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Declaración Casa Grande sobre el anuncio del Ministro del Interior

Ante el anuncio del Ministro del Interior Eduardo Bonomi de que la Guardia Republicana pasará a ser la responsable de la seguridad en las cárceles, el sector Casa Grande a través de su Círculo Seguridad declara que:

1- Estamos convencidos/as de que la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, la Ley de Presupuesto que da origen al Instituto Nacional de Rehabilitación y el futuro traslado de la institución a la órbita del MEC son hitos de un giro hacia la promoción de los DDHH en las políticas penitenciarias y que ese es el camino a seguir para impulsar el enfoque de seguridad ciudadana que se viene trabajando. 

2- La violencia en las unidades penitenciarias influye en la reincidencia e intensifica el delito, por ende, se agravan los problemas de seguridad y convivencia fuera de las unidades. Son múltiples los factores que llevan a los conflictos carcelarios, uno de éstos es la violencia institucional que viven diariamente las personas privadas de libertad, dificultando su desarrollo y reinserción social.

3- Expresamos nuestra profunda preocupación con el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder. 

4- El aumento de la represión pone en riesgo no solamente las personas privadas de libertad, como también funcionarios/as policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas, éstas deberían ser ampliamente respaldadas a través de recursos y formación permanente para la prevención de la violencia.
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Llover sobre mojado

Hace justo tres años escribí una columna sobre la descentralización y el rol de las Juntas Departamentales. El tema volvió a salir  en dos entrevistas radiales que me realizaron en CW41 y en Mora Contenidos, recientemente. Entiendo que sigue teniendo valor. Por eso, dejo otra vez estas líneas en épocas electorales. Quizá nos sirvan para contribuir a pensar en el país más allá de cinco años.

Descentralización: animarse a cambiar

El jueves 26 de mayo de 2016, participamos de una actividad organizada por la Cámara de Representantes sobre la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Interesante iniciativa. Vale la pena ponerse a pensar, discutir y plantear un debate amplio, profundo y desprejuiciado en materia de descentralización en el Uruguay.

Pongamos sobre la mesa algunas preguntas: ¿Necesitamos 19 departamentos, 19 administraciones locales con un alto grado de autonomía en un país tan despoblado como el nuestro? ¿No podríamos pensar en definir algunas regiones con identidad propia y realidades comunes? ¿Podría ser otro y más importante el papel de los Municipios en esas grandes zonas? ¿Cinco o seis regiones: Área metropolitana y cinco más? ¿En ese caso, cuál sería el rol de los legislativos departamentales, concretamente, de las Juntas? ¿Podrían ser legislativos regionales de mayor envergadura, que además ejercieran un efectivo control sobre los ejecutivos regionales? Menos Intendentes, Directores y Ediles. Pero más y mejor democracia.

El objetivo básico de estas transformaciones está en la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Para eso descentralizamos. Para acercar el gobierno a la comunidad y ésta al gobierno.  En estos primeros años de tercer nivel de gobierno hemos observado la incidencia, en algunos casos y de manera timorata, en la gestión. En otros, se han observado avances en cuanto a la descentralización política. ¿Realmente tienen nivel decisorio los municipios? No caigamos en pensar sólo en la descentralización de actividades administrativas, culturales o sociales.

Sin duda, profundizar en el contenido de estas líneas sería pensar en la descentralización territorial. Incluso desde quienes quieren –queremos- optimizar el uso de los recursos públicos, reducir los gobiernos departamentales de 19 a 5 o 6 regiones, sería achicar el gasto y ganar en eficiencia. Y en este contexto ¿Cuál es el rol de los ediles departamentales? ¿Y las edilas?

Las labores legislativas locales deberían ser más profundas y de mayor interacción con las leyes nacionales, los controles mucho más severos y eficientes. Pero algunas de las realidades que permiten identificar regiones tendrían respuestas más rápidas y eficientes para su ordenamiento y marcos normativos que promovieran un desarrollo humano sostenible, con el entorno de los nuevos objetivos aprobados por Naciones Unidas. Pensemos por ejemplo en medidas para ‘ordenar’ la producción  promoviendo la protección ambiental; en la coordinación de respuestas para situaciones de maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes; en la realidad de las fronteras y la trata de personas. Entre muchos otros temas.

Esta labor legislativa y de contralor podría ser de dedicación total o casi; no meros espacios legislativos del “como sí” en lo que se vuelven hoy en día las 19 Juntas con 31 bancas cada una. (Sí, la cuenta da 598 ediles/as con sus 3 suplentes en cada caso). Porque para legislar en este contexto y ponerle carne al espíritu de la ley de descentralización hay que dar el espacio y el tiempo a la participación ciudadana. Cercanía con las Alcaldías, Municipios, Comisiones Barriales y un largo etcétera… Finalmente, estos nuevos espacios legislativos regionales ¿podrían profundizar la democracia para una participación más igualitaria de hombres y mujeres?

