El Senado aprobó un proyecto de ley que otorga a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia y control de la seguridad pública en la frontera. En su intervención, la Senadora de Casa Grande aseguró que está en total desacuerdo con lo que cree debe ser la necesaria separación entre el rol de las Fuerzas Armadas y el de la Policía. Parafraseó al fiscal de corte que dice que regular las relaciones entre las instituciones de un Estado que están autorizadas a portar armas siempre es una cuestión delicada. “¡La adjudicación de funciones y la regulación tienen que ser completamente específicas, porque estamos hablando de instituciones armadas del Estado! ¡Y no solamente estamos hablando de las instituciones armadas del Estado sino de sus relaciones con los ciudadanos que pueden ser sometidos a la intervención de dichas instituciones! El Uruguay tiene una historia horrible respecto a esto, tiene una horrible historia en relación con la militarización de la seguridad pública y tiene una horrible historia en relación con la actuación de sus cuerpos armados respecto a los civiles indefensos. Así que perdónenme que sea absolutamente susceptible respecto de este vínculo entre los cuerpos armados y los ciudadanos.”
También se refirió al avance de la militarización en América Latina y se refirió al candidato a presidente de Brasil Jair Bolsonaro. “No es casual que tengamos un militar candidato a presidente con un militar candidato a vice en el país que, después de Colombia, es el que más militarizada tiene su seguridad pública. La militarización avanza en América Latina ante la demanda de seguridad de las sociedades. Avanza la seguridad en relación con la libertad.”
Constanza agregó que colocar a las Fuerzas Armadas con potestades de auxiliares de la Justicia en la franja de los veinte kilómetros no poblados de la frontera es una manera de empezar a cederles terreno en materia de seguridad pública. “El argumento es el apoyo al combate del narcotráfico en las zonas de frontera. Ahora bien, las organizaciones de narcos no son ejércitos. No cuentan con sistemas de armas mayores ni despliegan tácticas militares. Y aun en el caso de que esto sucediera, el Gobierno contaría para lidiar con ello con las fuerzas militarizadas o intermedias que ya existen dentro de la propia Policía y el Ministerio del Interior, que para eso hemos incrementado recursos, recursos humanos, capacitación y presupuesto a lo largo de estos años.” Además agregó que las Fuerzas Armadas no estudian temas de lavado de activos y narcotráfico. “Ningún programa de estudio en las Fuerzas Armadas contempla estas cuestiones, lo que demuestra la total desvinculación entre la formación de quienes se preparan para la guerra y la de quienes luchan contra la criminalidad.”
Finalmente se refirió a la redacción del proyecto: “La redacción original que vino del Poder Ejecutivo era terrible. Cuando cedemos a las Fuerzas Armadas estas funciones en la seguridad pública tipificamos tres: el patrullaje, la identificación de personas y control de vehículos, y la detención o arresto en caso de flagrante delito. El estudio, el trabajo concienzudo y la investigación del señor senador Martínez Huelmo sobre el artículo 3.º llevan a la modificación mediante la cual cualquiera de estas acciones deberá ser comunicada al fiscal o el juez de turno. Estoy de acuerdo con esta modificación, pero insisto en que estamos innovando y colocando a las Fuerzas Armadas en el rol de auxiliares de la Justicia.”
“Hay una tendencia en América Latina a la militarización de la seguridad pública –de hecho, nosotros ya tenemos instalada esta discusión– y, por lo tanto, no me parece coherente votar este proyecto. Lo hago por disciplina partidaria y porque la modificación deja algún resguardo garantista con respecto a estas funciones y, además, por respeto a mis compañeros. Sin embargo, no puedo estar más que absolutamente en contra de la militarización de la seguridad pública.”
Imagen: Radio Uruguay