La Cámara de Senadores dio media sanción al Proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que dispone la inexcarcelabilidad del homicidio Intencional. Este proyecto forma parte de los acuerdos multipartidarios realizados en 2016. La Senadora Constanza Moreira no acompañó la votación del Proyecto.
Moreira comenzó diciendo que cuando se habla de los acuerdos de la Torre Ejecutiva, parece que estos emanaran de una cúpula de dioses que los simples mortales solo tuvieran que ratificarlos sin más. “Esa no es mi idea de la política, para nada; no es mi idea de la división de poderes, ni es mi idea de la consideración exhaustiva, racional, desapasionada y sistémica que tienen que hacer los legisladores, especialmente cuando se trata de la ley penal.”
“Usar la ley penal para dar señales a la población es un gran error, un grave error que se viene cometiendo sistemáticamente. La ley penal es la última ratio, es el último recurso para cuando falla todo lo demás, porque si no, un día vamos a volver a la Ley del Talión. Usarla como primer recurso cuando hay un problema de inseguridad no solo es desaconsejado por la doctrina, sino también desaconsejable políticamente a la luz de los resultados que ha tenido, por lo menos en el Uruguay” dijo la senadora.
Agregó que si todas las cátedras de Derecho Penal del país están de acuerdo en el carácter negativo que tienen estos dos artículos del proyecto de ley es porque hay algo de la “ciencia jurídica” que desaconseja repetidamente que se voten este tipo de proyectos.
Comenzó citando al profesor Langón, quien dice que «El homicidio es una figura tradicional que integra lo que llamamos el “derecho penal nuclear”, por lo que cualquier modificación que se plantee al respecto, debe ser tomada con mucho cuidado y consideración». «La regla sería no innovar, ni modificar este tipo de delitos ya asentados en doctrina y jurisprudencia, debiendo decirse por otra parte, que en general somos contrarios a cualquier reforma parcial del Código Penal, como las que se han realizado profusamente en las últimas décadas, porque terminan alterando la unidad del sistema».
A su vez, la Universidad de la República ha dicho que existe otro problema con este artículo: impedir que los jueces evalúen las circunstancias concurrentes a efectos de prever la excarcelabilidad por imputación de homicidio con mayor libertad de las ataduras que propone la redacción proyectada. “Les vamos a dar escrito, por ley, todo lo que tienen que hacer. Es el sueño del legislador: decirles a los jueces exactamente lo que tienen que hacer”, dijo la senadora.
Por otra parte, está la agravante para jueces, policías y fiscales. Sobre esto los catedráticos de Derecho Penal de la Universidad de la República dicen que la incorporación de la agravante es desaconsejable y que no parece aceptable una circunstancia que extrema la pena al máximo admitido en el derecho penal nacional cuando, llegado el caso, el intérprete carece de la delimitación necesaria de los alcances de la protección de la víctima. ¿Es tan solo en su calidad de policía, fiscal o juez, o es exigible algún requisito adicional, como lo es el ejercicio del cargo o el haberlo ejercido? Dice este informe: «En efecto y ante todo, la protección especial frente al delito de homicidio de determinadas personas, a través de la acentuación de penas, no hace honor al principio de igualdad».
Moreira comentó que no se sabe cómo va a terminar el aumento de penas, las cuales han aumentado desde los años 90 y el delito ha continuado aumentando también. “No existe una correlación entre aumentar penas y disminuir el delito. ¡No existe! Lo que sí existe es la pretensión moral de que la severidad con el delito nos hará ejemplares a los ojos de una sociedad fragmentada, violenta y desigual. A mi juicio, solo eso existe: pretensiones de autoridad moral de los legisladores.”
Moreira citó al titular de la Cátedra de Derecho Penal Germán Aller quien se refirió a que el tope mínimo de Uruguay de cuatro años por rapiña es una locura. “¿Tiene que decirlo el grado 5 de la Universidad de la República para que se escuche alto y fuerte?” Aller dice que «La rapiña tendría que equivalerse, en el viejo sistema, a tener una rapiña también excarcelable. Claro, siempre vamos a tener el problema de cómo explicar esto a la población por la presión mediática y tantas otras deformaciones,… ». “Me gusta la palabra «deformaciones». ¿Por qué? Porque detrás de ella está la palabra «formación», y lo que hace la presión mediática es formar a la opinión pública para que en la próxima encuesta el 54 % pida pena de muerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir contra la Constitución?”, comentó Moreira.
Finalizó su intervención diciendo que “una vez más, como la gota que horada la piedra, estoy en este Parlamento protestando y luchando por las mismas cosas, por recoger lo que creí que era una tradición de mi país, que era la benignidad penal. Pero, claro, la benignidad penal a veces se aplica cuando tenemos en discusión la irretroactividad de los crímenes de lesa humanidad, pero brilla por su ausencia cuando estamos discutiendo esto. Votarlo es un error; nos lo han advertido todos los integrantes del coro de esta tragedia y nosotros vamos, con los ojos vendados, hacia el abismo. Es un error que lamento denunciar otra vez y creo que el camino que seguimos con la reforma de la Justicia, que tantos años llevó, empezamos a desandarlo con la aprobación de este tipo de proyectos.”