Ante las decisiones del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, vinculadas a los tribunales de honor que juzgaron las conductas de José Gavazzo y Jorge Silveira, Casa Grande expresa:
Su respaldo total al Presidente de la República Tabaré Vázquez, y a su decisión de cesar en sus cargos a los generales integrantes de dichos tribunales de honor, en el marco de la plena vigencia de la Constitución y de la necesaria subordinación de las Fuerzas Armadas (FFAA) a los mandos civiles.
Nuevamente, que los gravísimos hechos que condujeron al Presidente Vázquez a tomar la referida decisión fueron tres:
- Por primera vez, un militar reconoce la participación institucional de las FFAA y la suya propia en un caso de desaparición de un detenido dentro de un cuartel del ejército.
- Los principales mandos del ejército, en los argumentos manejados en los fallos realizados por los mencionados tribunales de honor, no consideraron estos hechos como una deshonra para los militares involucrados, ni para su propia institución. Con esta actitud, los principales mandos del ejército demuestran un absoluto desprecio por los principios democráticos más elementales, y una complicidad explícita con el terrorismo de Estado.
- Los generales que integraron los tribunales de honor, además del excomandante en jefe Guido Manini Ríos, mintieron u omitieron información relevante en su fallo, que concluye que: “no existe convicción para fundamentar que los oficiales sometidos faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales o los suyos propios”.
La gravedad de estos hechos demuestra que las máximas autoridades del ejército, luego de 34 años de democracia, siguen convencidas de que se justifican las acciones de las FFAA durante la dictadura.
Esta situación rompe el mito con el que han convivido algunos sectores políticos, que consideran que las FFAA ya se han democratizado. Por el contrario, nosotros/as pensamos que, en esta tarea, prácticamente no se ha avanzado. Los avances, hay que destacarlo, fueron producto de algunas excepciones, como la conducción del Ministerio de Defensa Nacional por el Dr. Jorge Menéndez, quien pudo destrabar la realización del proyecto de ley orgánica militar, dormido en los cajones de los comandantes, por responsabilidad de las autoridades anteriores.
Este escenario de desconfianza en los mandos genera incertidumbre en la población civil. Cada vez que se nombra a un nuevo Comandante en Jefe del Ejército, no podemos sino dudar de su genuino compromiso con la democracia.
En este sentido, hacemos nuestras las palabras de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. A un nuevo comandante en Jefe, se le debe exigir una condena expresa al terrorismo de Estado, y a los delitos de lesa humanidad cometidos. Y, asimismo, debe asumir el compromiso en la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia, como corresponde.
La generación de oficiales que hoy está ocupando los altos mandos del ejército ha hecho toda su carrera militar en democracia. Sin embargo, la Doctrina de la Seguridad Nacional se mantiene en la práctica y en la cultura corporativa de las FFAA, y es transmitida de generación en generación, en toda su estructura. Esto implica una visión antidemocrática que va desde los altos mandos a las escuelas de oficiales, al personal subalterno y a los liceos militares.
Esta realidad, en lugar de integrar a las FFAA con la sociedad, la distancian de esta, y las convierten en un gueto.
Esta situación debe generar, de forma inmediata, un compromiso de todas las fuerzas democráticas para poner en discusión una gran transformación de las FFAA. Y uno de los elementos imprescindibles debe ser una profunda reforma en las escuelas de militares. Tanto la discusión como la implementación de estas transformaciones fundamentales deberían ser producto de amplios acuerdos políticos y sociales, donde necesariamente deberán participar sectores (que seguramente hay) de las FFAA comprometidos con la democracia.