Montevideo, 27 de marzo de 2020
Ante los anuncios realizados por el Presidente de la República en el día de ayer, Casa Grande declara:
1) La pandemia de coronavirus y las medidas para evitar su propagación impactan sobre la economía, el trabajo y la sociedad. Es un auténtico drama que reclama en todos los países más Estado, no menos. En muchos lugares del mundo, quedan de manifiesto las insuficiencias del modelo neoliberal, especialmente en sus impactos sobre el sistema de salud. En el Uruguay, esta pandemia se puede enfrentar con otra confianza, ya que existe un Sistema Nacional Integrado de Salud, equitativo, universal y solidario.
2) Antes de que esta pandemia llegara a nuestro país, el actual gobierno mostró el camino por el cual no se debe ir: tanto el borrador de la Ley de Urgente Consideración como el Decreto 090/2020 -que realiza un ajuste del Estado al barrer- dan a entender que predominará la lógica del ajuste. El gobierno ya ha evidenciado que no entendió esta lección. Ahora, en estos momentos dramáticos para miles de uruguayas y uruguayos, la propuesta para financiar parte del Fondo Coronavirus consiste en reducir ingresos de las trabajadoras y trabajadores del Estado.
3) Además de la prioritaria preocupación sanitaria, el gobierno tiene que poner todas sus energías en reducir los impactos sobre el consumo interno, promover el salvataje de las pequeñas y medianas empresas vinculadas con el comercio y los servicios, sostener financieramente a miles de trabajadores y trabajadoras que hoy ya están en seguro de paro y fortalecer todas las transferencias que sean necesarias para sostener la realidad de las personas en situación de informalidad. El pueblo uruguayo está afrontando los costos del aislamiento social con sus ingresos y afectos: a los problemas de soledad se suma la repercusión económica como angustia en la mayoría de las familias. Las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes.
4) La respuesta del Uruguay tiene que tener una mirada de derechos humanos y de género, centrada en apoyos dirigidos a los colectivos en especial situación de vulneración de derechos y que sufren discriminación o cargan con desigualdades. La respuesta no puede ser ciega a la división sexual del trabajo que recarga el peso de los cuidados en las mujeres o la exclusión social en la que viven las personas trans o las personas migrantes, entre tantas otras. Si así lo fuera reproducirá y agravará las injusticias existentes. Entendemos que INMUJERES debe estar directamente en la mesa de las decisiones. Entendemos también que la urgencia que plantea la situación de crisis no debería justificar la falta de consulta a la sociedad civil organizada -en toda su diversidad- por los medios correspondientes.
5) Hay muchos caminos para cubrir financieramente esta emergencia y promover desde el gobierno mecanismos integrales y robustos de solidaridad. Medidas que impacten sobre el impuesto al patrimonio, mayores gravámenes sobre el capital o la no devolución por este año del FONASA, deberían estar en consideración. El actual esquema tributario permite aumentos del IRPF concentrados en los altos ingresos y rentas, y el gobierno podría hacer propuestas en esta dirección. También se podría adelantar los topes a las altas jubilaciones militares y garantizar la entrada en vigencia de la reforma de la Caja Militar. Frente a un escenario crítico, hay muchos caminos para que la solidaridad se haga efectiva y llegue a quien tiene que llegar.
6) En lugar de eso, el gobierno mantiene su postura de achicar el gasto estatal y de fijar un impuesto a funcionarios y funcionarias públicas, propuesta que creemos insuficiente, injusta y demagógica. Con eso se anticipa un ajuste y se crea la falsa sensación de una redistribución solidaria que no es tal.
7) El Frente Amplio, en el día de hoy, ha propuesto un Plan de Contingencia que abarca cuatro dimensiones que entendemos fundamentales: la atención a la situación sanitaria, la urgencia de adoptar medidas para preservar a trabajadoras, trabajadores y empresas, evitar el aumento de la pobreza y la desigualdad, y fomentar las condiciones para retomar la senda del crecimiento económico. Los aportes de todo el sistema político y de las organizaciones sociales deben ser escuchados en sus planteos y propuestas. Si efectivamente la hora exige acuerdos y soluciones amplias a la altura de las exigencias, el gobierno tiene la obligación de promover un acuerdo nacional, y no un conjunto desarticulado de medidas que sólo servirá para ahondar la recesión.