En este Uruguay moderado y de cambios lentos animarse a crear, sin grandes “locuras”, podría asegurarnos un orden diferente para ejercer y fortalecer la democracia. El que tenemos lleva 131 años.

Aquí lo dejé hace tres años. ¿Debatimos en serio sobre el asunto?

 

Ana Gabriela Fernández 

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Premio Montevideanas a Alejandra Caino y Mariana Mota

Compartimos las palabras de nuestra compañera edila Mariana Felártigas en la Junta Departamental de Montevideo en el marco de la entrega del premio Montevideanas.

Estamos hoy aquí para hacer entrega del premio Montevideanas a dos
mujeres que nos honran con su presencia: Alejandra Caino y Mariana
Mota.

Este reconocimiento que es de la Junta como Institución pero que nace en
la comisión de equidad y género, pretende hacer visible la trayectoria y el
aporte de las mujeres a la sociedad y hoy tenemos junto a nosotras a dos
mujeres que vaya si merecen ser reconocidas!

Alejandra Caino, una mujer “a contracorriente”, que ha encontrado en
este ciclo de charlas, la combinación perfecta para visibilizar a mujeres
que se destacan a través de formas no convencionales, como las antiguas
tertulias, espacios genuinos donde compartir experiencias e intercambiar
visiones. A lo largo de los diferentes ciclos, estas charlas han nucleado a
decenas de mujeres que han tenido oportunidad de conocer a otras
mujeres que muchas veces han servido de ejemplo a la hora de pensar y
pensarse en el mundo, fortaleciendo lazos y generando redes que
estrechen las brechas que nos distancian de los beneficios que gozan los
hombres en esta sociedad patriarcal.

Además de acercar mujeres a través de las propias vivencias, Alejandra ha
redoblado la apuesta, propiciando espacios para que también el arte y el
diseño tengan su lugar de la mano de sus protagonistas; mujeres
emprendedoras, mujeres valiosas que encuentran en estos ámbitos, el
ambiente indicado para darse a conocer, porque sabemos que la
desigualdad de género la encontramos en todos los rincones, por eso son
tan importantes las iniciativas de este tipo que permitan que las mujeres
pisen fuerte también en esta área.

Mariana Mota, una mujer valiente, símbolo de la lucha por los derechos
humanos, una luz que ha encendido los corazones de tantos familiares y
amigos de detenidos desaparecidos y un nombre que se conjuga de forma
perfecta con el concepto de Justicia.

Ya en la adolescencia sus compañeros de liceo decían que era la defensora
de los pleitos perdidos porque no podía mantenerse al margen de las
injusticias y hacía suya la voz de quienes reclamaban. El ingreso a la
facultad de Derecho le abrió otra perspectiva del derecho y ya no se sentía
tan atraída por la defensa de una posición, sino por indagar sobre los
hechos en sí, investigar, conocer la verdad, determinar quién tiene la razón.

La carrera de derecho fue acompañada por una fuerte militancia
gremial y el gusto cada vez más marcado hacia el derecho penal que sin
duda definiría su trayectoria como jueza.

Luego de deambular por diferentes destinos que la llevaron a recorrer el
país, Mariana se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal
de 7º Turno donde tuvo contacto con una causa que es un hito no sólo en
su carrera sino que ha dejado huellas en toda la sociedad. Conocida como
la causa Bordaberry, Mariana Mota llega en 2010 a la sentencia que
condena al dictador por atentado a la Constitución y como co-autor de la
desaparición forzada de nueve personas y dos homicidios, de Fernando
Miranda y Ubagesner Chávez Sosa.

A partir de allí, el juzgado de Mariana es la sede donde se reabren un
aluvión de causas que habían permanecido obstaculizadas, casi dormidas,
esperando la llegada de alguien con el coraje como herradura y la justicia
como arma para comenzar a indagar qué había pasado en nuestro país en
aquellos años en que el terrorismo de estado había devastado nuestra
sociedad: secuestrando, desapareciendo, matando, robando bebés,
destituyendo, provocando exilios, dejando vacíos imposibles de recuperar.
De tres causas iniciales, Mariana llegó a tener casi 50 vinculadas a hechos
acecidos durante la dictadura, los detenidos y familiares de desaparecidos
encontraron en esta jueza una aliada, no sólo por el estudio, la entrega, el
compromiso dispensado a cada causa, sino porque generó ambientes
propicios para que las personas, las víctimas, se sintieran cómodas para
hablar de temas que aún les generaban dolores en el cuerpo y en el alma.
En una entrevista Mariana dice: “Es interesante como fenómeno cuando
la justicia actúa, no importa donde, pero cuando actúa genera confianza
en el administrado, en el justiciable y dice bueno, se puede hablar, se
puede discutir y la sociedad empieza a conocer lo que pasó”. Y esto es lo
que generó Mariana Mota en el Poder Judicial, es el rostro de la justicia,
de la necesidad de avanzar en conocer la verdad, sin importar quién esté
del otro lado del poder, sea éste un dictador o un ministro, siempre que el
fin último sea develar la verdad de los hechos y llevar una respuesta a las
familias de las víctimas, que aún hoy no saben qué pasó, no tienen una
historia que les permita hacer su duelo para procesar una reparación
interna.

