Hace justo tres años escribí una columna sobre la descentralización y el rol de las Juntas Departamentales. El tema volvió a salir en dos entrevistas radiales que me realizaron en CW41 y en Mora Contenidos, recientemente. Entiendo que sigue teniendo valor. Por eso, dejo otra vez estas líneas en épocas electorales. Quizá nos sirvan para contribuir a pensar en el país más allá de cinco años.
Descentralización: animarse a cambiar
El jueves 26 de mayo de 2016, participamos de una actividad organizada por la Cámara de Representantes sobre la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Interesante iniciativa. Vale la pena ponerse a pensar, discutir y plantear un debate amplio, profundo y desprejuiciado en materia de descentralización en el Uruguay.
Pongamos sobre la mesa algunas preguntas: ¿Necesitamos 19 departamentos, 19 administraciones locales con un alto grado de autonomía en un país tan despoblado como el nuestro? ¿No podríamos pensar en definir algunas regiones con identidad propia y realidades comunes? ¿Podría ser otro y más importante el papel de los Municipios en esas grandes zonas? ¿Cinco o seis regiones: Área metropolitana y cinco más? ¿En ese caso, cuál sería el rol de los legislativos departamentales, concretamente, de las Juntas? ¿Podrían ser legislativos regionales de mayor envergadura, que además ejercieran un efectivo control sobre los ejecutivos regionales? Menos Intendentes, Directores y Ediles. Pero más y mejor democracia.
El objetivo básico de estas transformaciones está en la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Para eso descentralizamos. Para acercar el gobierno a la comunidad y ésta al gobierno. En estos primeros años de tercer nivel de gobierno hemos observado la incidencia, en algunos casos y de manera timorata, en la gestión. En otros, se han observado avances en cuanto a la descentralización política. ¿Realmente tienen nivel decisorio los municipios? No caigamos en pensar sólo en la descentralización de actividades administrativas, culturales o sociales.
Sin duda, profundizar en el contenido de estas líneas sería pensar en la descentralización territorial. Incluso desde quienes quieren –queremos- optimizar el uso de los recursos públicos, reducir los gobiernos departamentales de 19 a 5 o 6 regiones, sería achicar el gasto y ganar en eficiencia. Y en este contexto ¿Cuál es el rol de los ediles departamentales? ¿Y las edilas?
Las labores legislativas locales deberían ser más profundas y de mayor interacción con las leyes nacionales, los controles mucho más severos y eficientes. Pero algunas de las realidades que permiten identificar regiones tendrían respuestas más rápidas y eficientes para su ordenamiento y marcos normativos que promovieran un desarrollo humano sostenible, con el entorno de los nuevos objetivos aprobados por Naciones Unidas. Pensemos por ejemplo en medidas para ‘ordenar’ la producción promoviendo la protección ambiental; en la coordinación de respuestas para situaciones de maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes; en la realidad de las fronteras y la trata de personas. Entre muchos otros temas.
Esta labor legislativa y de contralor podría ser de dedicación total o casi; no meros espacios legislativos del “como sí” en lo que se vuelven hoy en día las 19 Juntas con 31 bancas cada una. (Sí, la cuenta da 598 ediles/as con sus 3 suplentes en cada caso). Porque para legislar en este contexto y ponerle carne al espíritu de la ley de descentralización hay que dar el espacio y el tiempo a la participación ciudadana. Cercanía con las Alcaldías, Municipios, Comisiones Barriales y un largo etcétera… Finalmente, estos nuevos espacios legislativos regionales ¿podrían profundizar la democracia para una participación más igualitaria de hombres y mujeres?
En este Uruguay moderado y de cambios lentos animarse a crear, sin grandes “locuras”, podría asegurarnos un orden diferente para ejercer y fortalecer la democracia. El que tenemos lleva 131 años.
Aquí lo dejé hace tres años. ¿Debatimos en serio sobre el asunto?
Ana Gabriela Fernández