El avance en materia de derechos que ha tenido nuestro país en los últimos 15 años, ha colocado el discurso político y social en un estado diferente en el que muchos sectores de la sociedad se resisten y varios políticos también. 

Porque hablar en abstracto de los Derechos Humanos que allá lejos y hace tiempo los países ratificaron, era relativamente sencillo, pero cuando estos derechos se comienzan a materializar en leyes concretas, políticas específicas y reconocimiento de históricas discriminaciones, a más de uno se le desacomoda el cuerpo.  

Pongamos ejemplos: 

Hay un discurso que dice que son importantes los trabajadores del campo para nuestro país. Se ponen el poncho y salen en las fotos de las actividades vinculadas al agro. Cuando se votó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales casi todos la votaron, pero en el candidato del partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo no estar de acuerdo en declaraciones de agosto de 2014¹.

Las afirmaciones se pueden colocar en lo políticamente incorrecto porque en definitiva, el candidato considera que los trabajadores del campo no pueden tener los mismos derechos que los trabajadores de la ciudad. 

Algo parecido sucede con la ley Nº18.065 que regula el trabajo doméstico y garantiza los derechos de las trabajadoras (en una inmensa mayoría mujeres) que han estado tradicionalmente excluidas del derecho a la seguridad social, licencia por enfermedad o maternidad, imposibilidad de jubilarse al final de su trayectoria laboral y un largo etcétera. Mientras las trabajadoras domésticas permanecieron en la informalidad no gozaban de los mismos derechos que otras trabajadoras. Como es muy difícil decir que NO se está de acuerdo con esto, pasó a ser políticamente correcto hablar de las trabajadoras domésticas formales. 

Si pasamos al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos tenemos un sinfín de discursos que no saben cómo acomodarse. La educación de la salud sexual y reproductiva en escuelas y liceos, así como los servicios de las policlínicas de ASSE, han permitido bajar el embarazo adolescente a mínimos históricos: 36 cada 1000 jóvenes. Esto es porque existe una Estrategia Nacional de prevención del embarazo adolescente que ha propuesto medidas concretas para evitar los embarazos no deseados. También tiene que ver con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que nos lleva a las tasas más bajas de la región de mortalidad materna. Nos citan como ejemplo en el mundo entero, pero blancos (menos Jorge Saravia) y colorados votaron en contra de la ley del aborto en 2012. En realidad es políticamente incorrecto no estar a favor de la reducción de la mortalidad materna, por eso será que las noticias de este tipo no las vinculan en sus discursos con el IVE o con la educación sexual. Recordemos también que desde el partido nacional se impulsó el proceso de consulta para habilitar un referéndum que derogara esta ley. 

En materia de identidad de género, tenemos otro gran ejemplo con la oposición rotunda a la ley integral de personas Trans y el pro- referéndum que impulsaron para derogarla. Políticamente incorrecto estar en contra del derecho a SER, pero ya están anunciando que si ganan la van a derogar. 

La sorpresa ha sido grande cuando la semana pasada la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de San José ha salido en un acto de campaña en el barrio Exposición a hablar de Derechos Humanos y cómo el gobierno nacional no cumple con lo que dice en esta materia^2. Estas declaraciones ya no entran en la incorrección política sino en la mentira. 

El problema es lo que la Sra. Directora Carolina Hornes, entiende por Derechos Humanos, si una carta universal allá lejos y hace tiempo, o las políticas reales que han permitido que cerca de 3000 niños y niñas asistan a centros CAIF en el departamento, la apertura de más clubes de niños y casas jóvenes, los campamentos educativos de la ANEP, la atención de las embarazadas y recién nacidos en programas como Uruguay Crece Contigo, las rondas rurales del Ministerio de Salud Pública o la atención en salud de las policlínicas de ASSE, esas que permiten desde colocar los parches anticonceptivos, hasta una consulta de rodilla en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Todas esas acciones del gobierno nacional, entre muchas otras, son aterrizajes de políticas con enfoque de derechos humanos. 

Pero hay otra cosa fundamental que la Directora no contempla y es desde dónde se conciben, planifican y ejecutan las políticas sociales. Allí también hay un enfoque de derechos humanos, porque no se trata solamente de satisfacer las necesidades básicas sino desde dónde me coloco para trabajar con el otro, con esa persona que por diferentes circunstancias está en condiciones de vida desfavorecidas. Hablar de Derechos Humanos es también reconocer las capacidades de las otras personas como sujetas activas de su propio proceso de vida. 

Lo que resulta obvio es que si el Ministerio de Desarrollo Social en lugar de dar una canasta de alimentos de INDA, que antes se repartía a través de la Intendencia, otorga una tarjeta con dinero para que las usuarias decidan qué comprar y dónde (porque las mujeres son las que se encarga de la comida), se concibe a las usuarias con la capacidad de decidir sobre la alimentación. El resultado es que la Intendencia deja de tener las canastas como moneda de cambio del clientelismo político y eso molesta, por eso se incurre en la mentira. 

 

¹ Diario El Observador https://www.elobservador.com.uy/nota/lacalle-pou-no-lo-recordaba-pero-los-blancos-votaron-la-ley-de-8-horas-20149320130

² Fuente: https://www.sanjoseahora.com.uy/2019/10/10/para-hornes-el-fa-no-puede-hablar-de-derechos-humanos/

 

Edila Ana Gabriela Fernández. Frente Amplio – Casa Grande.