Dice Mariana que el trabajo del juez es muy solitario, pero seguro no lo
sintió así cuando el 15 de febrero de 2013 mientras se acercaba a la sede de la SCJ a jurar su nuevo destino al ámbito civil, un gran número de
personas, entre las que me cuento, la esperábamos allí, para acompañarla
y demostrar apoyo a su valiosa actuación a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal de 7º Turno y para manifestar un fuerte descontento
con el traslado porque dejaba las causas de derechos humanos sin su fiel
protectora. Seguramente Mariana Mota crea que esa manifestación de
solidaridad y afecto sea un exceso porque no esperaba nada a cambio de
su trabajo pero su trabajo le ha dado esperanza a una sociedad que
necesita conocer la verdad, mantener viva la memoria y saber que la
justicia es tan posible como necesaria.

Gracias a ellas, a estas mujeres que no sólo merecen esta distinción, que
también merecen un gran reconocimiento del conjunto de la sociedad.
Con mujeres como ustedes, el presente es un mejor lugar.

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EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGBTIFOBIA, POR UN NUEVO IMPULSO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI

Cada 17 de mayo conmemoramos el día en el que la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales; una lista en la que nunca debió estar. Hoy, 29 años después, reclamamos que se quiten de la misma lista las identidades trans. La  despatologización de las identidades no heteronormativas es urgente.

 
Como Casa Grande estamos orgullosos del camino recorrido en Uruguay hacia la plena igualdad de todas las personas más allá de su orientación sexual, su identidad de género, sus expresiones de género o sus características sexuales. 
 
Gracias al empuje de los movimientos sociales y a las mayorías parlamentarias del Frente Amplio, en Uruguay, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio con los mismos derechos; pueden formar sus familias a través de la adopción o la reproducción asistida; y las personas trans, a partir de la ley integral de 2018, cuentan con un conjunto de acciones afirmativas que buscan alcanzar no sólo la igualdad formal sino la igualdad sustantiva.
 
Pero estos avances que destacan a Uruguay en el mundo no están exentos de la amenaza del fundamentalismo político-religioso que recorre toda América Latina. En los próximos meses sabremos si deberemos dirimir en referéndum la derogación de la ley integral para personas trans. Se trata de un uso completamente inadecuado del legítimo instrumento de consulta popular: los derechos humanos no son plebiscitables.
 
Sólo un amplio apoyo al Frente Amplio en este ciclo electoral podrá asegurar la igualdad conquistada e ir por un nuevo impulso:
 
Que asegure una sanción y reparación frente a hechos de violencia y discriminación.
 
Que garantice la implementación cabal de la nueva ley integral para personas trans.
 
Que lleve a todos los rincones del país una educación sexual integral que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género.
 
Casa Grande siempre estará junto a las personas LGBTIQ y en el combate a toda forma de homofobia y transfobia.
 
Montevideo, 17 de mayo de 2019.
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Te presentamos nuestros énfasis

A continuación podés encontrar nuestros énfasis de campaña.

Creemos que la renovación del Frente Amplio pasa por incorporar nuevos liderazgos, porque las generaciones debatan y construyan juntas, porque los jóvenes y las mujeres puedan tomar la palabra y estén integrados e integradas a las decisiones. Pero pasa también por reconocernos en las ideas de libertad, igualdad, justicia, democracia, que caracterizaron siempre a nuestra fuerza política.

Y pasa por recuperar aquello que desde el origen hizo que los y las frenteamplistas nos enorgulleciéramos: el compromiso ético, la militancia, el compañerismo, la solidaridad.

Nuestra Casa es Grande. Sumate!

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El lanzamiento de Casa Grande

Casa Grande, el grupo político del Frente Amplio liderado por la Senadora Constanza Moreira, realizó el lanzamiento de su campaña electoral en una semana difícil, complicada por el conocimiento de las actas de los Tribunales de Honor de las FFAA, donde Gavazzo confiesa el crimen de Roberto Gomensoro. Después de 35 años de la apertura democrática surgen declaraciones de los asesinatos realizados por los militares. Independiente de las formas y los procedimientos, aparece con total nitidez las responsabilidades de las FFAA y sobre todo el mantenimiento de ciertos valores que atentan contra los principios democráticos. El Presidente Tabaré Vázquez actuó con rapidez y valentía, con destituciones y pases a retiro de casi la mitad de los generales en actividad. La nueva ley orgánica militar, actualmente en discusión en el Parlamento, deberá dejar claramente establecida la subordinación de los militares al poder civil. Pero es notorio que se requieren cambios en el sistema educativo, en la formación de los militares para que defiendan las instituciones democráticas, los principios republicanos y los valores de nuestra democracia tan elogiada en el ámbito internacional. Las declaraciones posteriores a su destitución del ex General Manini Ríos merecen nuestro repudio.

