En la ley de presupuesto se “coló” un artículo (274) por el que se le da el control de la Unidad Alimentaria de Montevideo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se le saca a la Intendencia de Montevideo no sólo la potestad de nombrar al Presidente y al Secretario del Directorio, sino que se la excluye del Directorio. A la IM que redactó el proyecto de la UAM, lo gestionó y lo construyó. Es un secuestro económico y político de los que hace tiempo en este país no se producían. Y es absolutamente escandaloso.

No solamente una modificación de esta magnitud a una ley (la que crea la UAM) que llevó meses y meses de estudio y aprobación es absolutamente impropia, sino que es improcedente su inclusión en la Ley de Presupuesto. Si se quiere modificar la ley, que se haga por ley aparte. Pero además el modo de proceder, a “la sordina” y sin consulta alguna con quien construyó la UAM, y es autoridad competente en la materia, está absolutamente reñido con la mínima decencia democrática.

Además de significar una apropiación “indebida” por parte del gobierno de un patrimonio metropolitano construido durante décadas (y por eso el procedimiento vergonzoso que utilizan para meter esta modificación es “de callado”), la norma viola los principios más elementales de la descentralización. No hay política más territorial que la de los mercados otrora llamados municipales, hoy departamentales, sancionada en 1935. Es en Montevideo y el área metropolitana donde se consume y produce el 60% de los productos que se comercializarán en la UAM. Que hoy se desconozcan las competencias del gobierno departamental, no es sólo un asalto económico sino político.

El secuestro económico es lo más evidente. Además de los 90 millones de dólares que el gobierno de Montevideo gestionó para la expropiación de tierras, construcción de las instalaciones, y demás procedimientos realizados (licitaciones, compras, etc.), debe contabilizarse el trabajo y esfuerzo de todos los recursos humanos y de gestión dedicados a esta obra, a lo largo de muchísimos años. Años de puesta a punto, de licitaciones, de trabajos de logística. Y en este momento…con la instalaciones a punto…el zarpazo. No hay otro modo de llamarlo.

Este secuestro económico es también político, porque significa una declaración de guerra del gobierno a la Intendencia de Montevideo. Y un atropello a la democracia. Los gobiernos departamentales no son “chacras” de los partidos. Hace mucho tiempo el gobierno nacional del Frente Amplio demostró que se debe tratar a los gobiernos departamentales gobernados por otros partidos exactamente igual que a los gobernados por el suyo propio. Eso lo saben todos los Intendentes de este país. Jamás se les retacearon recursos en estos años, o se los “bypasseó” porque estaban en manos del Partido Nacional o Colorado.

Hoy, Luis Lacalle repite los gestos de su padre. Cuando Lacalle ganó en 1989 el gobierno nacional, también ganó el Frente Amplio la Intendencia de Montevideo. A Lacalle no se le ocurrió mejor idea que retirarle la contraparte nacional del préstamo que el BID había concedido para hacer las obras de saneamiento. No le importó la salud ni la calidad de vida de la mitad de la población del Uruguay. Lo hizo por chicana política, por mezquindad, por violación de los principios básicos de la democracia. La Intendencia de Montevideo salió adelante, y hoy va por el Saneamiento V. Pero el hijo imita al padre: volver al “chacrismo” en materia de política departamental, es volver veinte o treinta años atrás en la vida política del Uruguay.

Finalmente, debemos profundizar en las razones que están detrás de este secuestro económico y político de la UAM ¿A quién beneficia? Miente el Ministro Uriarte cuando dice que hay que “jerarquizar” el rol del MGAP. El MGAP era un socio central en el Directorio. Y nadie duda que las competencias del MGAP para gestionar la UAM están muy por debajo de las de la IM. No tiene, en verdad, capacidad para gestionarlo. Pero le da el control de una renta logística vinculada a las empresas agropecuarias, que es un gran botín. Son 600 empresas. Es el sector granjero al cual el FA volcó enorme cantidad de recursos. Es el control de una parte del sector productivo del Uruguay lo que está en juego.

Y cuando está en juego como lo está, uno se pone a temblar. Porque la lucha por la apropiación de la renta agropecuaria está en los orígenes y destino de este país. Es la apropiación de la renta agropecuaria por parte de los grandes empresarios y el abandono y la explotación de los medianos y pequeños, lo que ha producido los grandes males de este país: la concentración y extranjerización de la tierra, el despoblamiento, la miseria rural. La UAM era un ejemplo de un modo de gestión democrático, con participación de todos los sectores involucrados, y especial cuidado con los más pequeños. Cuando el Ministro Uriarte se niega a decir “qué productores rurales” pidieron un cambio en la UAM, se niega a revelar lo evidente.

Hoy continuamos asistiendo a la política “de los hechos consumados”: sea por la vía presupuestal o por leyes de urgente consideración. En el caso de la UAM, la inclusión de artículos a la sordina, sin consulta, suena a desprecio por el Uruguay, como si la patria no estuviera atenta. Pero lo está. Este es un acto de secuestro económico y político del patrimonio de los montevideanos. Una marcha atrás gigantesca en la política de descentralización. Y sobre todo, una marcha atrás en los principios básicos del orden republicano. Sobre todo en los principios del trato igual, la consulta obligada, y el respeto a la norma. Nada más ni nada menos.