El Senado aprobó el Código de Ética de la Función Pública, compartimos las palabras de la Senadora de Casa Grande, Constanza Moreira.

“No es la primera vez que parece que intentamos, por todos los medios, convertir lo que es un logro democrático, un logro legislativo, un avance normativo, camino a la consolidación de una democracia transparente, plena y justa, en un fracaso. La sensación que nos queda, además de un regusto amargo, es decir : ¡Qué suerte que estuve en esta sesión del Senado! ¡Qué buenas cosas aprobamos! ¡Cómo avanzamos! ¡Qué bien nosotros, qué bien el Uruguay, qué bien nuestra democracia! Como estoy –como muchos de nosotros– en la denodada tarea de levantar nuestra autoestima democrática en tiempos difíciles, no hablo de la autoestima del sistema de partidos sino de la autoestima democrática, ¡muy importante en estos tiempos porque quien no cree en sí mismo, no avanza!

Quiero decir que este proyecto de ley –hay que reconocerle al señor senador Carrera el trabajo que hizo para sistematizar y homogeneizar en una misma norma de jerarquía legal las reglas relativas al buen ejercicio de la función pública– es muy importante porque, además, nos pusimos todos de acuerdo para ampliar el ámbito de aplicación de las reglas del Código de Ética en la Función Pública y que apliquen también a los Gobiernos departamentales. ¡Muy buena cosa, señora presidenta! Y para eso requerimos el concurso de todos nosotros.

Se habla mucho de los entes autónomos, de los servicios descentralizados y de las empresas públicas –todo el mundo les da a las empresas públicas como si fueran del Frente Amplio, pero son de todos; no solo son un capital económico sino político del Uruguay que hay que preservar porque en ello nos va parte de la soberanía–, pero el ámbito de aplicación refiere a los Gobiernos departamentales. No es el primer esfuerzo que hacemos en ese sentido. Recuerdo que cuando topeamos los salarios de los funcionarios públicos lo votamos por mayoría especial, por unanimidad, para que aplicara también a los Gobiernos departamentales. ¿Por qué digo esto? Porque, desde el punto de vista de la transparencia, Uruguay tiene un debe en el sentido de que no logramos que las mismas reglas que aplican a la Administración central, y que hacen que los ingresos al Estado sean por concurso y que todos los ciudadanos tengan derecho a concursar, se apliquen a los Gobiernos departamentales. La Oficina Nacional del Servicio Civil nos informó que el 50 % de los funcionarios que trabajan en las intendencias departamentales son de designación directa. Eso no está bien para una democracia que quiere dejar atrás el clientelismo, que también es corrupción porque es compra de votos. La práctica del clientelismo es tan vieja como el mundo y Uruguay tiene toda una tradición al respecto. No voy a referirme al tema extensamente, pero sobre él ha escrito libros Real de Azúa.

Entonces, ¿qué quiero celebrar de este proyecto de ley? Que todos nos ponemos de acuerdo para decir que estas normas se aplican a todos. Igualmente, quedará en el debe la aprobación de una norma que haga que lo que rige para la Administración central también rija para los Gobiernos departamentales y las empresas públicas. Ya lo conseguiremos. El señor senador Heber decía que este tema no es de izquierda ni de derecha, pero sí es político. No hay nada más político que la corrupción, señora presidenta. No es algo que con un discurso moral logremos entender ni corregir. Es político. ¿Por qué? Porque la capacidad de un gobierno, la decisión y la intención política de crear reglas que controlen la corrupción, es lo primero. Puede haber personas corruptas, pero la corrupción es un sistema. Alguna autoridad de los institutos internacionales dijo que la corrupción es como un tango: se baila de a dos. Siempre hacemos énfasis en el funcionario público corrupto, pero no penamos al corruptor. ¿Quién es el corruptor? El empresariado, la riqueza, los ricos, etcétera, etcétera. Es un sistema que tiene esas dos partes.

Le pregunté al señor senador Carrera cuántas normas aprobamos que tengan vínculo directo o indirecto con la corrupción. Me contestó que son veintiséis normas legales –a una de ellas se refería el señor senador Martínez Huelmo–, entre las cuales está la referida al lavado de activos y al financiamiento de los partidos políticos. Aún no hemos terminado de aprobar el proyecto de ley sobre financiamiento de partidos políticos. Tendríamos que decir: ¡Señores, con todo lo que pasa en América Latina, tenemos que avanzar con la ley sobre financiamiento de partidos políticos! El financiamiento oculto de la campaña –no le voy a llamar ilegal porque hasta que no se apruebe la norma es legal– es una de las fuentes de corrupción en América Latina, de arriba a abajo.