El lanzamiento de la campaña electoral de Casa Grande es la antítesis de lo que venimos analizando del comportamiento de ciertos integrantes de las FFAA. Con un lleno total de la Huella de Seregni, se mostraron los énfasis programáticos del movimiento, con una alegría, con rasgos extraordinariamente emotivos, con mucha esperanza en el futuro, con elevado optimismo que es muy difícil encontrar en actos políticos. Fue una fiesta en todo sentido.

Casa Grande incorpora en esta instancia a Mariela Mazzotti de mucha presencia en los gobiernos del Frente Amplio en temas vinculados a los derechos de las mujeres. Recibe la adhesión y el apoyo de cuatro destacados dirigentes políticos frentistas de larga trayectoria, como sin duda lo son el Dr. Miguel Fernandez Galeano, Milton Romani, Pablo Anzalone y Adriana Cabrera.

La oratoria de Constanza Moreira fue sencillamente espectacular y acorde con la brillantez del acto. Realizó una especie de show mediático con mucho humor, muy festejado por los presentes y de alto nivel político, como nos tiene acostumbrados. Destaco nítidamente las formas de la presentación que genera tanta alegría y tantas esperanzas. Hay muy pocos dirigentes en el escenario político nacional con la capacidad, conocimientos y valentía como los que ostenta Constanza Moreira.

El acto de Casa Grande era para consolidar la candidatura de Daniel Martínez como precandidato a la Presidencia de la República. Su discurso tuvo momentos de profundidad por las citas a Rosa Luxemburgo y a Gramsci. Buscó la mayor cercanía posible con Casa Grande a través de la equidad de género, comprometiéndose con la listas paritarias, el gabinete paritario, la vice presidenta mujer y lo demostró con su actuación en el gobierno departamental de Montevideo. En un evento, donde la gente se retiró con una enorme felicidad, el candidato a la presidencia estuvo a la altura de las circunstancias.

Los énfasis programáticos de Casa Grande se efectuaron por diversos representantes del grupo. Colette Spinetti, profesora de literatura y trans, mostró los rasgos de la diversidad, los importantes avances logrados en estos gobiernos del FA y la fuerza y capacidad de Casa Grande para tener iniciativas y apoyar estos temas. Eduardo Bauzá, productor agroecológico en San José e integrante del Círculo Verde de Casa Grande, mostró con fuerza y nitidez los temas ambientales, especialmente los insumos que se usan para cultivos que considera como venenos para los alimentos. Sin duda hay mucho para trabajar en los temas ambientales.

Rafael Paternain se encargó de mostrar los énfasis en el difícil tema de la seguridad y convivencia. Lo realizó con mucha fuerza, mucha convicción, mucho conocimiento y experiencia sobre el tema. Pero además con una extraordinaria capacidad docente en su muy buena presentación. La arquitecta Silvana Pissano, integrante del gabinete municipal liderado por Daniel Martinez, leyó y comentó un texto sobre el tema de vivienda con propuestas y sus realizaciones en el gobierno departamental de Montevideo. En su presentación recibió aplausos merecidos pero que ella misma se sentía gratamente sorprendida.

En el cierre del acto se presentó un jingle y saludaron la vice presidenta del FA Sandra Lazo y el presidente del FA Javier Miranda, todos muy emocionados. Fue un acto excepcional, de mucho entusiasmo y emotividad, donde cada uno se retiraba del evento con mucha alegría y satisfacción, con grandes expectativas y esperanzas y se sentía muy representado por lo que había escuchado. Mis felicitaciones a los organizadores y el recuerdo imborrable del maravilloso discurso de Constanza Moreira. Ojalá los demás grupos del Frente Amplio tengan similares capacidades para concretar actos tan emotivos. Tengo muchos años de actividad política y me es difícil recordar un acto tan espectacular como este evento de lanzamiento de la campaña electoral de Casa Grande. Por supuesto fue un evento muy unitario.

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Un desafío para Uruguay: cuidar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes

La salud mental sigue siendo un tema complejo de abordar por las políticas públicas. La Ley 19.529 es un avance porque establece que los problemas que afectan la salud mental no son sólo sanitarios, sino que están asociados a los contextos de vida de las personas, a aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y establece medidas de abordaje que tiendan a la desinternación y desmedicalización. Pero aún quedan muchos aspectos por abordar.

