El pasado martes 11 de Junio y en el marco de la 108ª Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Uruguay fue incluido a propuesta de la organización de empleadores dentro de una lista que la Comisión de Aplicación de las Normas de la OIT analizará.
La lista es una lista no una promesa de sanciones. La Comisión de Aplicación de las Normas de la OIT analiza el incumplimiento de sus miembros de la normativa internacional en materia laboral. Si bien se trata de una Comisión técnica, termina funcionando por su propia dinámica y composición, como una Comisión política. Esto en sí mismo no es algo negativo porque la aplicación de normas tiene un trasfondo político. El problema es cuando alguna parte se arroga el derecho a decir que sus intereses están por encima de los de otros, y utilizando la legislación de rehén.
Los acontecimientos de los últimos días en la OIT no son ajenas a las circunstancias nacionales, regionales y globales en las que vivimos. Hoy la región vive una ofensiva conservadora, de derecha con tintes fascistas que llega con el propósito de desmontar la agenda de derechos, desmovilizar y atacar a la clase trabajadora. No es casual que muchos países de la región estén implementando reformas laborales y de la seguridad social. No es casual, que las normativas progresistas sancionadas en los últimos 10 años estén cuestionadas y atacadas. No es casual que la violencia escale en la región y cobre vidas de pobres, trabajadores/as, campesinos/as y militantes sociales.
Es desde este marco que debemos leer la inclusión de Uruguay en esta lista de países. Algunos hechos llaman la atención y preocupan:
- La lista está integrada por 23 países. Uruguay comparte la lista con países como Turquía, Myanmar, Etiopía, Honduras y el recientemente incluido Brasil. Es un despropósito que Uruguay sea objeto de un análisis por su aplicación de normas cuando es reconocido internacionalmente por su sistema de protección social, la expansión de los derechos laborales y sociales que sustentan esta protección social, por su democracia y su tradición de diálogo social y participación. El pedido de inclusión (e inclusión efectiva) de Brasil en dicha lista fue un triunfo del movimiento obrero de este país que subrayó el flagrante ataque a los derechos laborales iniciado con la supresión del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la reforma laboral que afecta la organización de los/as trabajadores y que llega hasta la reforma de la seguridad social que está proponiendo el gobierno de Bolsonaro.
- La inclusión de Uruguay en la lista se da a instancias de una denuncia presentada por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) que recibió el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). El objeto de molestia de la cámara empresarial refiere en general a la Ley de Negociación Colectiva y en particular a las ocupaciones de los lugares de trabajo. Como señaló el ministro Murro “las ocupaciones son absolutamente excepcionales, minoritarias y es el Poder Judicial quien en 3 días resuelve”. Es por eso que esta inclusión refiere a un ataque más amplio. No es técnico, es político y en este caso es una cuestión de clase.
- El conflicto capital-trabajo es inherente al sistema capitalista. La expansión de los Estados de Bienestar en todo el mundo implicaron la expansión de los llamados derechos sociales que incluían protecciones amplias e integrales a la clase asalariada. Uruguay ha sabido convivir sin negociación colectiva, sin convocar a consejos de salarios. Ese fue uno de los ejercicios practicados por la irrupción del neoliberalismo durante la década del noventa cuando se dejaron de convocar a los consejos de salarios. La evidencia demuestra que fueron años duros, de alta conflictividad y pérdida de salario real.
- El reconocimiento de la OIT como el organismo rector en materia de derechos laborales, como espacio de la gobernanza global debe dignificar el diálogo tripartito. Debe honrar la protección de los derechos humanos y poder discernir entre la judicialización de los derechos y la política y la negligencia y el fallo de los Estados en garantizar los derechos humanos para su pueblo. En la OIT igual que en cualquier espacio de discusión y toma de decisiones sobre asuntos de interés público, existe una disputa por la narrativa, por el poder. Una disputa en la que algunas partes como los gobiernos y los trabajadores/as se representan a sí mismos y los empresarios envían a sus buffets de abogados. La síntesis de esta narrativa jamás debe ir en contra de las mayorías, en contra de la clase trabajadora.
- Como manifiesta la “Exposición del gobierno de Uruguay en relación a la queja de los empresarios en OIT”, los antecedentes del 4° del Convenio Internacional N°98 demuestran que los países tienen un margen amplio de libertad para adoptar las formas de negociación que correspondan a sus características nacionales. La negociación tripartita para la actividad privada para fijar salarios mínimos en Uruguay incluyó, desde la sanción de la ley 10.449 en 1943, la práctica promovida por trabajadores y empleadores de negociar, a su vez, condiciones de trabajo y también aumentos de salarios en general por encima de los mínimos por categoría. Las condiciones de trabajo deben ser acordadas entre empresarios y trabajadores. El acuerdo contribuye a la paz social por dar solución en una sola negociación a la totalidad de la cuestión salarial y de condiciones de trabajo en el respectivo nivel de negociación. Hasta ahora, nunca había sido cuestionada por el sector empleador. Recién lo hace 66 años después, en nuestro primer gobierno, en 2009.
- Esperamos que, como plantea el gobierno uruguayo en su alegato contra la decisión tomada por la OIT, este organismo internacional sea capaz de recapacitar, y devolverle al Uruguay, dentro del marco legal internacional que ha sido claramente respetado por nuestro país, su potestad a seguir promoviendo la negociación colectiva como mecanismo de garantizar los derechos de las partes, el aumento de los salarios de los trabajadores, el bienestar de la población, la disminución del nivel de conflictividad, y una mayor paz social.