Respecto al acceso a la información, recordemos todas las discusiones que tuvimos en el período pasado cuando el Gobierno hizo esfuerzos para salir de la lista gris de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Y decían: ¡ustedes se curvan ante la OCDE! ¡No, no! Había que celebrar los acuerdos de información, especialmente con Argentina, para evitar esto en un país que fue plaza financiera y que tuvo un grado gigante de opacidad respecto de las operaciones financieras durante décadas. ¡Y nos jactábamos de ser plaza financiera!

También quiero mencionar a Brasil porque no puedo dejar pasar por alto el enchastre, que se hace en este recinto, de los gobiernos progresistas. En Brasil, los escándalos del Lava Jato se llevaron puesto a todo el mundo. Pero si observamos el porcentaje de políticos de los partidos que tienen procesos iniciados, no digo sentencia firme, la verdad es que los del PT son unos santos. El primero es el PP y el segundo es el PMDB, incluyendo a Temer.

Además, como me dedico a la política y no a la ética, no soy juez y a todo le hago una lectura política, debemos recordar que Oderbrecht es un escándalo denunciado por Estados Unidos porque una empresa latinoamericana tuvo el descaro de lanzarse al mundo y ganar contratos de obra pública superimportantes en Estados Unidos. Ahora, miren cuántas empresas, después de Enron, son declaradas corruptas, grandes empresas norteamericanas que no dudo que tengan las mismas prácticas que Oderbrecht. Traten de encontrar un escándalo de corrupción de ese tipo por parte de las grandes empresas norteamericanas. No lo van a encontrar. ¿Qué digo, con esto? Que las prácticas están extendidas, pero es el poder del denunciante lo que hace que algunas cosas se develen y otras no. Por eso, me extraña que en Estados Unidos no haya más denuncias por prácticas fraudulentas, por sobornos y conductas abusivas como las deben tener las empresas estadounidenses en todo el planeta. Búsquenlas. Hoy me tomé ese trabajo, pero no las hay. A Oderbrecht la conozco de memoria, pero a las otras no las vi.

También quiero decir que durante el proceso en que a Collor de Mello se lo obliga a renunciar por delitos de corrupción –finalmente, la Justicia lo declaró inocente; es la parte de la que nadie se acuerda–, su tesorero, Paulo César Farías, es asesinado. La justicia brasilera –en esa época yo vivía en Brasil– dijo que la mujer lo asesinó por un escándalo pasional. ¿A quién se le ocurre que el tesorero de Collor de Mello fuera asesinado por un crimen pasional? Es un caso parecido al de Nisman, que estaba encerrado como en prisión domiciliaria y, de repente, lo matan. Esa Justicia brasilera que hoy condena a Lula, en aquella época se animó a decirle a todo el pueblo brasilero que Paulo César Farías había sido asesinado porque la mujer estaba celosa, pero Farías era un gordo viejo y su mujer una joven y hermosa mujer. ¡No sé cómo hacía Paulo César Farías para tener una amante! ¡Ese proceso legal fue un escándalo en el Brasil de aquella época!

Después de eso –voy a hacer un reconocimiento a los gobiernos del PT, incluyendo la delación premiada– el PT aprobó muchas leyes, muy duras, de control de la corrupción, incluyendo algunas muchísimo más severas que las que tenemos de financiamiento de partidos porque –todo aquello de la plata en las cuecas, que quiere decir la plata en los calzoncillos, es decir, plata que se encontraba por aquí y por allá– si en Uruguay alguien anduviera con una valija de dinero, no sería imputable por el marco normativo que tenemos. Quiere decir, entonces, que lo que pasó en Brasil también es resultado del marco normativo exigente que se dieron los gobiernos del PT.

Por cierto, no hubo gobierno más corrupto que las dictaduras, que son, curiosa y paradójicamente, aquellas a las que se invoca cuando las democracias están bajo el foco de la corrupción. ¿Qué decían los que marchaban contra Dilma? «Mejor la dictadura». Señores y señoras, ¿a alguien se le puede ocurrir que una dictadura no es corrupta por definición? Es corrupta en el sentido más antiguo del término. Los griegos decían que los gobiernos eran corruptos o virtuosos, y decían que eran corruptos o virtuosos según gobernaran en beneficio propio, o para los demás. La dictadura es un gobierno corrupto por definición, porque hay corrupción de la división de poderes que hace a la república. Sin embargo, la dictadura es lo primero que se invoca cuando las democracias están bajo el foco de la corrupción, y ahora voy a decir algo sobre eso.