El artículo 1º de la ley determina: “La protección de la salud mental abarca acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, encaminadas a crear las condiciones para el ejercicio del derecho a una vida digna de todas las personas y particularmente de aquellas con trastorno mental”. Afirma que las personas afectadas en su salud mental tienen derecho a que se respete su dignidad, a ser percibidas y atendidas desde su singularidad, con respeto a su diversidad de valores, orientación sexual, cultura, ideología y religión. A ser reconocidas siempre como sujetos de derecho, con pleno respeto a su vida privada y libertad de decisión sobre esta y sobre su salud, entre otras cosas.

En su artículo 7º, la norma le asigna la rectoría en esta materia al Ministerio de Salud Pública (MSP), y se establece que en conjunto con otros organismos se deberán elaborar planes o programas para la inclusión de las personas con afección de su salud mental en la sociedad (artículo 11).

Los niños, niñas y adolescentes que sufren de trastornos severos o se ven afectados por situaciones complejas en sus familias, o por contextos que deterioran su salud mental o que suman a esta situación el consumo problemático y no cuentan con redes familiares o con familias con recursos suficientes, son atendidos por el Estado. En el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) se atienden las situaciones de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental, se orienta a promover las capacidades de cuidado parental, y a proteger y restituir el derecho a vivir en familia, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se cuenta con diversos dispositivos de intervención que buscan contemplar la singularidad de los casos y situaciones que llevan a la internación (violencia doméstica, explotación sexual, maternidad adolescente, situación de calle, consumo abusivo de sustancias, discapacidad leve y severa, debilidad o ausencia de red de contención adulta por fallecimiento o encarcelamiento de los progenitores, etcétera).

A diciembre de 2018, y de acuerdo con la información procesada por el Sistema de Información para la Infancia, el INAU cuenta en todo el país con una red de 765 familias de acogimiento, 120 centros residenciales de 24 horas de corta y larga estadía (de gestión directa estatal, y en convenio con organizaciones de la sociedad civil), y 30 centros residenciales de 24 horas especializados (para situaciones de consumo problemático de sustancias, atención a trastornos psiquiátricos en fase aguda o crónicos, situación de calle, discapacidad leve y severa). El sistema de protección de 24 horas en sus diversas modalidades atiende a 6.245 niños, niñas y adolescentes en todo el país. En lo que refiere específicamente a los centros residenciales de 24 horas especializados, el INAU atiende a adolescentes de entre 13 y 17 años, y 580 mayores de 18 años con discapacidades severas.

La inclusión de acciones de internación especializadas en salud mental en el sistema de protección de 24 horas del INAU responde a la necesidad de atender los requerimientos de cuidado especializado que, por un período breve o en forma permanente, requieren una parte de los niños, niñas y adolescentes. Estos requerimientos están relacionados con la atención altamente especializada e intensiva ante situaciones de crisis, con alta disposición médica de recursos sanitarios en los centros de atención a episodios agudos, o con las acciones de acompañamiento y rehabilitación que se desarrollan en los centros diurnos y en los centros de atención integral en salud mental (medio camino), o con la disposición de recursos de cuidado que, junto con las acciones de rehabilitación, se disponen en los centros para adolescentes con trastornos severos y persistentes (crónicos).

La complejidad social y los distintos problemas socioeconómicos con que se encuentran las familias, las situaciones de violencia a las que son sometidos los niños, niñas y adolescentes, así como las distintas vulneraciones, propician que las situaciones aumenten. Esto interpela fuertemente a la sociedad civil, al Estado y a las prestaciones existentes.

Hace unos días, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) solicitó al INAU, mediante una acción de amparo, la desinternación de adolescentes que se encontraban internados e internadas en clínicas psiquiátricas, a pesar de contar con alta médica. La INDDHH viene de un proceso de trabajo interinstitucional permanente con el INAU desde su creación, pero en este caso actuó dentro de sus cometidos para terminar de forma urgente con una situación de vulneración.

Si bien la medida judicial es una herramienta válida para hacer efectivos derechos vulnerados de las personas, en estos casos debemos interpelarnos sobre las medidas apropiadas para el cumplimiento de la ley, protegiendo y promoviendo derechos a todos quienes estén en estas situaciones de forma estructural. La medida judicial determina la desinternación, pero ¿dónde pueden incluirse los adolescentes previo a volver a su contexto social y educativo? Los y las adolescentes internadas en clínicas para trastornos agudos necesitan, en la mayoría de los casos, mecanismos intermedios de atención que les brinden herramientas y oportunidades para insertarse nuevamente en los contextos educativos, sociales. Es decir, no basta sólo con el alta médica y las medidas de desinternación de las clínicas, sino que se requiere de ámbitos o centros de estadía intermedios, que logren generar oportunidades, autonomía e inserción real en la sociedad, previniendo recaídas o la vuelta al consumo problemático.

