Venezuela está otra vez en el ojo de la tormenta. Con ello, otro sinfín de exhortaciones, condenas y actitudes injerencistas se entrelazan con el desgastado debate democracia-dictadura. Esta polémica logró convertirse en el relato hegemónico de la crisis política y económica del país caribeño. Reforzado, además, por una cobertura mediática desmedida, que logró trasladar de una punta a otra del planeta un mensaje demonizado sobre la situación del país.
El éxito de ese relato hegemónico, se evidencia también en que no hablamos de Venezuela si no es para condenar o absolver “el régimen” de Nicolás Maduro. Partiendo de que la crisis de Venezuela es polifacética y no debería circunscribirse a su territorio geográfico, en los siguientes párrafos me centraré en destacar algunos hechos geopolíticos que dan cuenta de la “espacialidad” de la disputa.
En un artículo sobre el retorno de la geopolítica (2013) en los estudios de Relaciones Internacionales, el investigador Andrés Rivarola Puntigliano, del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo, reflota la vieja pregunta que se hacían los realistas norteamericanos para analizar las relaciones internacionales: “¿Quién puede hacer qué a quién?”. Y si bien es cierto que para responderla hay que asumir algunas verdades desagradables sobre las que descansa esta tradición teórica, los acontecimientos de las últimas semanas en Venezuela no deberían pasar inadvertidos, principalmente para aquellos que, de una u otra forma, inconscientes o no, se han posicionado detrás del interés que tienen las grandes potencias internacionales sobre el territorio venezolano (y latinoamericano). El lugar geopolítico que ocupa este país y sus reservas de petróleo no deberían ser a esta altura un secreto para nadie, tampoco el juego evidente que proyectan Estados Unidos, Rusia y China.
En las últimas semanas, el oficialismo y la oposición venezolana volvieron a jugar sus peores cartas. Si durante varios meses creíamos que las negociaciones en República Dominicana habían logrado poner un freno a la tensión permanente entre el gobierno de Nicolás Maduro y la difusa pero poderosa oposición, estábamos equivocados. El acuerdo “por el diálogo y la paz” para Venezuela, que tuvo como principales mediadores al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente dominicano Danilo Medina, no obtuvo la rúbrica de la oposición. La decisión del oficialismo de adelantar los comicios presidenciales para el próximo 22 de abril, generó la reacción esperada por parte de la oposición: el “boicot de las presidenciales” y la declaración de Estados Unidos, reprobando la decisión del gobierno de Nicolás Maduro.
La portada de El País de España del pasado 14 de febrero afirma que el gobierno venezolano está cada vez más solo en la región. En la nota se alude a que las “potencias de América” decidieron ahondar el aislamiento al gobierno de Nicolás Maduro. Esta ofensiva se suma a la decisión del Mercosur, que por tiempo indefinido suspendió al país caribeño meses atrás. Las “potencias de América” realizaron, en el marco de la reunión preparatoria de la VIII Cumbre de las Américas, una conferencia de prensa para condenar la decisión de Venezuela de adelantar los comicios presidenciales. Estas “potencias” forman parte del denominado Grupo de Lima, compuesto por 14 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía). Es un espacio de concertación política que se estableció en agosto de 2017 con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida “democrática” a la crisis de Venezuela y que actúa al margen de organismos que sí tienen institucionalidad jurídica como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Con su declaración, el Grupo de Lima aparece con fuerza durante la gira por América Latina del Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corporation. En los mismos días, se reunieron el vicepresidente colombiano Óscar Naranjo y el jefe del Comando del Sur de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd. En dicha reunión, ambos países se comprometieron a seguir fortaleciendo los vínculos en favor “de la seguridad y la estabilidad del hemisferio”, según consta en la cuenta de Twitter @ViceColombia, el 10 de febrero. Dos días después, Colombia y Brasil movilizan sus tropas militares a la frontera con Venezuela, aludiendo a la crisis humanitaria y migratoria. Unos días antes (el 6 de febrero), Venezuela y China firmaron un acuerdo en materia de seguridad y defensa. Este acuerdo se suma a varios proyectos militares que están en curso entre ambos países. Entre ellos, el reequipamiento de la Infantería de Marina de 2012, a cargo de China North Industries Corporation (Norinco), y proyectos que incluyen la dotación de armamento antisubmarino y misiles antibuque construidos por la empresa Navantia, de capital español. A finales de 2017, Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para la reestructuración de la deuda venezolana por un importe total de 3.150 millones de dólares. A través de este acuerdo Rusia acordó reestructurar la deuda venezolana mediante un nuevo esquema que se prolonga a diez años. Según este nuevo esquema, esto permitirá al país mejorar su solvencia. La deuda pública externa de Venezuela se reparte entre deuda gubernamental y deuda de la petrolera estatal, Pdvsa, que tiene deuda con la rusa Rosnef por 6.000 millones de dólares. El pasado lunes 26 de febrero, en el marco de la 37ª Reunión del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los cancilleres de Venezuela, Jorge Arreaza, y de Rusia, Sergei Lavrov, reafirmaron la disposición de fortalecer alianzas estratégicas de cooperación bilateral, según aparece en la cuenta de Twitter del canciller venezolano, @jaarreaza. Ese mismo día, el “Grupo de Países Afines” de la ONU rechazaron “la injerencia e intervención imperial” en los asuntos internos de Venezuela. Los países que integran esta coalición son: China, Rusia, Pakistán, Nicaragua, Bolivia, Etiopía, Sudán, Cuba y Egipto.
El 23 de febrero, la Organización de Estados Americanos exhortó al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria a las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral. Esta resolución se produce en el medio de cuestionamientos a la actuación de este organismo sobre la crisis política de Honduras, que le costó la renuncia del vocero de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en ese país, Juan Jiménez Mayor.
Venezuela es el territorio en disputa de las grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia. También es la disputa entre los partidarios de la Revolución bolivariana y de los que abrazan el neoliberalismo de forma desmedida. De izquierda y de derecha. Una disputa entre las élites actuales (ejército y gobierno) que aspiran al socialismo como modelo de desarrollo económico y social, y las viejas élites, que toman como referencia una representación idealizada del capitalismo liberal. En medio de estas batallas, la cultura rentista persevera y Venezuela apenas avanza en la superación de sus limitaciones estructurales, que la vuelven dependiente como el resto de América Latina.
El debate, tal y como se ha planteado hasta el momento, nos limita al binomio dictadura-democracia. No se trata de una reflexión profunda sobre calidad democrática, crisis humanitaria o respeto a las minorías, sino de un baile de etiquetas viciado de antemano y funcional al relato hegemónico. Como tal, invisibiliza los hechos recientes a los que nos hemos referido anteriormente, ignorando las acciones que desarrollan las potencias y las fuerzas “interamericanas” en Venezuela y América Latina.