Por supuesto, Uruguay está en la lista de transparencia de América Latina; lo repito en este recinto, una y otra vez. Claro: alguien, como el señor senador Ramos, me podría decir que esa lista de transparencia es una especie de sistema de jueces, que son empresarios, la alta burocracia pública, etcétera. No es muy objetivo el índice de transparencia, pero es lo que tenemos, y Uruguay aparece primero. Ahora bien, ¿Uruguay aparece primero por la cantidad de normas que se dio? No, a pesar de que vamos avanzando normativamente. Uruguay aparece primero porque hay un elemento más básico: si uno tiene muchos años de democracia –que es lo que tiene nuestro país: muchos, muchos años de acumulación democrática– va a tener más contrapesos entre los poderes del Estado, y entre la oposición y el Gobierno: uno gobierna y el otro lo fiscaliza. Esas son las cosas que han hecho a la cultura política uruguaya y que han generado que el Uruguay tenga menos corrupción, además de tener, sin duda, un Poder Judicial menos corrupto. Tengo mis problemas con el Poder Judicial, pero su corrupción es mucho menor. Ya vimos el escándalo que hay en México porque el señor López Obrador quiere controlar el sueldo de los jueces y le dijeron que la independencia de poderes implica que ellos cobran lo que quieren. Es decir que hay un gran escándalo porque a López Obrador, además de recortar todos los sueldos de privilegio del Estado, se le ocurrió meterse con los salarios del Poder Judicial, que son altísimos.

En todo caso, la cultura política, sus contrapesos, su índole republicana, la capacidad de fiscalización de la oposición, son lo que han hecho del Uruguay un país menos corrupto.

Ahora bien, ¿la corrupción es tributaria de los gobiernos progresistas? Eso no se puede sostener de ninguna manera, más que iniciando una suerte de provocación en escala, a la que trato de resistirme y no puedo, en primer lugar, porque es una provocación académica para mí. Eso es insostenible. Está Venezuela en el lugar número uno de corrupción, pero también aparecen Guatemala o Perú. Y ¿qué vamos a decir de la «caja B» del Partido Popular en España, de Berlusconi, de los emires del Golfo Pérsico o de Trump, rodeado de escándalos de corrupción? ¿Cómo puedo aceptar con mi silencio esta acusación? Es insostenible, sobre todo en el caso del PT y del Uruguay, si se consideran la cantidad de leyes que se aprobaron sobre esto.

No es la plata de la corrupción lo que funde a los países. No, señora presidenta. Macri está fundiendo a la Argentina. Hay USD 150.000:000.000 de deuda externa. Y después me hablan del proceso legal contra Cristina Fernández por «dólar futuro». A Dilma la sacaron por hacer traspaso de fondos. Eso es la pedalada fiscal, algo por lo cual ningún presidente en Uruguay sería enjuiciado. Lo que funde a los países son las malas políticas, no la plata de la corrupción. Me parece que eso es muy claro.

Quiero finalizar con algunas reflexiones de Gabriel Delacoste, politólogo, incluidas en un artículo titulado Pistas para pensar la corrupción, que salió en Brecha el 22 de marzo de 2018. Allí dice que cuando miramos los escándalos de corrupción: «Se devela un mundo manejado por negociados que influyen en los gobiernos de maneras mucho más directas de lo que quisiéramos, a través de los sobornos, los financiamientos a las campañas electorales, las redes de contactos, las amenazas de desinversión (también es corrupción que un gobierno tenga que someterse a privados con poder de destruir la economía). A veces, algún millonario decide resolver el problema del financiamiento de las campañas autofinanciándose, empeorándolo aún más al unificar en una sola persona el poder político y los negociados empresariales.

Y esto es apenas lo que sabemos. […] Pero también que la reacción de indignación que genera la corrupción hace de las acusaciones un arma poderosísima, que los medios de comunicación empresariales (muchas veces son parte de las mismas tramas corruptas) no han dudado en desplegar. Los informes televisivos y los tuits van más rápido que la justicia, y la propia justicia puede ser parte del juego. En estas condiciones, el cinismo y el “son todos iguales” cunden, generando efectos despolitizadores que tienen consecuencias políticas indiscutiblemente negativas, dejando la mesa servida para demagogos (muchas veces millonarios con abundante experiencia en los entretelones del poder)» ––llámese Trump, llámese Berlusconi– «que se opongan a “los políticos”».

Y termino, siempre con Delacoste: «La corrupción que vemos a nuestro alrededor es el reflejo sobre la política del creciente poder de los ricos y de una tendencia global en una dirección cada vez más oligárquica, en la que un pequeño grupo manda, está por encima de la ley y ejerce la violencia contra quienes se le opongan. Contra esta tendencia, lo que necesitamos no son políticos más virtuosos […], sino ir hacia otro régimen. Uno en el que no manden (o mejor, no existan) millonarios, tecnócratas y repartidores de cargos. En el que los asuntos comunes se gestionen en común, en el que las jerarquías puedan tocarle a cualquiera, en el que los delitos sean juzgados por pares, en el que nadie tenga los recursos para comprar a otro… », porque la corrupción no es solo la estatal, sino que es el poder económico el que corrompe. Gracias, señora presidenta.”