Por otro lado, la necesidad de dispositivos intermedios es permanente; con una acción de amparo que protege a unos pocos no se soluciona la demanda de espacios intermedios de rehabilitación e inserción social que precisan los demás adolescentes y niños que van a ir siendo dados de alta médica de la hospitalización en forma constante.

En 2018 el INAU hizo una licitación pública a servicios de atención integral especializados en salud mental, cuya apertura tuvo lugar el 13 de febrero. Dicha licitación prevé un incremento de 92 cupos de atención en el sistema de protección especializado en salud mental de la institución, entre los cuales se encuentran centros para afecciones crónicas, centros de medio caminos, diurnos y de rehabilitación de consumo problemático, que estarán disponibles a mitad de año. Por otro lado, y en el marco del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente (CNCHDNA), el INAU ha aportado al proceso de reglamentación de la Ley de Salud Mental. Los aportes intentan transversalizar la reglamentación con la perspectiva de la protección integral y el enfoque del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Se espera que la reglamentación de la mencionada norma establezca la obligación de los prestadores de salud de brindar los servicios de hospitalización de niños, niñas y adolescentes por episodios agudos cuando esto sea indicado por el profesional de salud mental interviniente. Al mismo tiempo, se ha propuesto incluir en la reglamentación la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que pueda analizar el conjunto de los servicios de rehabilitación y cuidados especializados en salud mental asociados al INAU, explicitándose para ello la necesidad del trabajo intersectorial en la ejecución y la supervisión de los servicios existentes. Al respecto, resulta imprescindible que los servicios especializados de rehabilitación (centros diurnos, centros de atención integral en salud mental –de medio camino– y centros para adolescentes con trastornos severos y persistentes) dispongan de recursos interinstitucionales que puedan garantizar el acceso a la educación, a la salud, al cuidado, a la recreación, a la participación, etcétera, mediante los efectores correspondientes (Documento del Grupo de Trabajo sobre aportes a la Reglamentación de la Ley 19.529 Salud Mental, CNCHDNA, 2018).

En definitiva, con la aprobación de la ley nos encontramos ante una norma de avanzada que se agrega a la agenda de derechos que el país ha aprobado y por la cual está siendo reconocido. Ahora bien, las políticas públicas y los servicios disponibles deben acompasar estas normas garantistas. Uruguay está en ese proceso y deberá avanzar en la generación de más mecanismos para la desinternación, la desmedicalización y la inserción en la sociedad de la población, en especial de los niños, niñas y adolescentes afectados en su salud mental. Para ello es necesario conformar ámbitos interinstitucionales que decidan en forma urgente la generación de herramientas para el cumplimiento de la ley. Las acciones judiciales no solucionan el problema estructural, porque no se trata sólo de obligar a un organismo a que otorgue protección a un grupo de adolescentes, sino que deberíamos generar soluciones estructurales desde un sistema de protección y promoción de derechos, que abarque todas las situaciones. Deberían instalarse mesas de trabajo permanentes, en las que se encuentre el organismo rector –en este caso, el MSP– pero también el INAU, la Administración Nacional de Educación Pública y los ministerios de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, para generar respuestas a estas situaciones, que garanticen los derechos y otorguen oportunidades y caminos de autonomía y desarrollo a todos los niños, niñas y adolescentes vulnerados y discriminados por encontrarse ante esta situación en el trascurso de sus vidas.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus recomendaciones a los estados sobre la conformación de un Sistema de Protección y Promoción de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes, determina: “Los fenómenos y problemáticas que afectan a la niñez son complejos, multicausales y multifacéticos. Por ello, la Comisión entiende que la mejor manera de responder a estos fenómenos y problemáticas es a través de políticas públicas que tengan un carácter integral, holístico y sistémico, que tomen en consideración las diversas causas estructurales y sus interconexiones. Las intervenciones deben trabajar necesariamente en una doble dimensión, por un lado mitigar los factores de riesgo, y por el otro, reforzar los factores protectores que existen e inciden en los niños, niñas y adolescentes. La mayoría de estos fenómenos tienen además afectaciones sobre varios derechos, lo cual implica la respuesta articulada desde diversos sectores. Esta perspectiva considera la interdependencia, indivisibilidad y complementariedad de los derechos. […] Un abordaje efectivo de estas problemáticas implica que en el proceso de planificación y de respuesta necesariamente concurran y colaboren diversos sectores e instituciones. La participación y la coordinación intersectorial e interinstitucional es crucial, involucrando a los diversos Ministerios e instituciones con alguna responsabilidad en materia de derechos de la niñez”.1

Andrea Venosa es abogada, secretaria letrada en el INAU e integrante del sector Casa Grande del Frente Amplio.

