El martes 3 de julio se votaron en Cámara de Senadores las modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) enviadas por el Poder Ejecutivo. La banca de Casa Grande estuvo ocupada por el senador Rafael Paternain. Casa Grande no acompañó lo relacionado con la regulación de la prisión preventiva y el artículo referido a las libertades anticipadas.
Paternain comenzó recordando que hace dos años votaban las modificaciones al Código de Proceso Penal y que en aquel entonces señalaban que la suerte de esta gran reforma iba a depender de la capacidad de sostener, contra viento y marea, las novedades y el cambio y la alteración de las lógicas que este Código suponía. Agregó que era evidente que en algún momento una reforma procesal penal iba a tener su contrarreforma y que no era un dato extraño en el contexto de América Latina.
“Lo que no imaginamos es que la contrarreforma llegaría tan rápido. Es evidente que llega rápido porque tenemos una situación seria en materia de seguridad. Es evidente que esta contrarreforma llega rápido porque hay una inercia muy notoria e importante de los actores institucionales involucrados. Nos cuesta mucho, desde la base hasta la cúspide, modificar comportamientos institucionales muy arraigados. Esta contrarreforma llega rápido porque, de alguna manera, todos compartimos el patrón de la cultura inquisitiva, o estamos socializados en él. Tenemos un extraño habituamiento, un extraño consenso punitivo en torno a estos temas y es muy difícil desembarazarse de esas lógicas. Por lo tanto, entendemos que esta contrarreforma llegue con esta celeridad.”
Confirmó que Casa Grande no acompaña lo relacionado con la regulación de la prisión preventiva y los cambios, los viejos y los nuevos, que se introducen al instituto de las libertades anticipadas. La razón es debido a que supone que alteran sustancialmente la lógica de estos institutos y porque en el fondo tienen la pretensión deliberada, aunque no dicha, de seguir utilizando la cárcel como el primer mecanismo y como un mecanismo incapacitante.
Agregó que no es un capricho y que esta misma posición ha sido señalada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Asociación de Fiscales del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el propio fiscal de corte en algunos aspectos puntuales, la cátedra de Derecho Penal, la cátedra de Derecho Procesal, infinidad de organizaciones sociales como Serpaj, Ielsur, Cotidiano Mujer, los Jóvenes del PIT-CNT, etcétera, y por académicos de distintas disciplinas y procedencias, a lo que habría que sumar el testimonio y la opinión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ricardo Pérez Manrique.
Agregó que hay una relación cierta y probadísima entre cárcel y pobreza. “Al fin y al cabo controlar, incapacitar, castigar a los sectores más vulnerables es, en general, el fondo de este tipo de iniciativas. Hay una vieja sentencia muy conocida que quiero traer aquí y que dice que el sistema penal, en última instancia, es un perro rabioso que muerde siempre sobre pies descalzos. Me parece que sobreabundan los inoculadores de rabia.”
Informó que en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá se han hecho estudios predictivos sobre la probabilidad del riesgo de la reincidencia, que han mostrado muchas cosas, pero uno de los resultados más contundentes es que hay una relación estrechísima entre cárcel y reincidencia.
“¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos tener más presos, más población carcelaria de la que existe para habilitar una baja en la tasa de delitos? ¿Queremos entorpecer las posibilidades de que siga incrementándose la cantidad de personas con sentencia? Esa es una de las grandes apuestas a la que se afilia este nuevo código, es decir, poder revertir efectivamente la cantidad de personas privadas de libertad con condena frente a la cantidad de personas que están en situación de espera de condena. ¿Queremos entorpecer este mecanismo?”
Para finalizar agregó que la solución punitiva nos deja con más costos que beneficios. “Quiero dejar instalada una duda, una pregunta, una inquietud, que es de fondo: ¿hasta qué punto lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo en materia de segregación punitiva no termina reforzando los problemas de la marginalidad, la vulnerabilidad y la reproducción ampliada del delito? ¿Hasta qué punto este tipo de soluciones en realidad no agudiza o refuerza los problemas que queremos evadir? Esto no es problema del ministro, no es problema de un gobierno y ni siquiera es el resultado de una mala o de una buena gestión. El problema es el camino en que estamos embarcados desde hace por lo menos tres décadas, es la ruta en la cual estamos y de la que no podemos salir. Creo que es hora de que nos desviemos un poco si no queremos extraviarnos del todo.”