El Ministerio de Desarrollo Social se crea con la primera administración del Frente Amplio. Fue una decisión del Presidente de la República electo, en el entendido de que el primer gobierno progresista debía asumir la responsabilidad de una Estado presente y comprometido con los derechos sociales de las y los uruguayos.
El debate sobre desarrollo social fue fecundo. Hubo acuerdo en que el MIDES debía ser el organismo que promoviera la coordinación y articulación de las diferentes esferas de actuación del Estado orientadas a la construcción de la justicia y de la igualdad, y por ende a la mejora de la calidad de vida de la gente. El desarrollo social es la competencia sustantiva de un Estado democrático e involucra las políticas económicas y productivas, las políticas ambientales, las políticas sociales y culturales con el fomento de relaciones sociales solidarias, de respeto y promoción de la diversidad como fruto del ejercicio de la libertad.
Este mandato, que aparece con claridad en la ley de creación del MIDES, no es lo primero que asociamos con él. Su identidad institucional se forjó con el Plan Nacional de Emergencia Social que se convirtió en su marca fundacional: el trabajo con los excluidos, grupos y sectores más discriminados, los que fueron incluidos en acciones programáticas como protagonistas a través de procesos centrados en la promoción de la autonomía y desarrollo de capacidades.
En estos 15 años, aunque la identidad MIDES no se haya modificado, su acción se complejizó. A través los Institutos asociados: de la Juventud, de las Mujeres, de las Personas Mayores, el PRONADIS, los programas de las Direcciones Nacionales fomentando espacios de participación de sectores específicos: mujeres rurales, organizaciones afrodescendientes, de la diversidad sexual, de la economía social, por mencionar algunos, más los sistemas de información y monitoreo, las plataformas de coordinación interinstitucional y de diálogo de organizaciones sociales. Se avanzó en el reconocimiento de derechos y en acciones específicas.
Todo esto ha sido una gran sorpresa para las actuales autoridades. Recién están conociendo al MIDES y están asombrados. Aunque lo expresan de manera peyorativa: dispersión de programas, falta de coordinación y hasta argumentan problemas de transparencia. Este relato pierde pie con las primeras actuaciones de la presente administración, quienes efectivamente está partidizando sus direcciones nacionales y por eso le ha costado tiempo definirlas, ya que el reparto no es fácil. Sustituyen cargos técnicos administrativos como los jefes departamentales, en cargos de designación política; buscan desarmar los sistemas de información que daban transparencia a la gestión y hasta incluyen un artículo en el proyecto de ley de urgente consideración (PLUC) para saltarse todos los procedimientos. Efectivamente esta administración, si este artículo se aprobase, no tendría más observaciones del Tribunal de Cuentas, simplemente porque ningún expediente sería intervenido por el Tribunal.
La diversidad impulsada por el MIDES fue un desafío permanente de coordinación interna y coordinación interinstitucional. Algunas áreas de política pública tuvieron mejores rendimientos que otras, sin dudas, siempre hay rectificaciones a realizar. Sin embargo, a mi criterio es un enorme logro programático, ya que el Ministerio se convirtió en un lugar de referencia para la ciudadanía a través de su puerta de entrada que parece cerrarán y de una amplia gama de organizaciones sociales y productivas, tanto nacionales como locales.
En Uruguay se fueron dando pasos para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales de los más diversos grupos que nos integran como sociedad, fruto de la acción crítica de esas organizaciones sociales. Es que la igualdad de derechos se sustenta en el reconocimiento de la diversidad de factores que actúan como barreras para la reproducción de la injusticia y desigualdad.
Efectivamente, era una ruta trazada que tuvo logros efectivamente comprobables, aunque el punto de llegada aún estaba lejos.
Frente a la emergencia sanitaria actual, el Uruguay nuevamente vuelve a destacarse en la región; frente a la pandemia contamos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, con un nivel de formalización de trabajadores nunca antes visto en el país, con conexión informática casi universal, que permite la teleasistencia, y la educación virtual, por nombrar solo algunos logros, poco valorados por cierto, por el actual gobierno.
Simultáneamente a la respuesta a la pandemia, somos testigos del desarme constante y sostenido de los programas y estrategias de acción del MIDES. Bajo el título de ineficacia se desarma la concepción de derechos, el Estado ya no va a invertir tantos recursos en los sin voz, los programas más afectados son aquellos que iban dirigidos a los grupos más excluidos: los programas de calle, el seguimiento a núcleos familiares vulnerados, redes de apoyo territoriales, trabajo promovido, acciones culturales con jóvenes en los diversos departamentos, entre otros.
La concepción de que la política es cara es por demás clarificadora: es un rasgo del más profundo neoliberalismo, implementar políticas pobres para pobres. Ya no se requieren equipos interdisciplinarios para abordar complejas realidades fruto de la exclusión social y la marginación, alcanza con entregar mínimos – muy mínimos- para justificar la intervención del Estado.
Un ejemplo extraordinario de la concepción asistencialista, no basada en derechos, es la limitación de la libertad del más pobre. Siendo la libertad un valor por excelencia de este gobierno, no se han extendido las tarjetas de Uruguay Social (TUS), donde mediante las transferencias monetarias los sujetos pueden decidir qué necesitan. Por el contrario se organiza una iniciativa empresarial para el reparto de canastas mensuales, de un costo mínimo que alcanza para cubrir las comidas de unos pocos días de un núcleo familiar.
Una política social basada en el reconocimiento del deber del Estado en la construcción de la Igualdad Social y Justicia económica se sustenta en el vínculo con una ciudadanía activa que exige sus derechos y busca ejercerlos.
Frente a la diversidad de intereses, posiciones y conflictos se requiere la participación organizada de la ciudadanía, el diálogo, y la negociación. Estos elementos orientaron al Ministerio de Desarrollo Social hasta febrero de 2020. Ahora parece que no es así.
El embate contra las organizaciones sociales, cooperativas e instituciones no gubernamentales, generando sospechas frente a incumplimientos de un minúsculo porcentaje, cuestiona de plano esta concepción.
No se está construyendo transparencia; los terceros molestan, con su mirada y su conocimiento desde adentro de la actuación del ministerio, ya que se convierten en testigos incómodos. Así se desarman los procesos de participación ciudadana y la construcción de redes de actuación indispensable para la convivencia democrática.
Lo que pasa es que unos entienden que la democracia se reduce a las elecciones cada 5 años y carta blanca posterior. Sabemos que la calidad de la democracia no se reduce a eso, desde las Naciones Unidas en foros internacionales donde por supuesto Uruguay participa y luego de las graves crisis históricas de los Estados de derecho comprendimos que la calidad de la democracia incluye la participación ciudadana, el control social y sistemas potentes de protección social basados en la calidad de los servicios.
Claro, sin duda alguna, la democracia no es un sistema ni barato ni sencillo.
Mariella Mazzotti