  1. Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 de noviembre de 2017. ↩
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Declaración ante las decisiones del Presidente vinculadas a Tribunales de Honor

Ante las decisiones del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, vinculadas a los tribunales de honor que juzgaron las conductas de José Gavazzo y Jorge Silveira, Casa Grande expresa:

Su respaldo total al Presidente de la República Tabaré Vázquez, y a su decisión de cesar en sus cargos a los generales integrantes de dichos tribunales de honor, en el marco de la plena vigencia de la Constitución y de la necesaria subordinación de las Fuerzas Armadas (FFAA) a los mandos civiles.

Nuevamente, que los gravísimos hechos que condujeron al Presidente Vázquez a tomar la referida decisión fueron tres:

  1. Por primera vez, un militar reconoce la participación institucional de las FFAA y la suya propia en un caso de desaparición de un detenido dentro de un cuartel del ejército.
  2. Los principales mandos del ejército, en los argumentos manejados en los fallos realizados por los mencionados tribunales de honor, no consideraron estos hechos como una deshonra para los militares involucrados, ni para su propia institución. Con esta actitud, los principales mandos del ejército demuestran un absoluto desprecio por los principios democráticos más elementales, y una complicidad explícita con el terrorismo de Estado.
  3. Los generales que integraron los tribunales de honor, además del excomandante en jefe Guido Manini Ríos, mintieron u omitieron información relevante en su fallo, que concluye que: “no existe convicción para fundamentar que los oficiales sometidos faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales o los suyos propios”.

La gravedad de estos hechos demuestra que las máximas autoridades del ejército, luego de 34 años de democracia, siguen convencidas de que se justifican las acciones de las FFAA durante la dictadura.

Esta situación rompe el mito con el que han convivido algunos sectores políticos, que consideran que las FFAA ya se han democratizado. Por el contrario, nosotros/as pensamos que, en esta tarea, prácticamente no se ha avanzado. Los avances, hay que destacarlo, fueron producto de algunas excepciones, como la conducción del Ministerio de Defensa Nacional por el Dr. Jorge Menéndez, quien pudo destrabar la realización del proyecto de ley orgánica militar, dormido en los cajones de los comandantes, por responsabilidad de las autoridades anteriores.

Este escenario de desconfianza en los mandos genera incertidumbre en la población civil. Cada vez que se nombra a un nuevo Comandante en Jefe del Ejército, no podemos sino dudar de su genuino compromiso con la democracia.

En este sentido, hacemos nuestras las palabras de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. A un nuevo comandante en Jefe, se le debe exigir una condena expresa al terrorismo de Estado, y a los delitos de lesa humanidad cometidos. Y, asimismo, debe asumir el compromiso en la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia, como corresponde.

La generación de oficiales que hoy está ocupando los altos mandos del ejército ha hecho toda su carrera militar en democracia. Sin embargo, la Doctrina de la Seguridad Nacional se mantiene en la práctica y en la cultura corporativa de las FFAA, y es transmitida de generación en generación, en toda su estructura. Esto implica una visión antidemocrática que va desde los altos mandos a las escuelas de oficiales, al personal subalterno y a los liceos militares.

Esta realidad, en lugar de integrar a las FFAA con la sociedad, la distancian de esta, y las convierten en un gueto.

Esta situación debe generar, de forma inmediata, un compromiso de todas las fuerzas democráticas para poner en discusión una gran transformación de las FFAA. Y uno de los elementos imprescindibles debe ser una profunda reforma en las escuelas de militares. Tanto la discusión como la implementación de estas transformaciones fundamentales deberían ser producto de amplios acuerdos políticos y sociales, donde necesariamente deberán participar sectores (que seguramente hay) de las FFAA comprometidos con la democracia.

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¡Qué pena!

El lunes 18 de marzo se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de San José con un propósito significativo: que nuestro departamento avance con medidas de protección para la salud de sus habitantes. Además de todo el cuerpo de ediles y edilas participaron el productor Eduardo Bauzá y el Ing.Agr. Luis Eduardo Arnábal, representantes de la Red Agroecológica de San José,así como la Directora Departamental de Salud, Dra. María Noel Battaglino.

Luego de una solvente exposición por parte de las personas invitadas y del intercambio entre los ediles, la propuesta era muy sencilla: elaborar un decreto departamental para prohibir la fumigación cercana a las viviendas rurales. Aparentemente estaban todas las voluntades para que el decreto saliera. Pero nunca nos confiemos, las apariencias engañan.

A nivel nacional, existen resoluciones que prohíben la aplicación aérea de plaguicidas en todo tipo de cultivo a una distancia menor de 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado;a una distancia menor de 300 metros si el veneno se esparcepor vía terrestre mecanizada. O sea, la avioneta no puede pasar a menos de 500 metros y el “mosquito” a menos de 300.

Esa misma distancia se estableció como norma para los establecimientos educativos en el medio rural: el avión no debería pasar a menos de 500 metros del predio de cualquier escuela, UTU o liceo rural y el “mosquito” a menos de 300.

