo la transmisión del mando sin mayores ceremonias ni alharacas.
La oposición y los detractores del FA querían hacer de la renuncia, un nuevo hecho político que jugara a su favor. Y algunos quedaron pidiendo una condena explícita por parte del Plenario del FA y del cuerpo legislativo hacia la persona del renunciante Vicepresidente. Querían más linchamiento y más escándalo. El ensañamiento sobre la persona de Sendic quedó particularmente en evidencia, cuando la Vicepresidenta Lucía le permitió el cobro del subsidio que se le adjudica a todos los parlamentarios renunciantes antes de la fecha en que finaliza la legislatura. Se levantaron las voces enardecidas condenando el hecho.
Sendic renunció también al cobro anticipado del subsidio.
Y a partir de entonces, comenzó a apagarse el incendio y a desplazarse el centro de atención hacia otros asuntos.
En la tercera semana de marzo, dos sucesos importantes se dieron casi juntos: se expidió el Fiscal Pacheco sobre el caso Ancap, y se publicó parte de una investigación realizada por legisladores frenteamplistas sobre el uso de las tarjetas corporativas durante todo el período 2000-2016.
Con respecto a lo primero, la montaña parió un ratón. El Fiscal pidió procesamiento sin prisión para todos los directores de Ancap, al tiempo que manifestó que levantado el secreto bancario, no se había constatado enriquecimiento ilícito de ninguno de ellos.
Con respecto a lo segundo, la investigación sobre tarjetas corporativas, destapó un escándalo de proporciones, que esta vez recayó sobre figuras del Partido Nacional y el Partido Colorado. Se supo que todos los Directores del BROU, en el período 2000-2005, bajo el gobierno de Batlle, efectuaron gastos con su tarjeta corporativa en joyerías, licorerías, bazares y demás comercios por un monto total de 21.000 dólares.
Pero lo peor, fue que uno de ellos, el ex Director García Pintos, declaró a Radio Sarandí, que sí había efectuado los gastos, porque era una prerrogativa o un derecho que tenían los Directores en ese momento, y que entre los gastos efectuados con su tarjeta, figuraban los aportes que él hacía mensualmente al Partido Nacional.
La reacción no se hizo esperar: estallaron las redes sociales con fragmentos de la entrevista, acompañados de textos donde la gente indignada, hacía notar que mientras el país entero soportaba la durísima crisis del 2002, el Bco República, -el banco de todos- financiaba gastos personales y partidos políticos. El hashtag #BROU se hizo tendencia en Twitter en pocas horas.
Y el Honorable Directorio del Partido Nacional, tuvo que salir públicamente a condenar los dichos de su ex Director, a la vez que se comprometió a realizar una investigación y a devolver el dinero mal habido. Cuesta creer que el Directorio no supiera nada al respecto. Y cuesta creer que parlamentarios que tienen unos cuarenta años en la vida política, ignoren que estas prácticas eran moneda corriente hasta 2005. Paradójicamente, Calloia –hoy procesado por abuso de funciones- fue quien puso fin al despilfarro de las tarjetas de los Directores del BROU, con la redacción de un reglamento destinado a regular su uso.
Los errores ajenos no absuelven los propios. No. En absoluto.
Pero sirven para desenmascarar a los moralistas hipócritas que se desgarraron las vestiduras por el mal manejo de los dineros públicos, cuando tienen varios muertos en el ropero; a políticos que usaron el caso Sendic para conseguir votos para sus partidos o sectores, y a periodistas que buscaron sus quince minutos de fama, a costa de destruir moralmente a un ser humano.