El Senado aprobó el proyecto de ley de desalojos colectivos que busca generar un resguardo para las familias que enfrentan un desalojo colectivo y facilitar el acceso a la propiedad del predio a los ocupantes de más de cinco años ininterrumpidos a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
La Senadora de Casa Grande, Constanza Moreira comenzó resaltando cuál es el sujeto detrás de ésta modificación: los asentamientos, aquellos que están detrás de la ciudad y que se reproducen en todo el Uruguay. Estos no están en crecimiento aunque resaltó que en Montevideo, Canelones y Maldonado y el norte del país son una realidad importante. A pesar de la reducción de la pobreza de un 40% a un 7% en los últimos 15 años, la senadora se pregunta cómo es posible que la población que vive en los asentamientos sea la misma. “Me parece que esto tiene que llamarnos a la reflexión y a ver lo que está en juego en este proyecto de ley, que es el tema de la propiedad privada.”
Constanza planteó la realidad del aumento del valor de la construcción que se duplicó entre 2005 y 2014 mientras que el valor de la tierra se triplicó. “Esto es como la situación de la desigualdad: por más que yo implemente políticas sociales y reduzca la pobreza, si del otro lado ese capital físico que es la vivienda, la tierra, se valoriza cada vez más, es como participar en una carrera muy difícil, en la que siempre voy corriendo de atrás de muy diversas maneras, porque también queda poca tierra pública. Creo que eso explica la brecha entre la reducción de la pobreza y el número”.
Con respecto a la modificación legal agregó que el desalojo no va a dejar de existir por esto. “En la legislación anterior se daba diez días a las familias para iniciar una acción legal y no ser desalojadas. Los señores senadores, ¿han visto la situación en la que vive esa gente? ¿Están enterados de sus derechos? ¿Están enterados de que tienen diez días para iniciar una demanda? ¡¿Tienen recursos legales como para iniciar una demanda?!”
En este sentido agregó que la ley de desalojo sigue vigente y que ésta excepción para casos determinados viene a producir un equilibrio entre el derecho a la propiedad, a la vivienda, y el uso responsable. “No se trata aquí de que como es propiedad privada, es mío y si quiero lo rompo. Esa propiedad puede valer para algunas cosas, pero no para el uso del suelo. El suelo es un patrimonio común; es la base sobre la que se asienta la nación.”
Según la senadora, no están tan mercantilizadas la educación y la salud como lo está la vivienda. “Se trata de lograr un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda y el rol del Estado, porque también el proyecto de ley estipula que este se tiene que hacer corresponsable en cuanto a asignar un nuevo lugar para aquellas personas que son desalojadas. De otra manera, ¿a dónde las echamos? A la calle; a vivir debajo de un puente, como se decía antes. Por ello el Estado también debe tener esa responsabilidad.”
Por otro lado, además de modificar el plazo del lanzamiento, el proyecto de ley cambia la modalidad del juicio y establece el juicio ordinario, que es más lento, más garantista y tiene más plazos, y permite tener más tiempo para enfrentar con recursos legales la defensa contra las decisiones de lanzamiento.
Moreira terminó con una reflexión sobre el optimismo liberal de los noventa y el abandono del rol del Estado. En este sentido planteó la necesidad de defender que el Estado reserve una parte de sus recursos para la vivienda. “A las ideas del abandono del rol del Estado y del impulso del mercado, se sumó la idea de que aumentando la oferta de viviendas se iban a reducir los alquileres. Pero no provocó ninguna baja; por el contrario, los precios de los alquileres y de las viviendas están disparatadamente altos, y el metro de construcción es carísimo.”
“En realidad, los problemas de vivienda no solo tienen que ver con la vivienda, sino con el uso del suelo. Sigo afirmando que el suelo que nos sostiene es un patrimonio común y no se puede hacer cualquier cosa con la vivienda” agregó la senadora.
“En nuestra sociedad ideal no hay asentamientos precarios y tampoco desalojos colectivos que no impliquen una relocalización inmediata de las familias; en nuestra sociedad ideal no hay un uso especulativo del suelo; en nuestra sociedad ideal no hay una vivienda cuyo valor de cambio supere su valor de uso; en nuestra sociedad ideal los derechos a la vivienda y a la propiedad privada están absolutamente equilibrados”.
Imagen: Ecos.la