Lo que el 18 de marzo  proponía aprobar el Frente Amplio en la Junta de San José, era que estas distancias se respetaran también para las viviendas de la población rural. Para que se entienda bien: que la población rural tenga la misma protección que tenemos las personas que vivimos en la ciudad. Que la misma protección que se les da a los niños, niñas y jóvenes durante el tiempo que están estudiando, se les dé cuando regresan a sus casas. Parece de sentido común que, como se sabe, es el menos común de los sentidos.

Si vamos a las necesidades reales, ese retiro no alcanza; tanto para las poblaciones urbanas, como para los establecimientos educativos. No alcanza para nada. Como explicara con claridad la Dra. Battaglino, los daños que están provocando algunos de los pesticidas utilizados demuestran el vínculo directo entre esos herbicidas y enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, en el mes de marzo, un tribunal en Estados Unidos declaró que el herbicida Roundup de Monsanto, a base de glifosato, era cancerígeno (Montevideo Portal 20.03.2019). La evidencia es cada vez mayor y las recomendaciones que especialistas y estudiosos pregonan, apuntan a reducir la exposición de los habitantes de nuestros países a los plaguicidas.

Desde la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, creemos que se puede aportar a esta realidad con las competencias que tenemos en este momento para el territorio de San José. Esto no quiere decir que me encante la normativa nacional que tenemos ni mucho menos. Como ya expresé, lo alcanzado, no es suficiente. Y asumo que en este momento la principal responsabilidad es del Frente Amplio. Pero eso no quiere decir que en lo departamental no llevemos adelante lo que entendemos como mejor para la población. Entretanto, seguiremos insistiendo con los mecanismos nacionales. Principio tienen las cosas. Éste pudo ser uno.

El año pasado un consultor de la FAO recomendaba además agrupar toda la legislación nacional referida al uso de agroquímicos para no tener normativa dispersa y hacer evaluación del riesgo cada vez que se aprobaba un nuevo herbicida (La Diaria 30/04/2018). Tal vez, si desde los diferentes departamentos pudiéramos ir avanzando en esta normativa, como ya lo hizo Canelones, cuando se intente unificar tenemos nuevos criterios por la vía de los hechos. Las políticas públicas hay que pelearlas para que también “de abajo hacia arriba” y no esperar que siempre vengan “de arriba”.

El lunes 18 pensamos que había acuerdo para avanzar hacia la protección de la salud de los habitantes de las zonas rurales de nuestro departamento. Las razones por las que no se votó no tienen lógica razonable. Lo que se dijo fue mucho, no se decidió nada.

Ana Gabriela Fernández , edila por Casa Grande en San José.

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Declaración Casa Grande sobre Fabiana Goyeneche y la IM

Nuestra compañera Fabiana Goyenche, siendo la segunda suplente del Intendente de Montevideo, está llamada hoy a asumir esta gran responsabilidad. Nos enorgullece que la fuerza política y el Intendente le hayan dado esta posibilidad, que habiéndose incorporado a Casa Grande, lo convierte en una decisión política del colectivo.

Esta definición se da en un año electoral en el que el Frente Amplio enfrenta una de las elecciones más desafiantes para lograr llegar a un cuarto gobierno.

La presencia de Fabiana en la campaña electoral, como una de las pocas mujeres políticas feministas con importante llegada a la opinión pública, es irremplazable.  Adicionalmente, temas como la vivienda, la convivencia y la igualdad de género requerirán vocerías fuertes, potentes y preparadas.

En esta elección difícil, entendemos que la Intendencia de Montevideo tiene remplazos de compañeros capaces, a los que Fabiana estará acompañando, reforzando las fortalezas de este gabinete en un momento de transición.

Por lo expuesto, Casa Grande expresa:

1: Nuestro agradecimiento a Daniel Martínez y al Frente Amplio por la honorable oportunidad de asumir la Intendencia de Montevideo para consolidar la gestión del periodo 2015-2020.

2: Que Fabiana Goyeneche no asumirá el cargo de Intendenta, renunciando al mismo en el momento que corresponda.

3: Que el cargo público de Fabiana ha estado desde el principio a disposición del Intendente para cuando se requiera renunciar.  

4: Que Casa Grande prioriza el proyecto colectivo, y que el desprendimiento de la compañera al renunciar a un cargo de indudable trascendencia y prestigio se hace para priorizar la búsqueda de un cuarto gobierno frenteamplista de la mano de Daniel Martínez Presidente.

5: Que confiamos en el éxito de esta apuesta, con la que el apoyo a nuestra compañera será ya no para ocupar un lugar delegado por circunstancias coyunturales, sino refrendado en las urnas con el voto de la ciudadanía.

6: Que seguiremos trabajando desde la Intendencia de Montevideo, reforzando el trabajo en equipo y la transversalidad impulsada por Daniel Martínez, en el gabinete de transición, asegurando nuestros máximos esfuerzos en el logro de una gestión seria, responsable, comprometida y de izquierda.